| 10/11/2018 12:01:00 AM

¿El proyecto del MinTIC para telecomunicaciones es buena señal?

Aunque hay debates en algunas de las propuestas, el espíritu del proyecto de ley que acaba de presentar el MinTIC para ajustar el sector parece ir por buen camino. No hay que dejarlo politizar, ni que prevalezcan intereses privados.

Telecomunicaciones ha sido uno de los sectores más aporreados en los últimos años: hace apenas un par de lustros era uno de los principales motores de la economía, pero desde el primer trimestre de 2015 viene decreciendo o, en el mejor de los casos, crece pero por debajo de la velocidad a la que lo hace el país.

Además, su inversión se redujo 48% en los últimos cuatro años, en medio de críticas por la falta de certeza jurídica, acompañada –además– por una profunda desaceleración en la economía.

Pero los retos no son solo económicos. Aunque el desarrollo por la conectividad ha crecido, no lo ha hecho a la velocidad que se requiere: en zonas urbanas 41% de los hogares no tiene internet, en las rurales es el 83%. El 80% de las personas vive en zonas con cobertura de 4G, pero la penetración de esa tecnología es de 26% y de 6,4 millones de conexiones a internet en el país, apenas 770.000 son de fibra óptica. Y en el campo empresarial, apenas 1 de cada 3 pymes está conectada.

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Hoy la agenda global está enfocada en la cuarta revolución industrial, apalancada en el desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones: conceptos como big data, analítica o internet de las cosas son prioritarios para el desarrollo de empresas y crecimiento de países. Y la brecha en Colombia no se cierra.

El proyecto

¿Cómo enfrentar esta situación? El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC) decidió avanzar en una propuesta para destrabar el sector y hacerlo un poco más ágil. Para ello, puso sobre la mesa un proyecto de ley para el sector TIC.

En los últimos años, varias han sido las iniciativas para modernizar este sector y lograr no solo destrabar las inversiones sino también alcanzar una mayor penetración de los servicios. Sin embargo, distintos intereses –entre públicos y privados– se han atravesado, sin permitir dar el paso.

Esta se convierte en una oportunidad que no debe ser desaprovechada, máxime cuando analistas, empresarios y dirigentes coinciden en que gran parte de los puntos de la iniciativa va en el sentido correcto.

¿Qué tiene el proyecto? Se podría resumir en dos grandes focos: por un lado, dar señales claras para incentivar la inversión, ampliar cobertura y desplegar infraestructura; y, por otra, hacer ajustes institucionales que faciliten la operación.

En el tema de inversión, plantea la ampliación de licencias de espectro radioeléctrico por 30 años para todos los sectores –televisión, telecomunicaciones, radiodifusión, entre los principales–, que en general están en 10, a cambio de contraprestaciones. Para todos es una buena noticia, pues ofrece mayor seguridad jurídica y armoniza al país con las mejores prácticas de la Ocde. También impulsaría una mayor penetración de servicios de mejor calidad.

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Además, incluye el esquema de habilitación general que permite remover barreras regulatorias de entrada, eliminación de asimetrías regulatorias y neutralidad, que podrían generar incluso nuevos escenarios de mercado e interacción con consumidores. Por ejemplo, en el caso de la televisión, habrá neutralidad tecnológica, es decir, ya no importará la tecnología –satelital o IPTV– sino el servicio; y además podrán usar su espectro –que está en una de las franjas más atractivas– para desarrollar nuevos negocios o ingresar, si se da, a un mercado secundario de espectro.

Pero se plantean varios retos. Por ejemplo, cómo quedaría la reglamentación de cara a las contraprestaciones. También será necesario ajustar las normas para incorporar el modelo de alianzas público-privadas que, hoy por hoy, se basan en las figuras de las concesiones, como las viales.

El segundo frente del proyecto son los ajustes institucionales, en donde hay tres líneas clave: la primera, un regulador único que quedaría al fusionar la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) con la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), mientras la Agencia Nacional del Espectro (ANE) quedaría como un órgano asesor y consultor, toda vez que la asignación de espectro la haría el MinTIC. Esta decisión, aunque se esperaba desde hace tiempo, para algunos debió incluir a la ANE y que además mantuviera ella la asignación del espectro. “El espectro es el activo más importante en el mercado móvil y se convierte en una variable de competencia en el sector. Puede controlar las variables de competencia, controlando el espectro. Si lo controla el MinTIC sin criterios de competencia podrían asignarlo por política a un operador dominante o se lo entregan al operador público –como pasó en Ecuador– y terminamos en el peor de los escenarios”, advierte un experto.

La segunda, la unificación de las labores de inspección, vigilancia y control en el MinTIC. Este es uno de los puntos de mayor debate: para unos, es una decisión clave porque podría articular la política pública del sector de acuerdo con la dinámica de los mercados. Para otros es una mala señal, porque no se debería juntar el órgano de política con el de sanción. Aunque ya el ministerio tiene esa unidad, algunos se preguntan cuántas sanciones y de qué tipo ha hecho el MinTIC. “Es como si se llevaran para el Ministerio de Comercio las funciones de vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio”, dice otro de los expertos consultados.

Y la tercera, fue la unificación de una sola tasa, una contribución única al sector de 2,2% de los ingresos brutos mensuales. Algunos ya tenían ese porcentaje y en otros casos superaba 5%. Garantiza no solo la sostenibilidad del sector –por ese valor de contribución llega cerca de $1 billón que aportan las empresas–, sino que por el lado de la oferta es más transparente y sin sesgos sectoriales. Esto a su vez llega a un fondo único que focaliza los recursos públicos.

Esta es una oportunidad para hacer ajustes. Hay que estar atentos a que la discusión no se politice, ni que los intereses privados prevalezcan sobre los del país.

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