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| 5/16/2019 4:01:00 AM

El primer round de los empresarios salpicados en escándalo de Odebrecht

La justicia encontró culpable al expresidente de Corficolombiana. La sentencia vino acompañada con varias compulsas contra otros altos ejecutivos. Esto apenas comienza.

José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, recibió la condena más alta del caso Odebrecht. Deberá pagar 11 años y 9 meses de cárcel por haber conocido de la coima por US$6,5 millones para que el Consorcio Ruta del Sol 2 se quedara con el megacontrato. Paradójicamente, la sentencia es seis años más larga que la impuesta al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien recibió el soborno y, al ser descubierto, decidió colaborar con la justicia.

En esta decisión de primera instancia, que la defensa de Melo apelará, la justicia le dio plena credibilidad a las declaraciones del expresidente de Odebrecht en Colombia Luiz Bueno Junior. El directivo aseguró que Melo aprobó el pago de la coima al entonces viceministro, quien había pedido US$6,5 millones para asignar el contrato y por esa razón acudió a él para comentarle de la exigencia. “Me dijo que estaba de acuerdo con el pago al viceministro pero que tenía dificultad en Grupo Aval, que iba a comentarle a Luis Carlos Sarmiento Junior. Le dije que Odebrecht pagaría el cien por ciento, y que luego entre las empresas ajustaríamos cuentas”, dijo Bueno.

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Con señalamientos de este calibre, el juez Óscar Orlando Garzón Vega encontró probado que Melo tuvo el propósito de obtener un beneficio económico e individual con miras a conseguir un resultado positivo frente a sus superiores.

Esta gestión, dice el funcionario judicial, sin duda también benefició a Corficolombiana y al Grupo Aval. “Es un hecho que Melo conocía el pago de la coima a Gabriel García Morales, mostró anuencia y permitió que su socio Odebrecht asumiera el pago”, sentenció el juez. Subrayó que las pruebas también llevan a concluir que luego hubo un ajuste de cuentas con la fachada de un contrato inexistente el cual “solo fue el vehículo para el pago de la coima”.

Pero no todos creen esta historia. El abogado Jaime Lombana considera que Bueno se contradice en las versiones que entregó a la justicia. Según él, en la denuncia de enero de 2017 el brasileño habría asegurado que García Morales le exigió que le pagaran una coima (que genera el delito de concusión). En el juicio de Melo, Bueno cambió la versión para señalar que no le exigió sino que le ofreció puestos y aumentó la coima de US$2 millones a US$6 millones. “Dice que ese aumento se dio de manera unilateral y que luego le pagó ese dinero. Ahí menciona a José Elías Melo por primera vez”, explicó Lombana.

Para el penalista, en caso de darle credibilidad a Bueno, Melo no pudo cometer el cohecho por el que sentenciaron en los términos que la sentencia señala. “Este delito se consuma en el acuerdo de voluntades y no en el pago de la coima”, alega. Además, explica que “el cohecho impropio consiste en corromper al servidor público por hacer algo de acuerdo a sus funciones. Entonces ahí no cabría el interés indebido de contratos cuando el pago hecho por Luiz Bueno es por hacer lo que le correspondía”.

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Lombana cuestionó que el concepto jurídico solicitado al abogado Hugo Palacio sirviera para constatar que Melo conocía del acuerdo. “Eso es ridículo", recalcó.

Los salpicados

En un capítulo clave de la sentencia, el juez compulsa copias del expediente para que la Fiscalía investigue varias situaciones. La primera contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, a quien el brasileño Luiz Bueno menciona al explicar cómo concertó con Melo el pago de la coima. “Fue una reunión bastante rápida y al final el doctor José Elías (Melo) me pide que yo trate este tema exclusivamente con él… y que él iba a dar conocimiento a Luis Carlos Sarmiento Junior sobre el trato con Gabriel (García Morales)”.

Cuando Sarmiento Gutiérrez rindió declaración en el juicio a Melo, aseguró que el conglomerado colombiano no sabía de las actividades ilícitas de Odebrecht y que el grupo brasileño trató de engañarlos para ocultar las irregularidades. Señaló que inicialmente no había cómo pensar que la multinacional brasileña no fuera un buen socio. “Eran buenos constructores. Pero a finales de 2015 yo me di cuenta de que estaban haciendo contratos irregulares y a finales de 2016 la relación terminó”, explicó.

Las declaraciones de Bueno salpicaron además a Gustavo Ramírez, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana. El juez también ordenó compulsa respecto a este. Bueno dijo que conversó con Ramírez en la sala de espera antes de hablar con Melo y que le comentó de “manera suelta” del acuerdo pactado la noche anterior con García Morales. “Ramírez me habla que eso es un tema para el doctor José Elías, de donde se colige que pudo haber conocido del desarrollo delictivo”, indicó.

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La compulsa se extendió a María Victoria Guarín, asesora de alto nivel de inversiones en la Corporación Financiera Internacional (IFC), pero no por las declaraciones de Bueno sino por las del exviceministro García Morales. Este aseguró que “su grupo a través de Corficolombiana tenía un contacto que era un canal de comunicación con un funcionario de IFC (la empresa que se encargó de estructurar el proyecto Ruta del Sol II y los pliegos) que era María Victoria Guarín, esposa de un alto funcionario del Grupo Aval”. Para el ex viceministro, de este modo entendió que en el pasado habían tenido alguna influencia en el pliego. Su declaración también dejó en evidencia las reuniones con el empresario Juan Manuel Barraza, incluido en las compulsas.

El juez además pidió investigar a Andrés Sanguinetti, hermano de un expresidente de Uruguay, por declaraciones que entregó Luiz Eduardo Da Rocha Soares. El testigo aseguró que el pago de coimas se hizo a través de una cuenta en la banca de Andorra, gracias a la intermediación de Andrés Sanguinetti. Este último se habría encargado de abrir la cuenta de Lurion Trading Inc, una de las firmas que aparece en el entramado.

Los nombres de los empresarios salpicados no son nuevos pues el caso lleva dos años y medio en investigación y varias de las declaraciones ya eran conocidas. Pero el juez se encargó de ponerle la lupa a menciones sospechosas que podrían desencadenar en un efecto dominó.

La Fiscalía deberá seguir la pista a la actuación de cada persona objeto de esta compulsa en este episodio para olvidar en la historia empresarial del país.

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