| 8/30/2018 12:01:00 AM

"El pedido nuestro es claridad y estabilidad en las reglas del juego", Juan Carlos Mora

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, hace un balance de la llegada del nuevo gobierno, el entorno del sector y los retos y dificultades que tiene.

El sector financiero es uno de los mejores termómetros para medir el comportamiento de la economía. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, conversó con Dinero sobre las reformas pendientes, las calificadoras, el entorno internacional y los ‘chicharrones’ que tiene el sector financiero. Esta es su visión.

- ¿Cómo han visto estas primeras semanas de nuevo gobierno?

Se ve un Presidente con una visión clara de cumplir lo que dijo en la campaña. Eso es positivo. Está conformando un equipo con capacidades importantes y muy bien intencionado. Se nota un ambiente optimista y en el que se quieren hacer las cosas. No obstante, creo que esas buenas intenciones se van a encontrar con unas realidades complejas de cambiar. Eso no quiere decir que no vayan a hacer avances importantes, pero no podemos frustrarnos cuando unas cosas que se espera que pasen se demoran más de lo presupuestado o encuentren dificultades.

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- ¿Cuál es su visión de las reformas que vienen, como la tributaria y la pensional?

En impuestos, tradicionalmente los cambios se han originado en necesidades fiscales y la tan famosa reforma estructural no ha llegado. No podemos perder la esperanza de que llegue. Colombia necesita una reforma que le dé competitividad y que no obedezca exclusivamente a necesidades fiscales apremiantes. Mi gran temor es que dichas necesidades, sumadas al tema político y de opinión pública, no permitan que ocurra la reforma estructural y nos quedemos con una que termine generando los impuestos que se necesitan para los próximos dos años, pero que no le genere competitividad al país. Creo que el ambiente político va a jugar un papel fundamental en el Congreso y ese para mi es un signo de interrogación.

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- ¿Hay ambiente para una pensional?

Si hay reformas controvertidas, esas son la pensional y la tributaria y afrontar esos dos temas al tiempo desde el punto de vista político es difícil. Creo que el Gobierno debe medir muy bien su capital político y cómo lo va a gastar y a cuál le va a dar prioridad.

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- ¿Qué tan enrarecido está el entorno internacional?

Es un factor fundamental y en el que tenemos poco control. Lo que suceda en Estados Unidos y sus medidas sobre el comercio o el tema geopolítico internacional son factores que inciden. Para nosotros, que estamos en una senda de mejorar nuestro desempeño, ese puede ser un lunar. Los inversionistas ven al mundo de manera global y si perciben a los mercados emergentes como riesgosos, empiezan a mover su dinero y nosotros ahí podemos vernos afectados.

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- Una de las grandes apuestas de la banca colombiana en el exterior ha estado en Centroamérica. Pero hay preocupación por esa región, en especial por Nicaragua. ¿Cómo están manejando esa coyuntura?

En nuestro caso, Bancolombia, 30% de nuestros activos está en Centroamérica y 70% en Colombia. Es un factor de diversificación, pero hay que ver a Centroamérica en perspectiva: lo de Nicaragua es grave, es una situación de inestabilidad, que no deja de afectar. Sin embargo, los países centroamericanos dependen de las remesas, debido a la alta migración de sus habitantes y hoy esas remesas crecen a doble dígito. Eso ayuda a su economía a pesar de que la factura energética les ha subido por el aumento del precio del petróleo. Las remesas están creciendo por la mejor situación económica de Estados unidos y por el afán de los migrantes de repatriar la mayor cantidad de dinero ante la incertidumbre del gobierno Trump.

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- Miremos ahora a Colombia. Tienen unos ‘chicharrones’ muy complejos: Electricaribe, Ruta del Sol, sistemas de transporte masivo y otros de salud. ¿Hay más?

Creo que seguimos manteniendo esos ‘chicharrones‘ muy activos. Afortunadamente no han aparecido otros grandes. En los temas de salud, un poco menos, porque los hemos manejado de manera más activa.

- ¿Cuál es la situación de cada uno?

Electricaribe. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Costa Atlántica se merece un servicio de energía eléctrica de calidad, a precios razonables, cosa que hoy no tienen y no es opción no hacer nada. Lo segundo, es que en el país ya está probado que la mejor alternativa es un operador privado. ¿En qué punto estamos hoy? Electricaribe requiere unas inversiones importantes para prestar un buen servicio, un ajuste del sistema tarifario para que sea razonable y un recaudo de cartera adecuado. Muchos se preguntan qué se hace primero, yo creo que hay que hacerlo de manera paralela, invertir, pero cobrar.

- ¿Eso cómo se hace?

Traer un operador privado que garantice la prestación del servicio, la viabilidad y la sostenibilidad de la empresa mientras se cumplen sus obligaciones. Allí hay obligaciones con pensionados, con proveedores de energía, con bancos, que se deben cumplir. No creo que pueda haber una posición que diga la compañía se salva sin pagar las deudas.

- ¿Cuál es la deuda de Electricaribe con los bancos?

La deuda bancaria es cercana a los $2 billones.

- ¿Esa deuda fue provisionada por los bancos?

Está provisionada en el sistema financiero en general en un monto importante que depende de cada banco. Es mucho dinero que ha pasado por los PyG de los bancos afectando los resultados.

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- El otro tema es Ruta del Sol II. Solo se devolvió la mitad de los recursos que estaban en el fideicomiso. ¿En qué va el proceso y aún el sector financiero quiere participar en los cierres de 4G?

El proceso está a la espera de un fallo de un tribunal de arbitramento. Conceptualmente, y dejando de un lado el tema de corrupción, que hay que castigarlo, lo cierto es que hubo inversión en una obra ya construida, que fue financiada con recursos de los accionistas y con préstamos bancarios. La gran discusión está en el hecho de que el Gobierno no está seguro de cuánto vale lo ya construido y devolvió solo la mitad, mientras define la cifra final. Nosotros creemos que la plata ya se invirtió y está en la obra y, por lo tanto, se debe devolver completa. Estamos a la espera de que lo que decidan los tribunales de arbitramento. Esperamos que nos devuelvan todo lo invertido: $1,6 billones.

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- ¿Y la falta de apetito por participar en los cierres?

En Bancolombia somos conscientes de que debemos jugar un rol en la construcción de la infraestructura en Colombia y es un negocio que nos interesa. Pero sí necesitamos que la institucionalidad que existe alrededor de todos estos proyectos soporte esas inversiones. El pedido nuestro es claridad y estabilidad en las reglas del juego, y que cada uno corra los riesgos que le corresponden, pero no puede ser que cada vez que un proyecto tenga un problema no les paguen a los bancos. Hay voluntad de participar pero con unas reglas que permitan, como en cualquier proyecto, que tras entregar el dinero haya una certeza razonable de que lo van a devolver.

- ¿Qué va a pasar con los proyectos del Grupo Solarte?

Se están buscando alternativas para llevar a que esos proyectos sean viables, mediante la salida de la participación de Solarte o unas participaciones minoritarias, de tal manera que las obras puedan seguir adelante.

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- Uno podría verlo como un riesgo sistémico…

Se vuelve un riesgo sistémico definitivamente.

- ¿Y en transporte masivo?

El caso de Transmilenio el lío está en unos privados a quienes se les invita a operar unos buses sobre la promesa de una tarifa que les debería alcanzar para pagar la operación y obtener un retorno. Sin embargo, la tarifa no ha sido bien definida. Eso ha llevado a que esos privados tengan unos déficits importantes y un insuficiente flujo de caja. Se ha estado trabajando con el Distrito buscando soluciones y todavía no se han encontrado. Este proceso implica un hueco de otros $2,5 billones para el sector.

EDICIÓN 562

PORTADA

¿Qué va a hacer Carrasquilla después de la regla fiscal?

Las últimas semanas han sido bastante agitadas desde la perspectiva empresarial y económica. El comité consultivo de la regla fiscal decidió conceder un margen de maniobra al Gobierno en materia de gasto y endeudamiento, al flexibilizar algunos puntos el nivel de déficit fiscal permitido para 2019 y 2020.

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