| 1/18/2018 12:01:00 AM

Regla Fiscal no debe caer en el populismo electoral

La fragilidad del crecimiento entraña el riesgo de desmejorar la solvencia del Estado. La regla fiscal evita ese peligro. ¿La acatará el próximo gobierno?

En la coyuntura actual, la economía colombiana enfrenta una prolongada desaceleración que la tuvo cerca del estancamiento en 2017, a una tasa de crecimiento estimada por el Ministerio de Hacienda de 1,8%, la cual repuntaría 2,7% en 2018.

Debido a la lentitud de la actividad económica, el año pasado los ingresos tributarios del gobierno nacional (13,8% del PIB) aumentaron menos de lo esperado (14,2% del PIB), a pesar de la reforma de 2016, que entre otras medidas elevó la tarifa general del IVA de 16% a 19%.

No obstante el efecto imprevisto del recaudo, la meta de los ingresos totales (15,6% del PIB) se cumplió, gracias a un aumento de los que provienen por la normalización de algunos de los fondos mantenidos en el exterior por los contribuyentes residentes en el país, junto con unos ingresos de capital mayores que los esperados y un incremento inesperado de los ingresos no tributarios, por cuenta de un laudo arbitral a favor del Estado y en contra de Claro y Telefónica (por 0,5% del PIB). Los ingresos extraordinarios fueron de tal magnitud que, incluso, se pudo reservar una parte de los provenientes del laudo (0,3% del PIB) para las contingencias de los siguientes años.

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Con base en esos ingresos imprevistos y en un recorte del gasto público (de 0,5% del PIB), las autoridades lograron reducir el déficit del gobierno central, de -4% en 2016 a -3,6% del PIB en 2017, como se había establecido en las metas fijadas, de acuerdo con lo estipulado por la regla fiscal.

Sin embargo, si el crecimiento no repunta, el recaudo tributario podría incrementarse de nuevo menos de lo proyectado para 2018 (13,9% del PIB), 2019 (14,3% del PIB) y los años siguientes (14,8% del PIB), cuando se requiere aumentar los ingresos para compensar el final del impuesto a la riqueza y la reducción, primero de 40% a 37% y luego a 33%, de la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas.

En ese caso, el Gobierno tendría que enfrentar de nuevo el riesgo de incumplir las metas de déficit que fijó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para la próxima década, que acatan el precepto de convergencia establecido por la regla fiscal, a un déficit estructural de -1,9% del PIB en 2018 y de -1% del PIB a partir de 2022.

La dificultad de reducir el déficit fiscal para cumplir la regla, por causa del lento crecimiento de la economía, que obstaculiza lograr el recaudo tributario esperado, fue uno de los motivos por los cuales la agencia calificadora Standard & Poor’s decidió degradar a finales del año pasado la deuda pública de largo plazo del país en moneda extranjera, de BBB a BBB-, aunque la dejó todavía un escalón por encima del grado de inversión.

Las mayores amenazas para las finanzas públicas se concentran en el incumplimiento de las metas de déficit total del Gobierno fijadas para 2018 (-3,1% del PIB) y 2019 (-2,2% del PIB), dada la fragilidad en la economía. No alcanzarlas impediría la estabilización de su deuda pública neta en el primer año (en 43,8% del PIB) y su encausamiento a partir del segundo (en 42,8 del PIB) a la tendencia decreciente proyectada por el gobierno en el Marco Fiscal para la próxima década (que la llevaría a 31,1% del PIB en 2028).

Para evitar la indisciplina en el manejo de las finanzas públicas, la Constitución Política de Colombia incorporó en 2011 el principio de sostenibilidad fiscal. Su propósito es garantizarle a las siguientes generaciones sus derechos económicos, sociales y culturales.

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Para lograrlo, ese principio busca prevenir los desbordes del gasto público por encima de los ingresos, que tengan que ser financiados con el endeudamiento estatal, de un modo que comprometa en exceso los recursos gubernamentales futuros, en el pago de las obligaciones contraídas en el presente.

Con el propósito de incorporar ese principio se promulgó la ley de la regla fiscal, que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y salvaguarda la solvencia del Estado, al tiempo que contribuye a preservar la estabilidad macroeconómica del país.

Con base en ella, si los recaudos resultan inferiores a lo esperado, para lograr las metas de déficit fiscal el próximo gobierno tendría que recortar el gasto, utilizar la reserva que se constituyó con el resto de los recursos que se obtuvo por el laudo y/o buscar fuentes adicionales de ingreso. En tal caso, resultaría muy difícil, por deseable que sea, para mejorar la competitividad de las empresas o aumentar el ingreso disponible de los hogares, con el fin de estimular el crecimiento, recortar los impuestos más allá de lo establecido en la última reforma tributaria.

Entre las nuevas fuentes se podría contemplar mejorar la eficiencia en el recaudo de impuestos, que disminuya la evasión y la elusión. También puede ser necesaria otra reforma para incrementar la tributación de las personas naturales y reducir las exenciones y los beneficios vigentes.

En cualquier caso, lo que no se debe hacer es incumplir la regla fiscal, porque es vital para preservar la confianza de los inversionistas y mantener el grado de inversión de la deuda pública.

Sin ello, el país no tendría un acceso amplio y barato a los mercados internacionales para captar a costos razonables los recursos que requiere para financiar sus desbalances macroeconómicos. Por el contrario, enfrentaría la amenaza de una fuga de capital que podría precipitar una recesión.

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