| 3/22/2019 6:01:00 AM

Gobierno alista ajustes a infraestructura educativa

Hay 148 procesos por incumplimiento y más de 10.000 aulas pendientes por entregar. Ajustarán el esquema de financiación.

María Victoria Angulo, ministra de Educación, no la ha tenido fácil. Estudiantes y profesores universitarios del sector público la recibieron el año pasado con una fuerte protesta en la que tuvo que comprometer $4,5 billones de vigencias futuras. Este año, los maestros de educación básica y media ya montaron dos paros, el 14 de febrero y el 19 de marzo, y están negociando un nuevo pliego de peticiones que exige más recursos.

Además, encontró que 7 de cada 10 proyectos del Fondo para Financiación de la Infraestructura Educativa (FFIE) tienen serios retrasos. Y que quedaron pendientes más de 10.000 aulas que necesita el país para avanzar hacia la jornada única.

En diálogo con Dinero, la ministra se refirió a estos y otros ‘chicharrones’ presupuestales que enfrentará el sector este año.

D: ¿Qué pasó con el Fondo de Infraestructura Educativa?

MV: El tema de infraestructura es retador por muchas razones. Los datos iniciales que se encontraron dejaron ver que había 12.000 aulas en proceso de construcción, más de 5.000 en proceso de diseño y alrededor de 5.900 tenían un promedio de avance de 30%. A través de más de 42 mesas de trabajo con Entidades Territoriales, constructores, interventores y comunidades educativas se han revisado los 424 proyectos que presentan inconvenientes, los cuales están ubicados en 158 municipios de 22 departamentos.

El FFIE en su diagnóstico encontró una concentración de contratos en dos firmas, una de ellas ejecuta 252 y la segunda 87, lo que representa 63% de los 531 proyectos.

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D: ¿Y por qué pasó eso?

MV: Yo creo que se hizo con buena intención, porque si uno mira el trasfondo de las dos, son firmas que han hecho cosas grandes y que seguramente tenían el bagaje financiero para la asignación del primer paquete.

D: ¿En total, cuánto se invirtió en el Fondo?

MV: En el FFIE hay $2 billones invertidos. Trabajamos para tener un fondo fortalecido que permita responder con las obras de infraestructura educativa que requiere el país.

D: ¿Qué acciones tomarán para solucionar los retrasos del FFIE?

MV: Las acciones que hemos adoptado contemplan el trámite jurídico de incumplimiento a través de solicitud formal de los contratistas de interventoría ante los órganos de decisión del patrimonio autónomo del FFIE, con el consorcio FFIE-Alianza BBVA como contratante, dando inicio formal a los primeros 148 procesos de incumplimiento. También estamos en el proceso de aprobación de 25 cesiones de obra y 46 se encuentran en estudio con el objetivo de reactivarlas lo más pronto posible.

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Adicionalmente, estamos modificando los procesos, procedimientos y políticas del FFIE entre las cuales se encuentra la calificación de los contratistas sobre su desempeño y capacidad real. Esto permitirá que no se asignen obras a contratistas que han demostrado desempeños deficientes.

D: ¿Y cómo asegurar que no se repita esta historia?

MV: Estamos consolidando el sistema de información de seguimiento, alerta y control interno del FFIE. Con esta tecnología se tendrá sistematizado todo el proceso de cada una de las obras y se arrojarán alertas que permitan intervenir a tiempo en todos los proyectos que se adelantan en el país.

D: También tienen unas alianzas público-privados para construir colegios. ¿Cómo van a ser?

MV: Apenas lanzamos la primera APP para infraestructura educativa en Medellín. Es un modelo interesante si se miden, entre otros aspectos, los intangibles: en los mecanismos de las APP están contemplados los costos referidos al mantenimiento de la obra y la garantía de su calidad para iniciar su funcionamiento. Este mecanismo da un incentivo para cumplir con el cronograma estimado para la construcción de los colegios y para mantener la infraestructura en condiciones de calidad. De lo contrario, los ingresos del asociado privado se ven afectados por deducciones.

D: ¿Es decir que se van a implementar más APP para infraestructura educativa?

MV: Por ahora nos vamos a quedar con dos proyectos experimentales, el de Medellín y uno en Barranquilla, porque no es responsable ampliar más el modelo. Vamos a mirar los resultados para determinar si se continúa con esta figura. Podría ser un modelo interesante.

D: Se ha planteado la idea de crear una superintendencia de Educación. ¿Qué tan viable ve ese mecanismo de control y vigilancia?

MV: Por ahora no está en el plan. Ese tema daría para abrir una conversación, pero si prospera, debería emerger del mismo sector. Eso demostraría que es un sector más maduro que piensa en autorregularse.

D: A propósito, ustedes implementaron un nuevo modelo de alimentación escolar. ¿En qué va a cambiar este tema neurálgico?

MV: Ese ha sido un trabajo muy retador para el Ministerio. Vamos, primero, a organizar mejor la gobernanza, para tener a nivel de Ministerio un equipo fortalecido trabajando en el tema. Segundo, vamos a otorgarle más recursos. Este año hay un incremento de 48% (para un total de más de $1 billón) de la plata para alimentación escolar. Tercero, vamos a mejorar la transparencia, con contratos tipo y anexos técnicos de costos.

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D: En cuanto a educación superior, se acordó un incremento de $4,5 billones para el cuatrienio, ¿los recursos acordados con los estudiantes están blindados?

MV: Es una prioridad para el presidente y la hemos tomado muy en serio. El Plan de Desarrollo incluye más recursos que los del cuatrienio anterior, tanto para la educación superior como básica y media, donde debemos cumplir los acuerdos con los maestros. Creo que ahora la sociedad estará muy atenta a que no solo se honre el recurso que se pactó, sino que el sector avance en ese sentido.

D: ¿Para este año cómo se reparten esos recursos?

MV: Este año la base crece 3,5%. Hay $350.000 millones de inversión, $250.000 millones para pago de pasivos y $100.000 millones para inversión en otros temas de tecnología. Adicionalmente este año comenzamos a ejecutar el presupuesto bienal de regalías, que fue de $1,5 billones para 2 años en infraestructura y fortalecimiento institucional.

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