El pasado 4 de mayo, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, encontró sobre su escritorio una carta que lo dejó atónito. Era un mensaje, firmado por Silvia Barrero Varela, vicepresidente de asuntos corporativos de Coca Cola Femsa, en el que manifestaba abiertamente su preocupación en torno a la política del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de no vender agua en bloque a ciertos municipios de la Región. Una medida cuyo alcance tiene hoy en jaque uno de los proyectos más ambiciosos de esa multinacional en el país.

Se trata de una obra monumental. Un plan de inversión tasado en US$320 millones que pretende, por un lado, diseñar una estrategia para incrementar el consumo de bebidas gaseosas en Colombia y, por el otro, construir una planta de producción en Tocancipá para atender la demanda que generaría la primera etapa del proyecto.

Como es apenas obvio, echar a andar la megaobra sin una fuente de agua apropiada podría convertirse en una tarea más que titánica. Y es precisamente ahí donde comienzan a aparecer las talanqueras. El 26 de abril de este año, a las oficinas de Coca Cola Femsa llegó un comunicado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en el que quedó claro que la obra no podrá contar con las conexiones de acueducto que requiere y las cuales se habían solicitado desde 2011.

Razón suficiente para que los directivos de la organización empezaran a verse enfrentados a un cuello de botella que luce cada vez más estrecho. Según ellos, la decisión de la EAAB no solo afecta la viabilidad de la inversión sino que los está obligando a buscar nuevas alternativas que les permitan abastecerse de agua.

Este caso, sin embargo, no es el único. Muy similar es la situación que está atravesando el proyecto Ciudad Florecer, en Mosquera. Una mega-ciudadela que aspira poner en pie 14.000 unidades de vivienda, 300 bodegas industriales, un centro comercial y cinco colegios sobre un terreno de tres millones de metros cuadrados, con una inversión que supera $1 billón.

La obra, a cargo de Ecociudades –firma constituida por las constructoras Colpatria, Prodesa, Triada, Cumbrera y Contexto Urbano– también podría quedarse sin agua por cuenta de los mandamientos de Petro. “El tema es tan preocupante que ya estamos contemplando varias posibilidades: o poner un acueducto privado, o esperar a ver si prospera la creación de una empresa de aguas departamental. Todo esto lo único que evidencia es que Petro se está atribuyendo responsabilidades que no le competen”, asegura Mauricio García, gerente de Ecociudades.

Las dificultades de esas dos compañías son tan solo un botón de muestra de los poco más de 70 proyectos que, a juicio de altos funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca, actualmente están en el limbo porque no saben en qué momento podrían quedarse sin agua.

Martha Moreno Mesa, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, le dijo a Dinero que esa atmósfera de incertidumbre ya está dejando hondas secuelas en la región. Según sus propias palabras, en el primer trimestre de este año la construcción cayó en el departamento 9% en relación con el mismo periodo de 2011. Pero lo más preocupante es que 94.000 personas están en riesgo de perder sus empleos.

El panorama es desalentador. Y más si se tiene en cuenta que con su empeño de negarles el agua a los municipios, Gustavo Petro estaría tirando por la borda las políticas que, desde administraciones anteriores, le apuntaban a articular la ciudad con la región para crecer de la mano y propender por un desarrollo sostenible.