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| 5/30/2019 12:01:00 AM

Así serían los municipios mineros

Un proyecto de ley busca acabar el conflicto entre Estado y autoridades locales frente al uso del suelo y el subsuelo para la explotación de recursos. Así es la propuesta.

En Vetas la minería vale oro. En esa población santandereana estiman que 98% de sus habitantes dependen directa o indirectamente de ese sector. Así lo confirma Orlando Rodríguez Ramírez, alcalde de esa localidad.

Por eso, luchan por mantener la explotación de recursos minerales, aunque de manera sostenible. En efecto, esa localidad de casi 2.500 habitantes tiene una tradición minera de 400 años. Por esto, la mayoría de ellos están contra la delimitación del páramo de Santurbán propuesta por el Ministerio de Medioambiente.

“La solicitud que realizaron los accionantes de bajar la línea del páramo a cerca de los 2.000 metros sobre el nivel del mar desplazaría a miles de campesinos de 19 municipios. Tememos, además, que formalizar esa propuesta intensifique la minería ilegal y desborde el turismo”, manifestó Ivonne Consuelo González Jácome, directora del Comité de Veeduría Dignidad Minera.

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La líder social aseguró que se sienten humillados y discriminados por defender su forma de sustento: la extracción de oro y plata.

“Detrás de una excusa ambiental los detractores de la minería han querido aniquilar a toda la provincia de Soto Norte”, afirmó.

Como Vetas, otros municipios en el país viven de la minería como su vocación principal.

Según el Catastro Minero Colombiano y la Agencia Nacional de Minería, 882 poblaciones del país tienen potencial minero. Esto equivale a 78,5% del total del territorio y solo 3,1% (3,72 millones de hectáreas) ha sido titulado. Esta porción del territorio corresponde a 7.710 títulos asignados, la mayoría para materiales de construcción (41%).

Panorama oscuro

Sin embargo, la creciente presión social y los vacíos legales existentes en torno al manejo del suelo y subsuelo han oscurecido el panorama para estas localidades que dependen económica y socialmente de esta actividad.

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Frente a esto, el Grupo de Diálogo sobre minería de Colombia (Gdiam) propuso crear municipios mineros. Al Gdiam lo integran empresarios, indígenas, afrocolombianos y académicos, entre otras personas con diversas visiones e intereses en torno al aprovechamiento del recurso minero en el país.

Esa fórmula ofrecería una alternativa para dar una respuesta al déficit de gobernanza territorial en el sector y terminar con el conflicto existente entre el Estado, las autoridades locales y las comunidades. Además, contribuiría a dar una respuesta real a las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Para León Teicher, presidente de la junta directiva de Continental Gold Colombia e integrante del Gdiam, “la idea es aterrizar en la práctica la solución que ha venido pidiendo la Corte Constitucional respecto al conflicto entre la propiedad del subsuelo por parte del Estado y el derecho a determinar el uso del suelo que tienen los municipios (su autonomía), cosa que no se ha podido hacer de forma ordenada hasta el momento”, afirmó.

Constitucional

Claudia Jiménez, quien también forma parte del Gdiam, comentó que la iniciativa de los municipios mineros está basada en el artículo 320 de la Constitución Política. “Teniendo en cuenta esto, le proponemos al país establecer categorías de municipios de acuerdo a su importancia económica. Esto les permitiría tener un régimen especial para su organización, gobierno y administración”, dijo.

En la práctica significaría que las autoridades locales, mediante un consenso con sus comunidades y el gobierno nacional, podrían solicitar voluntariamente entrar en esta nueva categoría.

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Sin embargo, no todos tendrían la posibilidad de acceder a los derechos, recursos, incentivos, condiciones extraordinarias y capacidad institucional que recibirían los municipios mineros. Cada uno de ellos deberá cumplir una serie de características y requisitos. Entre ellos están el peso relativo de sus recursos mineros frente a las demás actividades económicas, la dimensión cuantitativa de sus yacimientos y factores de competitividad, generación de empleo, vocación económica y licenciamiento social. En palabras de Teicher, tendrán que ser incluyentes, resilientes (sostenibles) y competitivos.

“Para comenzar, el país deberá adelantar unos pilotos. La iniciativa también plantea la opción de que varios municipios puedan unirse y crear regiones o provincias mineras”, dijo Jiménez.

La propuesta está sobre la mesa. Ahora habrá que esperar a ver si recibe el ‘guiño’ de algún movimiento político y del propio Ministerio de Minas y Energía. Los funcionarios de este afirmaron que cuando llegue el momento tomarán partido en esta propuesta.

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