| 3/15/2018 12:01:00 AM

Solarte aumenta las tensiones en la financiación de las 4G

La situación judicial de Carlos Solarte, uno de los principales jugadores del sector de infraestructura, ante una eventual imputación de cargos por el caso de Tunjuelo-Canoas, aumenta la tensión en la financiación de los proyectos de 4G.

No solo las diferencias que se han generado entre los bancos y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por los recursos que están en el fideicomiso de Ruta del Sol II, tras el escándalo de Odebrecht, son la fuente de tensión en la financiación de los proyectos de concesiones de Cuarta Generación (4G).

Este caso, en donde la ANI, tras conocer el informe del interventor, decidió no girar $1,4 billones a los bancos, como era el compromiso del Gobierno, sino solo $790.000 millones, generó malestar en el sector financiero y puso en jaque el cierre financiero de más de 14 proyectos de 4G que suman inversiones superiores a los $30 billones (ver edición 535). Pero no es la única razón que despierta inquietudes entre los bancos.

Como lo ha venido advirtiendo la revista Dinero, la situación jurídica de Carlos Solarte, uno de los más importantes jugadores del sector de infraestructura, es otro de los riesgos.

Solarte y su hija fueron vinculados a otro escándalo de Odebrecht, esta vez relacionado con el proyecto de acueducto Tunjuelo-Canoas, por el cual la Fiscalía les imputaría cargos. Al cierre de esta edición no se había dado la imputación que se esperaba para los primeros días de marzo.

La preocupación radica en que Solarte participa en 5 proyectos de 4G, por un valor superior de los $6 billones, y habría un riesgo de inhabilidades sobrevinientes que pondrían en dificultades los proyectos y los cierres financieros.

Solo uno –Neiva-Girardot– tiene cierre financiero definitivo, y otro, –Santana-Mocoa-Neiva– aún no ha logrado cierre financiero definitivo, pero estos dos tienen obligaciones de iniciar obras y los tiempos están corriendo. En el caso de los otros tres –Bucaramanga-Pamplona, Santander de Quilichao-Popayán y Buga-Buenaventura– aún están en etapas preliminares y se está analizando su futuro y desarrollo, incluso la posibilidad de liquidar alguno de los contratos.

Aunque jurídicamente la imputación de cargos es apenas una etapa en el proceso y aún no hay decisión del juez ni definición del caso, podría mostrar en ojos de la Fiscalía un indicio claro de una presunta irregularidad en el contrato de Tunjuelo-Canoas y eso tiene un efecto que se desató con los escándalos de Odebrecht: el reputacional.

Lea también: Buscan reactivar el motor de las 4G tras Odebrecht

Para los bancos –como explica un analista– eso genera una alarma de que se materialice un riesgo crediticio donde el efecto es que la participación en los cierres financieros se frene hasta que no haya una definición y claridad en los procesos. En los que ya tienen cierre financiero, los desembolsos se congelarían hasta que no haya certeza jurídica. Es decir, la sola imputación de los cargos sería suficiente para frenar procesos de financiación.

¿Cuál es la salida? Dada esta situación jurídica y el papel de Solarte en varios proyectos, para asegurar su desarrollo y destrabarlos, una de las salidas que se vienen buscando es la venta de la participación que tiene este poderoso constructor en ellos y ceda –al menos– el control en estas operaciones. “pues una cosa es ser accionista y otra el gestor”, explica un experto. No obstante, otros consideran que eventuales compradores estarían pidiendo –para participar en los procesos de adquisición– que la venta de las participaciones de Solarte en los proyectos sea total.

¿En venta?

Fuentes del sector y del Gobierno consultados por Dinero confirmaron que se están acelerando los procesos de venta de las participaciones de Solarte, en especial de los proyectos Neiva-Girardot y Santana-Mocoa-Neiva, que tienen compromisos de obra que se vienen realizando con recursos propios –equity– pero que necesitan los recursos de la financiación para avanzar, pues los tiempos están corriendo, la presión es más alta y aumentaría la posibilidad de que las obras se detengan. De hecho, según un banquero de inversión, el proyecto Neiva-Girardot, que ya tiene cierre financiero, tendría las mayores posibilidades de conseguir comprador, pero el banco debe avalar esta operación.

Uno de los mayores rumores que se ha empezado a generar en el sector es la posibilidad de que el Gobierno, a través de recursos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), adquiriera estas participaciones.

Fuentes del Gobierno aseguraron que se ha pensado en la estructuración de unos fondos de capital privado a través de la FDN para, en una fase posterior, comprar proyectos, pero que hoy el desarrollo de este tipo de vehículos no está ni articulado ni implementado y toma tiempo. “El Gobierno no está en el mercado todavía comprando activos. Sí cree que es un producto importante porque cuando se presentan problemas en proyectos, en ocasiones, se requieren vehículos que puedan comprar compañías, ayudar a sacar adelante los proyectos y venderlos en etapas posteriores. Es una idea, pero aún no está trabajando en ese punto”, agrega una de ellas.

Por ahora, y dada la coyuntura, lo más importante es facilitar la búsqueda de compradores para los proyectos de Solarte. Según conoció Dinero, se han analizado distintas opciones desde una venta masiva hasta casos uno a uno.

Al parecer, hay interés de empresas internacionales que no lograron quedar con proyectos cuando la ANI adjudicó las obras de 4G. Se habla de una constructora y un fondo que irían juntos en la compra de alguno de los proyectos.

¿Qué pasaría con los otros? Aún no tienen cierres financieros, pero tampoco hay presión por que avancen los cronogramas de obra. Sin embargo, en uno de ellos se están buscando soluciones que incluirían la liquidación del contrato para incorporarlo en uno de mayor envergadura.

Se trata de Buga-Buenaventura que, según conoció Dinero, tendría cambios. De hecho en este proyecto hay unas mesas de trabajo, pues hay dos condiciones específicas que lo enredan. Una, un lío que traía: un tribunal había declarado nulo el contrato de la malla vial que incluía 17 kilómetros de doble calzada que quedaron en el aire. Y lo que necesita esa vía es terminar la doble calzada. Y dos, la posibilidad de un nuevo contrato de malla vial. Está abierta la posibilidad de incluir ese alcance en la nueva estructuración.

Recomendado: Controversia entre el Gobierno y los bancos por las vías 4G

El desafío es que lleguen los recursos de los cierres financieros. Si se demoran y los tiempos corren, las obras se frenan, la ANI tendrá que analizar periodos adicionales. El efecto Odebrecht en el sector ha minado uno de los activos más importantes: la confianza. Será clave recuperarla en los últimos meses de este Gobierno para no dar al traste con uno de los planes de infraestructura más ambicioso en la historia del país.

La tensión

Las relaciones entre los bancos locales y el Gobierno pasan por un momento de tensión. Las diferencias entre los bancos y el Gobierno alcanzó en los últimos días uno de sus puntos más altos, cuando el presidente Juan Manuel Santos advirtió que los bancos solo aprueban créditos para las concesiones de Cuarta Generación (4G) “cuando están de buen humor”.

Foto: Carlos Solarte, constructor.

La afirmación la hizo el jefe de Estado durante el Congreso de Seguridad Vial y aseguró que el sector financiero del país requiere más competencia y que es necesaria una mayor participación de la banca privada extranjera en la financiación de las obras.

Santiago Castro, presidente de Asobancaria, calificó como “un comentario gracioso” el que hizo el presidente Santos y que dista mucho de la realidad sobre la asignación de recursos a los proyectos de infraestructura del país. Explicó que los bancos colombianos han participado en 11 de los proyectos que han tenido cierre financiero y que los desembolsos se aprueban teniendo en cuenta un análisis de riesgo y aplicando correctivos frente a las contingencias que ha vivido el sector a lo largo de su historia.

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