La legislación electoral fijó para las elecciones del próximo 9 de marzo unos topes de financiación más altos, con el propósito de cerrarles el espacio a las trampas, al ocultamiento de recursos o a la financiación de candidatos por parte de grupos armados ilegales. Sin embargo, fijó también nuevos filtros para que, al menos en teoría, ni un solo peso sea manejado por fuera de la contabilidad oficial y sin el conocimiento del representante legal de cada una de las causas electorales. Estas son las claves para darle a esa plata un manejo transparente.

1 Cuenta abierta y gerente responsable: a la hora de la rendición de cuentas no solo responderá el candidato. Lo hará también, en calidad de representante legal, el gerente de su campaña. Ambos deberán demostrar que abrieron una cuenta en una entidad bancaria reconocida y que a ella no entró un solo peso proveniente de donantes no identificados. María Luisa Prado, directora del Fondo de Campañas del Consejo Nacional Electoral, explica que la apertura de la cuenta no es opcional, sino de carácter obligatorio de acuerdo con la Ley 1475 de 2011.

2 Ojo con la investidura: los congresistas que buscan su reelección ya debieron haber abierto las cuentas para la financiación de sus campañas y los partidos que generaron los avales debieron haberles exigido la presentación del certificado de las cuentas para respaldar su aspiración. Si ninguna de las dos cosas ha ocurrido, los aspirantes están expuestos a perder su investidura y los partidos que los incluyeron en sus listas a perder su personería jurídica. Así lo dispone la ley que ellos mismos aprobaron.

3 Límite a los privados: los aportes que cada campaña reciba de personas particulares no podrán exceder el 10% de la financiación de la campaña. Este porcentaje incluye aportes en especie y en dinero. Los aportantes privados no podrán ser extranjeros. Dentro de ese rango de particulares están incluidas tanto las personas jurídicas como las naturales. De acuerdo con el programa público Cuentas Claras, del Consejo electoral, los registros de las donaciones serán públicos. Este ejercicio transparente ya ha permitido que personas cuyo nombre fue usado sin su conocimiento para justificar donaciones que nunca hicieron, presenten la respectiva denuncia.

4 Reposición por votos: el valor por voto obtenido está calculado en $4.700. Con base en ese cálculo, la ley permite que el Estado les dé a los aspirantes un anticipo de 80% de los gastos de sus campañas. Si salen elegidos, esos recursos serán asumidos como reposición de aportes. Si los aspirantes no logran por lo menos el umbral, deberán reintegrarle sus aportes al fisco.

5 Póliza de seriedad: sin excepción, las campañas debieron haber contratado ya pólizas de seguridad para garantizar que devolverán los recursos que recibieron en calidad de préstamo para las campañas. El tope de los $74.053.868.791 resultó de estudios hechos por el Dane, de acuerdo con variables como el incremento de la población y el crecimiento del umbral.