| 8/16/2018 12:01:00 AM

Luis Andrade, expresidente de la ANI, se defiende

En entrevista con Dinero, Luis Andrade, expresidente de la ANI, explica cuáles son las posibles relaciones en las investigaciones que se le han abierto.

Por estos días, el caso de Ruta del Sol, uno de los proyectos viales más ambiciosos del país, volvió a cobrar vida. Primero, con el anuncio de Odebrecht de demandar al Estado colombiano por más de $3,8 billones, por lo que consideraría una expropiación ilegal de sus activos en el tramo II de este proyecto –en el que tiene más de 60% de participación y en cuya concesión también están Corficolombiana, del Grupo Aval, con más de 30% y el Grupo Solarte, con cerca de 5%–.

Y segundo, con la decisión de la Fiscalía General de abrir una nueva investigación contra Luis Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a quien citó el 28 de septiembre próximo para imputarle cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en Ruta del Sol tramo III. Andrade está siendo investigado por la adición del tramo Ocaña-Gamarra de Ruta del Sol II, tiene casa por cárcel y está a la espera del juicio por este cargo.

“Me preocupa, por mi familia y por el país, la infundada persecución de la Fiscalía y la parcialización que favorece intereses contrarios a los de la Nación”, advirtió Andrade en un pronunciamiento público el pasado fin de semana y agregó que “todos los ejecutivos de Odebrecht y del Grupo Aval, que ordenaron o pudieron tener información sobre los pagos ilegales hechos en Colombia, están libres y siendo tratados con delicadeza por la Fiscalía”.

Dinero conversó con él sobre los alcances de las investigaciones y sus posibles relaciones.

- ¿Por qué la Fiscalía le está imputando cargos por Ruta del Sol III?

Tengo muy poca información al respecto, tan solo lo que se dijo en una rueda de prensa en la Fiscalía pero entiendo que es por causa de dos modificaciones que se le hicieron al contrato Ruta del Sol sector III. La primera modificación fue un cambio de cronogramas de obra por causa de atrasos generados por consultas previas con las comunidades que fueron requeridas por ley. El segundo, por autorizar que el contratista hiciera los estudios y diseños para un nuevo puente sobre el río Magdalena en el único punto de la concesión en el que no se había previsto una doble calzada.

Por cierto, en esa última modificación no participé en el trámite ni la firmé. Fueron modificaciones muy típicas del día a día de la ANI que se requieren para adaptarse a cambios en las circunstancias y las dos modificaciones fueron hechas a traves de trámites muy rigurosos y con total apego a la ley. Tengo la conciencia totalmente tranquila de cómo se tomaron las decisiones de Ruta del Sol III.

- ¿En qué momento lo llamaron por este caso?

Me habían llamado a un interrogatorio en febrero, donde di las explicaciones. Me sorprende que me hayan imputado cargos.

- ¿Cómo lo percibe?

Lo percibo como una persecución por haberme enfrentado a los intereses de Odebrecht y de su principal socio colombiano, el Grupo Aval.

- ¿En qué se enfrentó?

El choque con estas empresas se debió a mi renuencia a aceptar sus reclamaciones en Ruta del Sol II, la fórmula de liquidación de ese contrato y el contenido de la nueva ley que se estaba tramitando en el Congreso para darles seguridad a los acreedores de buena fe.

- En estos días Odebrecht anunció una nueva demanda en España. Cómo se relaciona a las reclamaciones a las que usted hace mención, porque parecerían dos hechos distintos…

Por un lado me parece una demanda absurda porque los hechos por los cuales van a demandar en España son los mismos hechos y los mismos temas que se están decidiendo en la Cámara de Comercio de Bogotá. En mi opinión, Odebrecht y sus socios deberían respetar la decisión que salga del tribunal de arbitramento en Colombia, dado que ellos mismos fueron los que demandaron ante esa instancia inicialmente.

Y por el otro me parece que presienten que van a tener un fallo adverso en Colombia. Esos son los hechos en que no pudimos llegar a un acuerdo, porque mi obligación era defender los intereses del Estado.

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- Ayúdenos a construir esta historia desde lo jurídico…

Esta es una historia larga y compleja pero voy a tratar de simplificarla. Antes de que el gobierno de Estados Unidos revelara los pagos de sobornos en Colombia, eso ocurrió en diciembre de 2016, ese tribunal ya existía porque en el año 2015 Odebrecht había demandado por sobrecostos y la ANI no aceptó esa demanda. En ese momento la decisión de no aceptar los sobrecostos no solo fue una decisión mía como director de la ANI sino que era un consenso al interior de la organización, de la interventoría y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado; es decir, todo el Estado colombiano estaba alineado en que la matriz de riesgos del contrato dejaba muy claro que los sobrecostos de construcción eran del concesionario.

- ¿La pretensión de cuánto era?

Una pretensión inicial de $1,1 billones, pero se redujo a $750.000 millones, que es la que existe actualmente, porque llegamos a una conciliación parcial en que la ANI aceptó hacer pagos por hitos más cortos para que compensara el hecho de que ellos iban a estar más tiempo en el proyecto, lo cual generaba mayores costos de interés. Fue una conciliación que no requirió erogación de recursos del Estado y que fue aprobada por el tribunal de arbitramento con concepto favorable de la Procuraduría. Hay una demanda inicial de $1,1 billones que se reduce a $750.000 millones que son sobrecostos de construcción puros. El efecto que se concilió fue el financiero, de los intereses. Ese era el escenario en diciembre de 2016.

- ¿Qué pasa después de conocerse el pronunciamiento de Estados Unidos?

Tan pronto se sabe eso y acepta cargos quien recibió el soborno, el entonces director encargado del Inco, desde la ANI vamos a ese mismo tribunal y pedimos que se declare nulo el contrato porque la ley colombiana así lo establece.

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- Aparecen nuevos jugadores en la discusión, la Procuraduría –con una acción popular– y la Superintendencia de Industria y Comercio –por posibles prácticas contra la competencia en la adjudicación del contrato–. ¿Cómo se articula ese escenario jurídico?

Recibimos órdenes en la ANI de dos instancias: una orden por parte del juez de acción popular en el sentido de que protegiéramos a los terceros de buena fe, como los empleados, proveedores y los usuarios de la vía. El juez no quería que la gente se quedara sin que se les pagara, los proveedores sin que se pagaran sus cuentas y que no hubiera alteraciones en la calidad del servicio para los usuarios. Decidimos hacer un acuerdo de terminación que era lo que nos exigía la Superintendencia de Industria y Comercio, y en él asegurarnos que se cumplían las condiciones que nos planteaba el juez de acción popular.

Se firma ese acuerdo y lo que se busca es que se establezca un periodo de transición y que después de ese periodo de transición se le entregue la infraestructura al Invías para salir y contratar de nuevo. Y en ese periodo había que hacer algunas cosas muy importantes: una, asegurar el buen mantenimiento de la vía para no afectar a usuarios; dos, pagarles a los empleados especialmente sus indemnizaciones; tres, pagarles a proveedores, y cuatro, hacer la auditoría de las obras por parte de la interventoría para determinar el valor real de las obras que se le estaban entregando al Estado y en función de eso poder liquidar el contrato.

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- En paralelo, los miembros del tribunal renuncian y hay que conformar otro tribunal…

Así fue. Los miembros del tribunal renunciaron porque se sintieron amenazados por presión mediática y no se sentían cómodos tomando decisiones en medio de esa presión. Se procedió a escoger los nuevos árbitros y, como no hubo consenso entre las partes de quiénes deberían ser, el nombre de los árbitros se determinó por sorteo en la Cámara de Comercio de Bogotá.

- Volvamos a la liquidación del contrato que debe terminar en tres días…

Así es.

- Van al concesionario y logran un acuerdo con él…

Logramos un acuerdo en todo menos en la parte económica. Era imposible hacer un acuerdo en la parte económica en tres días. Lo que quedó en el acuerdo era que íbamos a trabajar en ese periodo en desarrollar una fórmula de liquidación y que esta sería presentada al tribunal de arbitramento y solo sería válida si ellos la aprobaban. Queríamos darles garantías a la Nación y a los ciudadanos de que esto se estaba haciendo con la máxima transparencia posible.

- ¿Cuál es la diferencia entre la liquidación, la nulidad y la caducidad de un contrato y qué efectos tiene?

En cualquier caso hay que liquidar el contrato, pero las condiciones de liquidación son diferentes si hay nulidad o caducidad. En caso de nulidad, solo se pueden reconocer las obras efectivamente realizadas sin reconocimiento de utilidades; en el de caducidad se liquida de acuerdo con la fórmula preestablecida en el contrato y se aplica la multa correspondiente. Con relación a los efectos de inhabilidades que generan la nulidad y la caducidad, no había consenso entre los abogados consultados en su momento. No soy abogado, por lo tanto no puedo opinar con autoridad, pero quedé con la impresión que la caducidad podría tener efectos más graves en términos de inhabilidades para los contratistas de cara a proyectos futuros.

- ¿Cuál es el tamaño de Ruta del Sol y dónde estaba el desfase?

Son muchas cifras y es muy complejo, pero voy a tratar de llevarlo a lo esencial y me voy a referir a números de 2016, porque esas eran las cifras que se utilizaron en ese momento. A finales de ese año, grosso modo, el proyecto había recibido $2,4 billones de los bancos y $300.000 millones de los concesionarios. 62% Odebrecht, 33% Grupo Aval y el restante 5% del Grupo Solarte. Nuestra postura, que al final no se aceptó y por eso todavía está en el tribunal de arbitramento, fue que nosotros no podíamos pagar más de lo que habían puesto los privados; o sea, la suma de los $2,4 billones más los $300.000 millones, que da $2,7 billones, y la razón es que si hay una nulidad en un contrato la ley dice que no se pueden reconocer utilidades. Y si les pagáramos más de lo que pusieron estarían generando utilidades. Ellos, Odebrecht y sus socios, insistieron en una fórmula que les generaba una utilidad de $400.000 millones sobre el dinero que habían puesto. Eso para nosotros no fue aceptable.

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El otro punto que planteó la ANI en su momento fue que la suma de la deuda más el equity era un techo porque había que verificar si las obras que se hicieron sí valían lo que aparecía en la contabilidad y la razón principal para esa sospecha es la cantidad de pagos irregulares que se hicieron desde la Ruta del Sol y Consol. La misma Fiscalía hace un año sacó un comunicado en el que dijo que esos pagos irregulares podían llegar a $80.000 millones. En la contabilidad estaban apareciendo valores de obra que realmente no se hicieron. Un buen ejemplo, que es conocido por la opinión pública, es el del consorcio Sión, una constructora de Sahagún que facturó $18.000 millones, creo, a favor de los señores Elías y Bula. Y eso aparece en la contabilidad como obra, pero claramente sabemos que no fue.

La propuesta de la ANI era que estamos dispuestos a reconocer como un techo la suma de la deuda en los bancos con lo que pusieron los accionistas, pero sujeto a una verificación de que las obras estén allí. Sería absurdo que reconociéramos obras ficticias como las que se han revelado últimamente.

- ¿Esa discusión de los valores se está dando en el tribunal?

Hace un año renuncié a la ANI y no tengo información directa de lo que está ocurriendo. Pero mi entendimiento es que ya se terminó el periodo probatorio y en este momento los árbitros están en el proceso de tomar una decisión que va a ser muy importante para el país porque va a sentar un precedente que ojalá deje claro que las obras que realmente se hicieron se pagan porque esa es la garantía que tienen los bancos para financiar hacia adelante. Pero también un precedente en el que no se les generen utilidades extraordinarias y premios a contratistas corruptos. Y eso me preocupa de la demanda en España, porque están pidiendo $3,8 billones, cuando el techo que propusimos era de $2,7 billones. Es decir, estarían obteniendo una utilidad superior a $1,1 billones. Ese sería un precedente nefasto y básicamente lo que establecería es que en Colombia la corrupción paga.

- ¿Cómo se amarra este caso con el campo legislativo y la ley que salió a finales del año pasado? ¿Quedó solucionado el problema?

El Gobierno lo que buscó era modificar la ley para dejar más claras las reglas de cómo se manejan estas situaciones. Desafortunadamente, no participé en el proceso legislativo en la Cámara de Representantes y de ahí salió un proyecto de ley muy criticado inclusive por el Contralor General. Como resultado, el Ministro se comprometió a corregir los errores o problemas que tiene esa ley. En mi opinión, es muy importante presentar un proyecto de ley en ese sentido que corrija los errores que tenga el proyecto actual porque, si queremos tener financiación de las concesiones, los bancos tienen que tener claridad de que, si su dinero se usa para hacer obras, las obras se van a pagar. De alguna manera esa fórmula de liquidación es como la hipoteca de la casa de uno: si a uno le prestan dinero para la casa y uno no paga, pues el banco no pierde el dinero porque puede tener la casa de uno. Y por eso las hipotecas se consideran unos préstamos seguros. En las concesiones es igual: las deudas se pagan con los ingresos de los peajes, pero si hay una liquidación anticipada, como en este caso, la garantía de pago son las obras que se hicieron y si no se paga por esas obras se vuelve un crédito riesgoso. A Colombia eso no le conviene. Es muy importante contar con una ley que deje muy claro cómo se liquidan los contratos en estas situaciones para que los terceros de buena fe que financian proyectos, ya sean bancos, proveedores e inclusive los empleados, tengan seguridad de que van a recibir sus pagos en caso de una liquidación, pero también que eso quede suficientemente claro para que los contratistas no se beneficien de hechos de corrupción.

- ¿Cómo se ha enfrentado en otros países? ¿Nos equivocamos, en qué acertamos?

Esto se manejó de la mejor manera posible cumpliendo la ley y las órdenes de los jueces y por eso tengo mucha confianza en que el tribunal de arbitramento va a fallar en favor de la Nación. Y sospecho que los accionistas de Ruta del Sol II están viendo esa posibilidad y por eso están buscando un escenario alterno para demandar.

- ¿Cómo se hizo en otros países?

No tengo mucho conocimiento, pero, por ejemplo, en Estados Unidos la filosofía general es que las empresas que son corruptas deben pagar multas, una indemnización grande y en el caso de Odebrecht fue superior a los US$2.000 millones. En Colombia todavía no se les han aplicado multas. La otra exigencia que se les hace en Estados Unidos es que colaboren con la justicia y digan la verdad. Desafortunadamente, en Colombia todavía no se sabe toda la verdad y está saliendo a cuentagotas. Y lo tercero es que en Estados Unidos le dan prioridad a la terminación de las obras. La ley en Colombia exige terminación del contrato por una interrupción en el avance de las obras. La Ruta del Sol II va a terminar acabándose cinco años después de lo planeado por causa de esta situación.

Creo que la legislación futura sobre estos casos de corrupción en Colombia debería analizar la experiencia americana en que se privilegie la compensación a la sociedad por los daños causados por la corrupción, se privilegie contar la verdad y la terminación de las obras.

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- Este es un lío jurídico grande con varios frentes: el tribunal de arbitramento, la acción popular, el pronunciamiento de la SIC y ahora la demanda internacional, ¿pueden ir los fallos en sentido contrario?

No soy abogado, pero estoy seguro que el tribunal de arbitramento en Colombia va a fallar en los próximos meses porque ya terminó la fase probatoria y ahí se deberían definir los temas principales que finalmente es cuánto dinero se le paga a la concesionaria para que le pague a sus acreedores de buena fe. Con eso resuelto, el problema se comienza a desenredar porque, sin ser abogado, yo dudaría que un tribunal en el exterior desconozca un fallo emitido de acuerdo a la ley colombiana y con todas las garantías que da un tribunal de arbitramento.

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- ¿Toda esta discusión alrededor de Ruta del Sol II tiene alguna relación con los cargos que se le imputan?

Hay una coincidencia desafortunada en los tiempos que me genera mucha preocupación y es que el testimonio que rendí ante el tribunal de arbitramento en el que explicaba la lógica de cómo se debía liquidar el contrato y luego la petición que le hice al juez de acción popular para que obligara a Ruta del Sol II a entregar la infraestructura fueron de muy mal recibo por parte de los accionistas de esa concesión y tan solo unos días después la Fiscalía anunció por los medios que me iba a imputar cargos y tomó el riesgo de hacerlo sin tener evidencias en ese momento. Debo decir que no tengo pruebas para establecer una relación clara de causa y efecto de mi posición ante los tribunales defendiendo los intereses de la Nación y la decisión de la Fiscalía de imputarme cargos, pero la coincidencia sí me genera una gran preocupación, como le debería generar a todos los colombianos.

- Ahora, con el anuncio de la Fiscalía sobre imputación de nuevos cargos en Ruta del Sol III, ¿cómo avanzan sus procesos?

Me siento perseguido y enormemente preocupado por mi familia y el país. En el caso de Ruta del Sol II estaba viendo la luz al final del túnel, porque todas las personas que rindieron testimonio en mi caso en la Procuraduría y en el caso del senador Elías en la Corte Suprema que estuvieron involucradas en los procesos de las decisiones que están siendo cuestionadas, unánimemente dijeron bajo juramento que siempre se trabajó en función de los mejores intereses del Estado y dentro del marco de legalidad. Esas mismas personas son las que van a rendir testimonio en mi juicio. Sin embargo, con estas nuevas imputaciones no sé cuándo va a acabar esta pesadilla.

- ¿Por qué hay interés de Estados Unidos en su caso?

Estados Unidos tiene una tradición de proteger a sus ciudadanos cuando están fuera del país. Por eso acudimos al gobierno americano para que le hiciera un acompañamiento a mi proceso porque no vemos que la Fiscalía esté brindando la objetividad y garantías debidas.

- Y en lo personal, ¿cómo está?

En lo personal esto ha sido muy duro. El costo de servirle a la Nación ha sido tremendo, ya llevo un año desde que la Fiscalía anunció que me iba a imputar cargos. Estoy muy agradecido con familiares, amigos y gremios que han mantenido su apoyo y eso me mantiene de buen ánimo, pero la verdad muy preocupado con esta situación, y muy preocupado de haber descubierto realmente cómo funciona este país. Siento mucho pesar por las personas de buena fe que están entrando al Gobierno para construir un mejor país. No saben lo que les espera cuando tengan que tomar decisiones en contra de los poderes establecidos y los corruptos.

EDICIÓN 562

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