| 11/8/2018 12:01:00 AM

El reto de despejar la vía de los grandes proyectos de infraestructura

El Gobierno busca destrabar y ponerle el acelerador al desarrollo de los proyectos de 4G. Aunque ya tuvo una victoria temprana, deberá apurar las decisiones para que las obras ayuden al PIB.

Para el segundo trimestre de este año los resultados del sector constructor en el PIB fueron preocupantes: registró un crecimiento negativo de 7,6% frente al mismo periodo del año anterior.

Aunque el menor dinamismo se dio en edificaciones –con -7,6%–, carreteras, proyectos de servicio público y obras civiles no se quedaron atrás, con un comportamiento de -5,7%.

Una de las mayores preocupaciones con la Ley de Financiamiento que se avecina es una desaceleración en el consumo, que podría afectar el crecimiento de la economía para el año entrante. Esto, sumado a un recorte en el gasto público, hace que gran parte de las apuestas de crecimiento vengan por el lado de inversión, en especial del sector de infraestructura.

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Los proyectos de Cuarta Generación (4G) son tal vez la apuesta más ambiciosa en la historia reciente, con más de 30 iniciativas y una inversión cercana a los $40 billones, con 14 cierres financieros definitivos. Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), ya hay un apalancamiento superior a los $21 billones y 21 proyectos de ellos están en construcción.

Sin embargo, desde el escándalo Odebrecht estas iniciativas han estado en dificultades: la confianza con el sector financiero local se golpeó con el caso de Ruta del Sol II, y durante casi un año se congelaron los cierres financieros y solo el apetito internacional logró destrabar algunos. Además, están los efectos colaterales de la investigación contra Carlos Solarte, uno de los jugadores claves del sector, por un proyecto del Acueducto de Bogotá, que también tiene 5 iniciativas de 4G que hoy buscan ser vendidos y que, de no destrabarse, representarían un riesgo sistémico.

A estos problemas graves se suman otros estructurales que no han permitido el desarrollo y avance de las obras; por ejemplo en temas de comunidades, decisiones ambientales, prediales, paso de redes y en hechos como el reconocimiento de eventos eximentes de responsabilidad que, si bien los contratos los prevén, en muchos casos no hay unidad de criterios entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el interventor y el concesionario en cuanto a los procedimientos.

La propuesta

Una de las mayores preocupaciones es la litigiosidad que hoy enmarca el desarrollo del sector: al 31 de octubre de 2018, la ANI tenía 34 tribunales arbitrales, de los cuales 10 corresponden a 4G; en amigable composición se encuentran 8 asuntos en trámite, de los que 6 son de 4G; en trámite sancionatorio administrativo hay 107 procesos activos, de los cuales 39 son proyectos de 4G.

Ante este panorama, Martha Lucía Ramírez, vicepresidente de la República, y Ángela María Orozco, ministra de Transporte, iniciaron con sus equipos –acompañados por la Procuraduría General– un estudio para identificar cuáles son los principales problemas de los proyectos y cuáles las eventuales soluciones para destrabarlos y darles certezas a los inversionistas.

                  Foto: Ángela Orozco, ministra de Transporte. Los proyectos de 4G suman más de 30 iniciativas y una inversión cerca a los $40 billones. 

De hecho, ya el Gobierno tuvo una ‘victoria temprana’: fue su primer cierre financiero de 4G: la Ruta del Cacao, proyecto de la segunda ola que presentó ante la ANI un contrato de crédito por $1,68 billones, en un proyecto cuya inversión total asciende a $2,1 billones.

Según conoció Dinero, el proyecto necesitaba un eximente de responsabilidad que dependía de la ANI y cuya determinación estaba demorada. La banca, en especial la multilateral, esperaba esta decisión para darle el cierre financiero definitivo. “Este es el primer resultado tangible del cuarto de reactivación económica que creamos para solucionar los problemas del programa 4G, esperamos obtener en los próximos meses resultados similares”, dijo la ministra Orozco.

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Sin embargo, de acuerdo con el documento presentado por el Ministerio de Transporte, el panorama de las 4G es complejo. En los aspectos ambientales y sociales “para 2017 se debían entregar ocho unidades funcionales de seis proyectos, de los cuales 87,5% tiene pendiente la aprobación del cierre ambiental; puntualmente, por aspectos relacionados con las compensaciones”, dice el informe.

A su vez, en el caso predial, a 30 de septiembre de este año, la situación para 9 proyectos de la primera ola en cuanto a disponibilidad era de 65,82%, pero solo 29,07% está escriturado. En la segunda ola los predios con disponibilidad son el 35,73%, mientras los escriturados son de apenas 3,62%. Y entre las iniciativas privadas, los disponibles son 22,62%, mientras que los escriturados son 5,24%.

Las situaciones que a la fecha afectan la ejecución de los proyectos de 4G están relacionadas con el cumplimiento de las competencias de órganos del poder público, o de su coordinación; o con la definición de posturas de las entidades del sector transporte, incluida la ANI.

“Por tanto, en este punto lo que corresponde es plantear medidas que permitan una mejor coordinación institucional, para que cada organismo, en el ámbito de sus competencias asignadas, las cumpla de forma oportuna y eficaz y adoptar correctivos al interior de la ANI para que se clarifiquen aspectos que, de forma innecesaria, impiden el correcto devenir contractual –unificación de criterios–”, señala el documento.

Ya el Gobierno tuvo un primer éxito en este campo. Ahora se necesita avanzar en las decisiones de las diferentes entidades y en las discusiones jurídicas para que se ajusten los contratos –por ejemplo en tiempos– y que las obras concluyan y quede, ahora sí, despejada la vía.

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