En las últimas semanas al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, le tocó ‘bailar con la más fea’. Las dificultades en la implementación de la Ley de Tierras, uno de los programas bandera del gobierno Santos; los desacuerdos con su director del Incoder, que determinaron la salida del funcionario; el enfrentamiento con los banqueros por el escaso crédito otorgado al sector y el drama del invierno, que afecta la producción agropecuaria del país, han copado la agenda de preocupaciones del Ministro.

Pero, como si la lista no fuera suficiente, se acaba de sumar una más que podría terminar por quitarle el sueño: la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en menos de dos semanas.

Aunque el anuncio del 15 de mayo como fecha para dar inicio a la nueva era del libre comercio con Estados Unidos prendió la fiesta para los empresarios del comercio y el sector industrial, a los del sector agropecuario los tomó por sorpresa.

Contrario a lo que se esperaba, los gremios afiliados a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) han adoptado una actitud pragmática frente al tema y, aunque reconocen la falta de preparación institucional para enfrentar el nuevo reto, no están ‘rasgándose las vestiduras’ como muchos anticipaban. ¿Qué papel tendrá que jugar el sector para ponerse a tono con la nueva realidad?

En 2003, durante una visita realizada por funcionarios del Ministerio de Agricultura a Chile, el diagnóstico resultaba preocupante: tal como estaban las cosas en la institucionalidad agropecuaria colombiana, el retraso frente a la chilena era de por lo menos 10 años. Aunque en los seis años que estuvo congelado el acuerdo se hicieron algunos cambios, los retrasos persisten.

“Infortunadamente, desde que se firmó el TLC el avance ha sido muy lento”, se lamenta el ministro Restrepo. Pero, no solo se refiere a la falta de obras de infraestructura, que pesan sobre la competitividad del país. También a la demora para modernizar instituciones que jugarán un papel determinante en el libre comercio. Restrepo destaca que en los dos últimos años la cartera a su cargo ha apropiado los recursos para avanzar en la transformación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que tendrá un papel clave en el proceso.

Aunque reconoce que “se perdieron valiosos años de trabajo”, está seguro de que nunca es tarde y por eso le ha puesto el acelerador a fondo a la transformación de las entidades del sector encargadas de hacer el acompañamiento a los exportadores de bienes agropecuarios y agroindustriales.

Dos tipos de estrategias ha desplegado el Minagricultura: defensivas y ofensivas. Las primeras incluyen medidas para proteger y apoyar a los sectores más amenazados, como el arroz, la pequeña lechería y el cultivo de fríjol, entre otros, con mejoras tecnológicas y crédito. De manera paralela, se desarrollarán estrategias ofensivas para impulsar la exportación de productos como frutas, verduras y carne.

Rafael Mejía, presidente de la SAC, reconoce que el reto es monumental y, frente al mismo, la institucionalidad “está demorada”. Sin embargo, destaca que el Gobierno ha hecho la tarea y ya la cartera de Agricultura no es una ‘cenicienta’ en materia de apropiación presupuestal.

Mientras en 2005 el presupuesto del Ministerio de Agricultura apenas llegaba a $682.000 millones, y de ellos $288.000 millones se iban en gastos de funcionamiento, para 2012 alcanza los $1,9 billones y, de ellos, $313.000 van para funcionamiento, el resto para inversión.

Sin embargo, tres son los temas que mayor preocupación generan al sector: la debilidad institucional para garantizar las condiciones de sanidad y admisibilidad de los productos –que abren las puertas en los mercados internacionales–; los retrasos en la infraestructura para exportar y las asimetrías que persisten en desmedro de los intereses colombianos.

En sanidad y acceso, el problema radica en la falta de reconocimiento internacional que tienen algunas certificaciones expedidas por estas entidades, y a la escasa coordinación entre el ICA y el Invima para corregir este problema. Mientras el ICA tiene a su cargo el manejo de sanidad tanto animal como vegetal, el Invima se encarga de la admisibilidad –en alimentos–. La falta de comunicación entre las dos entidades ha provocado pérdida de oportunidades para los empresarios.

El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, ha criticado duramente que, mientras los empresarios de Estados Unidos podrán vender desde el primer día del tratado productos cárnicos en territorio nacional, los colombianos no podrán colocar ni un gramo de carne en ese mercado, debido a la falta de estos certificados.

Para Mejía, de la SAC, el tema grueso tiene que ver con falta de infraestructura vial, pues el país carece de una red eficiente de vías primarias, secundarias y terciarias para movilizar los productos agropecuarios. Sin embargo, reconoce que este no es un problema particular del TLC con Estados Unidos, sino en general con todos los países con los que se han negociado acuerdos.

En materia de asimetrías, persisten las quejas por la mayor competitividad de los empresarios estadounidenses, derivada de subsidios o mejores condiciones de producción. En el caso particular de la avicultura, el presidente de Fenavi, Andrés Moncada, señala que las diferencias en los patrones de consumo –la mayor compra es de pechugas– generan distorsiones en el mercado de cuartos traseros de pollo, cuyo valor resulta muy inferior para el consumidor.

Más allá de las dificultades que se han identificado, los productores agropecuarios están preparando su artillería para aprovechar el TLC con Estados Unidos. Aunque todavía es temprano para anticipar un resultado, el ánimo con el que están llegando al ‘baile’ del libre comercio incidirá en que, al final, encuentren una buena pareja.