| 3/15/2018 12:01:00 AM

¿Cómo tener una buena política minero-energética en el país?

Lograr consensos mucho antes que la fase de consultas previas, así como crear un sistema de información que permita monitorear las actividades económicas rurales, propuestas para mejorar la minería en el país.

En medio de la infinidad de temas que se han dejado de lado en la actual campaña electoral, donde la polarización ha sido la norma, sobresalen la minería y las decisiones que debe tomar el país sobre esta actividad económica, que hoy también sufre por los extremismos de quienes la tienen completamente satanizada y quienes consideran que es una actividad clave para la economía del país.

Para tratar de dirimir este conflicto, en 2014 se creó el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (Gdiam), que fue convocado por el Social Science Research Council y la Fundación Ford y que, como dice su nueva directora, la abogada Claudia Jiménez, busca encontrar consensos entre visiones opuestas sobre este sector y hacer recomendaciones al Gobierno para poder tener una mejor política minera.

Entre los miembros del Gdiam se destacan el biólogo Fabio Arjona, vicepresidente de Conservación Internacional Colombia; el padre Francisco de Roux; Alcibíades Escué, quien ha representado a las comunidades indígenas; el exministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, y el expresidente de Cerrejón, León Teicher.

Jiménez, quien anteriormente fue directora de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala, dice que algunas de sus iniciativas ya han tenido eco en el Ejecutivo, como la de crear un marco legal para la minería de largo plazo, que está en un documento del Ministerio de Minas.

Faltan consensos

El diagnóstico del Gdiam es que los conflictos mineros entre gobierno nacional y territorios se dan justamente por falta de consensos previos. Por ejemplo, se otorgan las licencias ambientales sin consultar a las comunidades de influencia del proyecto.

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“Hay que ser incluyentes antes de tomar las decisiones, pero como eso no se ha dado, han sido los jueces los que han definido las reglas de juego sobre quién tiene la palabra final. Antes el Gobierno tenía la autoridad sobre el subsuelo, ahora debe conciliar con las autoridades locales”, explica Jiménez e insiste en que lo que se requiere es un mecanismo permanente de conciliación y coordinación con todos los involucrados. La clave es que todos compartan la misma información oportuna y transparente, para luego no estar apagando incendios.

Para la directora del Gdiam, entre más temprano empiece la comunicación entre las partes es mejor para el proyecto, lo cual no implica derechos de veto, sino lograr consensos.

Vocación del suelo

Otra de las áreas que ha analizado este Grupo de Diálogo tiene que ver con el ordenamiento territorial y la falta de claridad que hay en Colombia en lo que respecta a la vocación del suelo. “Son temas de país en donde tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Queremos territorios con o sin minería, con vocación multisectorial o solo agrícola?, pues justamente la falta de esa claridad hace que en los territorios donde hay varias actividades cada uno hale para su lado y no se pongan de acuerdo, al tiempo que se fomenta la informalidad”, precisa Jiménez y comenta que la extracción de materiales para la construcción se da en todo el país y es el sector minero con más informales.

En su concepto, la indefinición sobre la vocación económica de los territorios parte del error de pensar que el país rural es agrícola, cuando este también es petróleo, energía, gas, redes de transmisión eléctrica y turismo, entre otras cosas.

Un paso previo para determinar la vocación del suelo radica en tener un sistema de información que permita monitorear las actividades económicas rurales. El Gobierno ya tiene claro que debe avanzar en este campo, pues al menos en la parte mineroenergética está tomando decisiones a ciegas y prueba de ello es lo que ha pasado con Hidroituango, proyecto que al llegar a 75% de su construcción se encontró con que le aparecieron nuevas comunidades étnicas certificadas.

Las consultas

Quizás uno de los temas que hoy está generando más ruido en el sector minero tiene que ver con las consultas populares, que han puesto a los sufragantes a elegir entre agua y oro, así como las consultas previas, que retrasan las tomas decisiones para saber si un proyecto es viable.

“Los espacios de participación ciudadana hay que fortalecerlos y no para que las comunidades participen de cualquier manera, sino a priori, la primera vez que se presenta el proyecto y así evitar llegar a una consulta popular, que puede no ser el mejor instrumento para pronunciarse en materia minera. La idea es aprovechar las audiencias públicas y llegar a consensos antes de arrancar”, subraya Jiménez.

Claudia Jiménez, directora del Gdiam.

En lo que respecta a las consultas previas, que para algunos deberían ser modificadas mediante una nueva ley, en el Gdiam piensan que no es necesario cambiar las normas en este frente, pues con estas consultas se está cumpliendo una norma de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege a las comunidades étnicas, las cuales representan 13% de la población del país, pero están en 30% del territorio.

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“Hay que aprender a hablar con esas comunidades, ojalá mediante una agencia de diálogo intercultural y que, además, tenga capacidad de decisión en varios frentes, pues cuando se está en las discusiones mineras esas comunidades manifiestan su sentimiento de abandono por parte del Estado y su oposición a los proyectos se da más por ese abandono que por cualquier otra cosa”, enfatiza Jiménez y dice que la meta del Gdiam es convertirse en asesor de la política minera nacional.

Por ahora, el gobierno actual no les ha copiado todas sus propuestas, pero ya están hablando con candidatos a la Presidencia para que en su plan de trabajo tengan en cuenta estos temas y ayuden a sacar al país y a la minería de la polarización.

Tipos de minería

La política pública sobre minería no puede ser igual para todos los que ejercen esta actividad. Debe ajustarse a sus diferentes características. Entre ellos están los formales, que cumplen con todas las normas; los ancestrales y artesanales, que son las comunidades étnicas, que lo hacen por subsistencia, a pequeña escala y sin mecanización.

Otro grupo es el de los mineros informales, que incumplen al menos con uno de los requisitos de ley, pero quieren formalizarse y la minería ilegal, que es mecanizada, no cuenta con títulos mineros y en muchos casos es financiada por grupos criminales.

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