| 11/22/2018 12:01:00 AM

La truculenta historia detrás de la Ruta del Sol 2

El tramo dos de la Ruta del Sol es uno de los íconos de los problemas y dificultades en el desarrollo de proyectos en Colombia. Ahora se le suma la muerte de Jorge Enrique Pizano, uno de sus auditores, y su hijo Alejandro.

La Ruta del Sol 2 se ha convertido en una de las historias más truculentas en el desarrollo de los negocios en Colombia. Las denuncias sobre irregularidades en algunos contratos sin soportes que hizo Jorge Enrique Pizano, una especie de auditor del proyecto –que se conocieron tras su fallecimiento–, al entonces abogado y exministro Néstor Humberto Martínez y hoy Fiscal General de la Nación, son el más reciente desarrollo de esta controvertida obra.

Además de la muerte de Pizano, que se atribuyó a un infarto, días después también falleció su hijo Alejandro, por envenenamiento con cianuro al beber una botella de agua que estaba en la oficina de su padre.

El segundo tramo de la Ruta del Sol es una concesión en la que participaban Odebrecht, con 62%; Grupo Aval –a través de Corficolombiana y Episol– con 33%, y el restante 5% del Grupo Solarte y es uno de los proyectos de mayor tamaño e inversión en el país, con un valor total de $3,2 billones (troncal más otrosí), con una extensión de 528 kilómetros y que hace parte del proyecto Ruta del Sol, que incluye 3 tramos.

A finales de 2016, la confesión del pago de coimas por parte de Odebrecht para quedarse con el proyecto y la aceptación del entonces viceministro de Transporte, Gabriel García, de haberlas recibido, generó un tsunami en el desarrollo de infraestructura en Colombia, paralizó los cierres financieros de los proyectos de Cuarta Generación (4G) y se iniciaron nuevas investigaciones, a cargo de la Fiscalía General de la Nación y de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

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Las denuncias y revelaciones más recientes que reabrieron el controvertido pasado de este proyecto se conocieron en una entrevista que Pizano –controller de la obra; es decir, una especie de supervisor que revisaba las operaciones de la concesión– le dio a Noticias Uno en agosto de este año y que solo sería pública si él fallecía o salía del país como testigo protegido.

Pizano demostró –de acuerdo con las grabaciones de conversaciones– que el hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue informado y sabía de las irregularidades en algunos contratos sin soportes que halló el controller.

El noticiero publicó los audios de la conversación de 2015, cuando Martínez era abogado del Grupo Aval y una de las personas más cercanas a Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza de este poderoso conglomerado financiero, en los que Pizano le informa de las irregularidades encontradas en sus averiguaciones y la forma en que se habrían desviado recursos de la concesión para contratos que no se efectuaron.

Según el Fiscal, Pizano lo buscó en calidad de amigo y para aprovechar su cercanía con Sarmiento Angulo, para hacerle llegar esta información y que también supiera de la situación, porque en “la administración no le paraban bolas”.

Sin embargo, nuevos audios dan cuenta de que Martínez calificó los documentos como la conformación de algunos delitos, y la principal crítica de analistas y opositores es por qué no los denunció. Incluso, participó posteriormente en la elaboración de un acuerdo entre Odebrecht y Grupo Aval para que la firma brasileña devolviera recursos por $33.000 millones, pero no hubo denuncias ni se configuraron pleitos entre los socios por esos malos manejos.

A pesar de que Martínez Neira, en las grabaciones de 2015, asegura que entregará los documentos e informará a Sarmiento Angulo sobre estos hechos, el Grupo Aval en un comunicado reciente ha rechazado cualquier afirmación que pretenda señalar que conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos para obtener los mencionados contratos.

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Además, el concesionario el mismo año de los audios inició un tribunal de arbitramento contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por el pago de unos sobrecostos, en torno de los cuales también hay dudas, tribunal que ha sido muy accidentado. Ya entró en su etapa final y su fallo definitivo puede conocerse en los próximos meses.

La historia reciente

Precisamente, en 2015, meses antes de que las autoridades de Estados Unidos revelaran los pagos de sobornos que había hecho Odebrecht en la región, en los que se incluían los efectuados en Colombia, pero en el mismo año en que se dieron los audios que se conocieron recientemente, el consorcio Ruta del Sol 2 había realizado una demanda contra la ANI por lo que consideraba unos sobrecostos de construcción, cuya pretensión en principio fue de $1,1 billones, pero posteriormente se redujo a $750.000 millones.

Desde el Gobierno –la ANI y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado–, hubo consenso en que estos sobrecostos eran del concesionario y no se aceptó la demanda, por lo que las diferencias jurídicas derivaron en un tribunal de arbitramento por ese valor.

Sin embargo, este tire y afloje en un conflicto ‘normal’ en los proyectos de infraestructura en Colombia, tiene ahora un escenario adicional: según los audios revelados por Pizano a Noticias Uno, de sus conversaciones con Martínez Neira, y los que se conocieron con posterioridad, la cabezas del Grupo Aval ya conocían desde 2015 las irregularidades en el manejo de parte de la contratos que se realizaban en la obra, pero el conflicto contra la ANI siguió su camino.

Una vez se conocieron, a finales de 2016, las confesiones de corrupción por parte de Odebrecht en Estados Unidos, y en las que también estaba Colombia, la ANI en el mismo tribunal de arbitramento pidió que se declarara nulo el contrato.

En ese momento, en los primeros meses de 2017, empezaron las dificultades para el tribunal de arbitramento: los miembros de este renunciaron porque no se sintieron tranquilos tomando decisiones en medio de esa presión. Se procedió a escoger los nuevos árbitros y, como no hubo consenso entre las partes, los nombres se decidieron por sorteo en la Cámara de Comercio de Bogotá.

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En medio de estos ajustes, la SIC ordenó liquidar el contrato como medida cautelar, dado que incurrió en prácticas restrictivas de la competencia en su adjudicación.

La discusión

Una de las principales discusiones era si se daba por nulidad o por caducidad. Y esa discusión tiene dos frentes: uno, que, en caso de nulidad, solo se pueden reconocer las obras efectivamente realizadas sin utilidades; mientras en el caso de caducidad se liquida de acuerdo a la fórmula preestablecida en el contrato y se aplica la multa correspondiente. Y el segundo frente está relacionado con los efectos que generan y las posibilidades de sanciones e inhabilidades para que los miembros de la concesión no pudieran volver a contratar con el Estado.

La ANI recibió una orden de un juez ante una acción popular que se interpuso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de que se protegiera a los terceros de buena fe, como los empleados, proveedores y los usuarios de la vía. Se hizo un acuerdo entre la ANI y el concesionario de terminación del contrato –como lo exigía además la SIC– buscando además un periodo de transición para que se le entregue la obra al Invías para salir y contratar de nuevo.

Y en ese periodo había que hacer algunas cosas: asegurar el buen mantenimiento de la vía para no afectar a usuarios, pagarles a los empleados y proveedores, y hacer la auditoría de las obras por parte de la interventoría para determinar el valor real de las obras que se le estaban entregando al Estado y en función de eso poder liquidar el contrato. En este acercamiento no hubo un acuerdo en la parte económica y se trabajó en el desarrollo de una fórmula de liquidación que sería presentada al tribunal de arbitramento.

La discusión económica la explicó el expresidente de la ANI, Luis Andrade, en una entrevista a Dinero en agosto pasado: “A finales de ese año, grosso modo, el proyecto había recibido $2,4 billones de los bancos y $300.000 millones de los concesionarios (…) Nuestra postura, que al final no se aceptó y por eso todavía está en el tribunal de arbitramento, fue que nosotros no podíamos pagar más de lo que habían puesto los privados, o sea la suma de los $2,4 billones más los $300.000 millones, que da $2,7 billones, y la razón es que si hay una nulidad en un contrato la ley dice que no se pueden reconocer utilidades. Y si les pagáramos más de lo que pusieron estarían generando utilidades. Ellos –Odebrecht y sus socios– insistieron en una fórmula que les generaba una utilidad de $400.000 millones sobre el dinero que habían puesto. Eso para nosotros no fue aceptable”, dijo Andrade en su momento.

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Y agregó: “el otro punto que planteó la ANI en su momento fue que la suma de la deuda más el equity era un techo, porque había que verificar si las obras que se hicieron sí valían lo que aparecía en la contabilidad y la razón principal para esa sospecha es la cantidad de pagos irregulares que se hicieron desde la Ruta del Sol y Consol. La misma Fiscalía hace un año sacó un comunicado en el que dijo que esos pagos irregulares podían llegar a $80.000 millones. En la contabilidad estaban apareciendo valores de obra que realmente no se hicieron. Un buen ejemplo, que es conocido por la opinión pública, es el del consorcio Sión, una constructora de Sahagún que facturó $18.000 millones, creo, a favor de los señores Elías y Bula. Y eso aparece en la contabilidad como obra, pero claramente sabemos que no fue. La propuesta de la ANI era que estamos dispuestos a reconocer como un techo la suma de la deuda en los bancos con lo que pusieron los accionistas, pero sujeto a una verificación de que las obras estén allí. Sería absurdo que reconociéramos obras ficticias como las que se han revelado últimamente”, señaló Andrade hace tres meses en la entrevista a Dinero.

En ese momento, agosto de este año, surgió una nueva arista en la discusión con Odebrecht. La empresa brasileña anunció una demanda internacional contra el Estado colombiano por cerca de $3,8 billones, cuando según los cálculos de la ANI el techo para los reconocimientos eran de $2,7 billones, $1,1 billones más; es decir utilidades para una empresa que confesó corrupción y pago de coimas para quedarse con el contrato.

Los impactos

El lío generado en la Ruta del Sol 2 ha sido de hondo calado: el riesgo reputacional que se produjo por los hechos de corrupción minó la confianza entre el sector financiero y los concesiones de Cuarta Generación (4G), a tal punto que el año pasado solo se lograron dos cierres financieros para esos proyectos, cuando en 2016 habían sido 8. Para este año se esperan al menos otros 6 cierres.

La pérdida de confianza se dio porque los recursos de la obra que estaban en el fideicomiso y ascendían a $1,4 billones, eran esperados por el sector financiero; sin embargo, la ANI solo giró un poco más de la mitad, lo que se vio reflejado en provisiones que golpearon los resultados de los bancos que participaron en el proceso de financiación de la obra.

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A esta situación, se generó una controversia entre Andrade y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, por cuenta de la fórmula de liquidación del contrato de Ruta del Sol 2, en el que, a juicio del expresidente de la ANI, habría un error que obligaría a pagar beneficios no recibidos por el Estado por más de $400.000 millones, por reconocer dos veces el efecto de la inflación.

Según Sarmiento, en un artículo publicado en El Tiempo, en la Ruta del Sol 2 la concesionaria alcanzó a construir aproximadamente el 52% de la obra, que el Estado hasta el momento no ha pagado. A juicio de Sarmiento, la demora en hacer el primer pago de los recursos que estaban en el fideicomiso le habían causado intereses financieros adicionales del orden de $300.000 millones, y por esa razón, “los bancos financiadores se vieron en la necesidad de aplicar el pago recibido en primera instancia a poner al día esos intereses”.

Además, este debate coincidió con un ajuste a la ley de infraestructura que le diera certeza en las reglas del juego a los financiadores en casos de liquidación de un contrato. Para algunos, la ley favorece a los inversionistas, pero otros consideran que eso no es cierto. “No es para inversionistas, es para financiadores, sean nacionales o extranjeros. Creen que el proyecto es para favorecer a Corficolombiana –es decir, Sarmiento–, cuando en verdad se trata de dar garantías (sin llegar en ningún caso a omitir el riesgo) a quienes le prestaron plata a Corficolombiana, llámese un fondo de pensiones nacional o un fondo de inversión extranjero”, explicó para una edición pasada un analista a Dinero. La ley fue demandada ante el Consejo de Estado por el anterior contralor general de la Nación, Edgardo Maya, y el senador Luis Fernando Velasco está impulsando un nuevo proyecto de ley para ajustarla.

Pero, los problemas y dificultades para personas vinculadas con entidades que han venido vigilando y realizando investigaciones y con el tribunal de arbitramento, aparecieron: además de la renuncia de los miembros del primer tribunal, se sumó el fallecimiento del árbitro Jorge Arango, quien era parte del Tribunal, y en las últimas semanas fue nombrado en su reemplazo Jorge Enrique Ibáñez.

De otra parte, Amparo Cerón, fiscal del caso, tuvo un grave accidente automovilístico en Chile, estuvo en coma por varios días y sigue incapacitada.

Para el Gobierno Duque esta es una de las dificultades más importantes que debe solucionar. Si bien están esperando el fallo del tribunal de arbitramento que definirá la demanda y liquidación del contrato, es necesario pensar en la realineación del proyecto que lleve a su terminación y que no tenga problemas en el mantenimiento del 52% construido.

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No hay que pasar de vista que la Ruta del Sol, segundo sector, es fundamental para la economía del país en la medida que mejora la movilidad en cerca de 528 kilómetros de un trayecto que recorre varios departamentos. Es por eso, que la ANI prepara desde ya las licitaciones que permitirían terminar las obras de ampliación de 2 a 4 carriles. Actualmente, el Invías ejecuta algunos contratos para recuperar parte de las intervenciones que no se terminaron.

“La nueva Ruta del Sol 2 la vamos a dividir en dos contratos: Ruta 45, entre Puerto Salgar y Barrancabermeja y Barrancabermeja-San Roque. Con esta separación la idea es hacer los contratos financiables porque antes había quedado muy grande”, anticipó Louis Kleyn, presidente de la ANI. Estas licitaciones se abrirían en cerca de 2 años.

El recorrido de la Ruta del Sol 2 sigue siendo muy sinuoso y escabroso. Solo el caso del Concesionario del Magdalena Medio (Commsa) que incumplió con el contrato de la construcción de la vía Tobía Grande-Puerto Salgar, adjudicado en 1997, había despertado tanto interés y atención. El país espera que esta obra fundamental para la competitividad nacional se termine, pero también que se conozca toda la verdad de sus operaciones, hacia dónde derivaron los recursos y si también, incluso, llegaron a financiar campañas políticas. Hay que seguir el rastro del dinero.

Las investigaciones

Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía ha venido adelantando diversas investigaciones sobre los pagos irregulares efectuados por Odebrecht relacionados con Colombia para la adjudicación de contratos de obra pública. De las denuncias que surgieron por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, esos pagos ascendieron a US$11,1 millones, unos $21.550 millones de la época. La Fiscalía encontró un pago de US$6,5 millones ($12.350 millones) por la adjudicación del Contrato de Concesión de la denominada Ruta del Sol II y otro por US$4,6 millones ($9.200 millones) relacionado con la adición a ese contrato y realizar la vía Ocaña-Gamarra.

Otras investigaciones sobre pagos realizados por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en el exterior, y otros pagos de contratos sin los soportes establecen que se pudo haber llegado a una cifra cercana a los $84.000 millones, en investigaciones que hoy adelanta la Fiscalía.

Por su parte, antes de retirarse de su cargo el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dictó pliego de cargos para distintos jugadores de la concesión por varias prácticas anticompetitivas que habrían sido ejecutadas, en cada caso, por algunas de las empresas y altos directivos investigados, y estarían relacionadas con el pago de un soborno a un alto funcionario del Estado vinculado con el INCO (Gabriel García, que además fue delator en el proceso); el aprovechamiento de un conflicto de intereses y la realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador.

La Superindustria, con base en la denuncia instaurada el 6 de enero de 2017 ante la Fiscalía pudo establecer que “Luiz Antonio Bueno Junior a nombre de Odebrecht habría acordado con José Elías Melo Acosta a nombre de Corficolombiana que, después de pagado el soborno de US$6,5 millones por parte de Odebrecht a Gabriel Ignacio García Morales, se dividirían el costo del mismo a lo largo del proyecto, asumiéndolo Odebrecht y Corficolombiana en proporción a su participación en Ruta del Sol tramo 2”. La SIC también encontró que, en el marco del proceso de licitación pública de Ruta del Sol, Episol, Corficolombiana y Odebrecht intentaron celebrar un acuerdo anticompetitivo o conformar un cartel con sus eventuales competidores. La investigación en este caso no avanzó porque el acuerdo no prosperó.

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