| 3/7/2019 12:01:00 AM

Hidroituango, cómo se quedó EPM con el proyecto

La Fiscalía abrió, entre otras líneas de investigación, una para determinar cómo se adjudicó a EPM el contrato para construir Hidroituango. ¿Qué pasó hace casi una década?

El miércoles 27 de febrero la Procuraduría y la Contraloría realizaban una asamblea informativa en Medellín para escuchar a las comunidades, a la Alcaldía y a las directivas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) acerca de la crisis del proyecto hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango) y a las consecuencias ambientales y sociales del manejo del caudal del río Cauca. Y, al mismo tiempo, la Fiscalía General alistaba anuncios sobre investigaciones que involucran a los responsables del proyecto.

En la tarde de ese día, el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció varias líneas de investigación en torno a Hidroituango: una, en daño ambiental y, otra más, por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. A ellos vinculó a ocho personas, entre ellos al exgobernador de Antioquia Álvaro Villegas y a los exgerentes de EPM Juan Felipe Gaviria y Juan Esteban Calle. Pero además abrió investigación por presuntas irregularidades en la contratación directa del proyecto con EPM, en lo que el Martínez denominó el pecado original de la obra, por una adjudicación a dedo.

En 2009, la junta directiva de Hidroituango decidió dejar en manos de un tercero el desarrollo de las obras, de tal manera que asumiera su construcción. Todo sería enmarcado en un esquema denominado BOOMT, una sigla en inglés que indica que el seleccionado debía construir, financiar, operar y mantener la hidroeléctrica durante un plazo determinado, al término del cual debía devolverla a Hidroituango S.A. E.S.P.. Como contraprestación, el tercero elegido tendría derecho a explotarla, pagando una remuneración.

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El 17 de noviembre de 2009 hicieron la primera invitación pública internacional a precalificar a quien tuviera experiencia técnica y operativa, y solvencia financiera suficiente. Hasta el 18 de enero de 2010 recibieron solicitudes y quedaron 7 empresas: China Three Gorges Corporation, Consorcio Kepco, Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Electrobrás), Odebrecht S.A., Camargo Correa S.A., Andrade Gutiérrez S.A. y EPM.

Sin embargo, como advierte la Fiscalía, los socios de Hidroituango avanzaron en una negociación directa con una de las firmas, EPM, y concretaron que esta empresa asumiría ese proceso bajo el modelo BOOMT, para restituir la obra 50 años después.

Por esta decisión La Fiscalía imputó cargos contra Luis Guillermo Gómez Atehortua, gerente de Hidroituango S.A., y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM Ituango, por firma de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, a algunos dirigentes paisas los sorprende la decisión de la Fiscalía, pues EPM como dueño del proyecto podía quedarse finalmente con la construcción, como en su momento lo pedía la sociedad antioqueña.

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¿Qué pasó?

Para llegar a la decisión de la Fiscalía es interesante reconstruir el entorno del proyecto hace poco más de una década. Hasta 2008, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) y EPM tenían la misma participación accionaria. Sin embargo, ese año el Idea decidió hacer una movida: aumentar su presencia al comprarles a algunos minoritarios. Así, el departamento se quedó con el control del proyecto, con 52,88%, mientras EPM terminó con 46,5% y el 0,62% restante en otros 27 accionistas.

El hecho generó tensiones que causaron incluso diferencias entre el Departamento y la Alcaldía de Medellín, que se distanciaron. Posteriormente, comenzó el proceso –que hoy menciona la investigación de la Fiscalía–, que pretendía traer un constructor e, incluso, se mencionó la posibilidad de desarrollar un proyecto industrial –en especial de aluminio–, que consumiera gran parte de la energía que generara la central.

Pero las tensiones entre la Alcaldía y el Departamento empezaron a superar fronteras. Hasta el propio Gobierno –en ese momento liderado por Álvaro Uribe– y algunos dirigentes privados de Antioquia empezaron a terciar para acercar a las partes y buscar que EPM desarrollara la obra. Hacia el segundo trimestre de 2010, las presiones políticas y empresariales en Antioquia aumentaron.

El 4 de julio de 2010, como reportó Dinero en su edición 356, el Idea y EPM firmaron un acuerdo de voluntades para lograr un arreglo (ver fotografía).

El 11 de agosto de ese año, en un evento público, Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia; Alonso Salazar, alcalde de Medellín; Álvaro Vásquez, director del Idea, y Federico Restrepo, gerente de EPM, firmaron lo que llamaron entonces un acuerdo histórico que le dio vía libre a que EPM construyera Hidroituango.

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No solo hubo tensiones políticas. También hubo que buscar acuerdos para determinar cómo quedaban en la operación los socios de Hidroituango. El acuerdo inicial establecía tres hechos fundamentales. Uno, que ni la Gobernación de Antioquia ni el Idea venderían sus acciones en la sociedad Hidroituango, de tal manera que el departamento no perdiera el control de la sociedad. Dos, que la Gobernación y el Idea recibirían una remuneración a la firma del convenio y la garantía de un pago anual durante los años de operación en que EPM tuviera a su cargo el proyecto. Y tres, garantizar a EPM la tasa interna de retorno similar a la que la empresa obtiene en promedio de sus proyectos de generación de energía. Así, al Idea le dio la posibilidad de acceder a unos ingresos que estimaba en ese momento en más de US$700 millones, y a EPM incorporar en su cadena de generación uno de los proyectos más relevantes en el mediano plazo en Colombia y el más grande en el país.

Sin embargo, la emergencia de abril pasado ha replanteado toda la estructura del negocio y ahora será necesario definir el futuro del proyecto.

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