| 5/10/2018 12:01:00 AM

El revolcón que sacudirá a los títulos mineros en Colombia

Ante las reiteradas quejas del sector minero y los entes judiciales por las deficiencias al otorgar títulos mineros, el Gobierno tiene lista la regulación que cambiará la forma como se otorgan estos derechos.

Por años se ha criticado al gobierno nacional al permitir que los títulos mineros se adjudiquen con solo presentar la cédula de ciudadanía. Es una situación que no ha cambiado mucho y que ha llevado a que miles de títulos mineros no se usen ni siquiera para la fase de exploración. Adicionalmente, se critica el hecho de que no se tenga en cuenta a los alcaldes y gobernadores a la hora de otorgar este tipo de derechos; muchos de los mandatarios locales se han quejado porque llega la maquinaría, los tornillos de perforación y campamentos a sus municipios, sin ser siquiera avisados o notificados. Ahí muchos proyectos que pintan bien terminan enterrados en el valle de la muerte.

A esto hay que sumar la proliferación de alcaldes que abanderan consultas sociales para prohibir la minería en sus territorios. Es una tendencia que sigue incrementándose y que está espantando a los inversionistas mineros de Colombia. La situación es tan grave que no hay mucho ambiente para seguir explorando en el país. Según Brújula Minera, 34% de los empresarios encuestados este año tienen previsto reducir las operaciones mineras en el país. El año pasado ese indicador estaba en 27%. Los principales motivos de ese creciente malestar: las dificultades para obtener las licencias ambientales (28%), la falta de estabilidad jurídica (24%), la falta de apoyo del Gobierno (22%) y el rechazo de las comunidades (18%).

Queda claro que buena parte de los problemas están vinculados a esa mala relación entre proyectos y comunidades, salvo algunas excepciones. Por todo ello, la Agencia Nacional de Minería (ANM) expedirá en las próximas semanas dos resoluciones que tienen dos propósitos fundamentales: seducir a las comunidades para que no solo acepten los proyectos mineros en sus municipios, sino que los deseen. Lo otro es limitar el campo de acción de los especuladores de títulos mineros exigiendo un mayor músculo financiero para optar a un título.

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“Debemos organizar el sector y ponerle una vara más alta”, dijo la presidente de la ANM, Silvana Habib Daza.

La primera resolución derogará la resolución 831 del 27 de noviembre de 2015 y elevará las exigencias económicas para optar a los contratos de concesión y cesión de áreas.

En una memoria justificativa que elaboró la ANM y a la cual tuvo acceso Dinero, se explica que las personas naturales o jurídicas que quieran optar por un título no solo deben acreditar suficiencia financiera antes de iniciar la etapa de exploración de un proyecto, también deben respaldar el músculo económico para la “etapa de construcción y montaje o explotación”. (Consulte este documento aquí).

Eso hará una diferencia enorme, teniendo en cuenta que las exigencias económicas para los interesados en títulos se limitan en la actualidad a ingresos y capacidad de endeudamiento para la fase de exploración. Incluso, muchos especuladores se quedaban con varios títulos con la misma acreditación financiera. Eso derivó en un mercado secundario de títulos con personas ajenas al sector que solo buscaban incrementar los precios de los derechos sin tener interés en la exploración y mucho menos en la explotación.

Con la nueva resolución, la ANM hará un estudio de cada cifra reportada y determinará si el dinero o cupo de crédito es suficiente en función del tamaño del proyecto.

La otra resolución que expedirá la Agencia antes de terminar el Gobierno busca empoderar a las comunidades y alcaldes del país en este tipo de proyectos. “En muchas oportunidades el inversionista no hace nada. La idea es que una vez se otorgue un título y antes de que salga el contrato de concesión, se haga una audiencia pública en donde se informe y escuche a la gente sobre el proyecto. Que los responsables del proyecto minero se enteren de las expectativas de la población. Así mismo, durante la fase de construcción y montaje de los equipos e infraestructura para explotación, el titular debe sentarse con la Alcaldía para concretar un proyecto que debe ser asumido por la empresa minera”, explicó Habib.

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Esa intervención u obra debe estar acorde con el tamaño del proyecto y debe ser concertado con la administración y la comunidad. Se busca que dicha inversión haga parte del plan de desarrollo territorial ya aprobado, con el propósito de evitar proyectos suntuosos o innecesarios. La ANM será garante y supervisor de la ejecución de esas inversiones. Cuando el título sea muy pequeño, se pedirá información del proyecto y no necesariamente se exigirá una obra. “A todos no se les puede pedir lo mismo”, puntualizó la funcionaria.

Es necesario estar muy atentos para que esta ventana que se abre no termine en peticiones personales o políticas de los alcaldes o en obras que no sean prioritarias para las comunidades. En una población esmeraldera se conoce el caso de un párroco que pidió a una empresa minera so pena de echar en contra a los feligreses.

En cuanto a las dos resoluciones que expedirá el gobierno nacional en las próximas semanas, varios empresarios presentes en IV Congreso de Minería llevado a cabo hace unos días en Cartagena, expresaron su preocupación debido a que esto puede encarecer aun más los proyectos mineros.

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“El government take (porcentaje que va para el Gobierno y que sale del flujo de caja del proyecto) de Colombia es uno de los más altos de la Región, esto podría incrementar el valor de los proyectos y espantar aún más a los inversionistas”, dijo uno de ellos. Sin embargo, los empresarios deberían ver que este tipo de iniciativas y regulaciones pueden convencer a las comunidades de los beneficios de la minería. De la bien hecha.

Más tecnología

La ANM también trabaja en un nuevo sistema de gestión minera que permitirá realizar los trámites en línea. “En 2019 será un hecho que desde cualquier sitio se pueda acceder al Catastro Minero y ver qué empresa tiene operaciones en una determinada área, el número de hectáreas y qué obligaciones paga”, dijo la presidente de la Agencia Nacional Minera, Silvana Habib. Una de las tareas pendientes es digitalizar todos los documentos y títulos vigentes. Según la ANM, los de Pasto, Ibagué y Chocó ya están digitalizados, mientras que el resto del país estaría listo en diciembre.

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