| 3/28/2018 12:01:00 AM

Este es el talón de Aquiles del sector agropecuario colombiano

Pese a que el sector agropecuario crece hoy más rápido que muchas otras actividades económicas, tiene una grave falta de planificación. La Upra busca resolver este problema, que afecta la productividad del país.

En 1992, tras un fuerte Fenómeno de El Niño que produjo un apagón en el país, el entonces ministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, propuso la creación de una entidad que ayudara a planificar el sector energético y así evitar que Colombia se volviera a quedar sin luz. Esa entidad es la Unidad de Planeación Mineroenergética (Upme) y es una de las responsables de que el país hoy sea una potencia de generación hidroeléctrica.

Casi 20 años después, en 2011, el mismo ministro Restrepo, pero esta vez en la cartera de Agricultura, le dio vida a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), también con el propósito de que el país organice sus ideas con respecto a su sector agrícola.

Aunque Colombia es una nación con vocación agropecuaria que puede desarrollar en 11,3 millones de hectáreas, solo tiene cultivado 35% (4 millones de hectáreas) de ese potencial y con bajos niveles de productividad; si realmente se planeara qué, en dónde y cuánto cultivar, esta cifra podría multiplicarse.

Felipe Fonseca, director de la Upra, explica que su entidad no es ejecutora, sino planeadora y que antes de hacer recomendaciones se dedicó a realizar un buen diagnóstico de la Colombia rural, que no solo tiene problemas de productividad, sino también de uso eficiente del suelo y de la propiedad de la tierra.

Foto: Felipe Fonseca, director de la Upra. Uno de los trabajos de la Upra ha consistido en hacer diagnósticos del país rural.

Se estima que 58,3% de los predios rurales privados son de menos de 3 hectáreas y pertenecen 56,4% de los propietarios. Paralelamente, de los 15 millones de predios que existen en el país, 11 millones son urbanos y 4 millones rurales, pero lo mayoría (65%) no tienen formación catastral; es decir, no existe un inventario físico jurídico de la propiedad.

Con costos extras

Otro elemento que le resta competitividad al campo nacional es que 75% de las zonas rurales están a más de cuatro horas de alguna de las 18 principales ciudades del país, lo que se traduce en más costos para la producción agrícola.

“Se han creado planes decenales en salud y en educación, pero no se ha hecho ninguno para planificar el agro a largo plazo”, dice Fonseca. Insiste en la necesidad de proyectar el sector agrícola, que tras el acuerdo con las Farc se debe convertir en uno de los motores de la economía. No en vano, mientras en 2017 el PIB creció 1,8%, el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca avanzó 4,9%.

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La Upra también está ayudando en el ordenamiento social de la propiedad, que se está haciendo mediante una reforma de la Ley 160 de 1994. Así mismo, trabaja en analizar el mercado de tierras agropecuarias, el cual tiene dinámicas distintas en cada zona del país. En general, en ese mercado hay mucha informalidad, se compra y se vende sin los títulos de propiedad y en la Upra buscan hacer un plan para evitar el acaparamiento y la fracción de tierras.

Las 4G del campo

Para mejorar la competitividad agropecuaria también es necesario aumentar y mejorar los distritos de riego, que Fonseca no duda en calificar como “las 4G del campo”. Dichos distritos tienen un impacto positivo en la productividad de los cultivos, pues permiten tener agua constantemente. En el país hay 731 distritos de riego auspiciados con recursos públicos, pero la mayoría (95%) de ellos son a pequeña escala; es decir, que benefician menos de 500 hectáreas. Con recursos privados hay menos distritos, pero su impacto llega a un millón de hectáreas. Sus propietarios son los cultivadores de productos tecnificados como la caña y el banano.

Fonseca explica que los distritos de riego han sido la clave del éxito de la agricultura de países vecinos como Chile y Perú. Sin embargo, en Colombia el problema ha estado en dos frentes: el primero es la falta de planificación (los distritos de riego se construyeron como consecuencia de protestas populares y no buscando el lugar en donde pudieran beneficiar la mayor cantidad de agricultores) y segundo, porque no son considerados un servicio público esencial, con lo cual no se puede obligar a sus beneficiarios a pagar por el servicio de riego.

“Si los usuarios no pagan el distrito no puede operar; además, existe el riesgo de que el agua del distrito no se use para cultivos sino para suministrar del líquido a una casa quinta y ese, claramente, no es el objetivo. El lío es que ya ha ocurrido en varias zonas del país”, precisa el funcionario.

Para corregir estas situaciones, se está tramitando un proyecto de ley que considere el distrito de riego como un servicio público, pues es para producir comida.

Igualmente, en el proyecto de ley de tierras del Ministerio de Agricultura –que busca dar claridad sobre la titularidad y el uso social de los predios y que el Congreso debería discutir en la presente legislatura– se abre la posibilidad para que entren privados a construir y operar distritos de riego, mediante Alianzas Público Privadas (APP).

En lo que respecta a los productos agrícolas y pecuarios a los que el país les debería apostar, en la Upra proponen el desarrollo de clústeres productivos y uno de los primeros sobre los que están trabajando es el forestal.

Lo que se busca con esto no solo es identificar las mejores tierras para sembrar árboles, sino saber hacia dónde orientar el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), que es una ayuda que da el Gobierno para sembrar y mantener plantaciones forestales comerciales.

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“El lío de esta actividad no es la falta de plata o de un mapa para ubicar las mejores tierras, sino la escasa planificación. En el país existen 450.000 hectáreas donde se pueden sembrar forestales, pero además hay 32 especies de árboles distintas para ese propósito. Sin embargo, muchos cultivadores siembran sin tener una estrategia comercial, lejos de los puertos o de las zonas donde se trata la madera y no se han podido organizar en clúster como sí lo han hecho las flores, el café, el banano y el azúcar”, insiste Fonseca.

Además, Colombia, que tendría la capacidad para producir toda la madera que consume, no logra esa meta y debe importar una buena parte de Chile. Otra ventaja que en la Upra le ven a los cultivos forestales es que son generadores de empleo, pues se requieren jornales permanentes para el mantenimiento de los árboles.

Actualmente, 170.000 personas trabajan en actividades forestales en el país. La meta de la Upra es que a 2038 haya 1,5 millones de hectáreas sembradas con este tipo de árboles, generando 500.000 puestos de trabajo.

Ojalá, al igual que ocurrió con la Upme, la Upra sirva para que el país se convierta en una despensa de alimentos y en un jugador forestal relevante.

Apuesta acuícola

La acuicultura es otra de las actividades rurales en donde el país puede tener ventajas de producción. En el mundo se producen 6,6 millones de toneladas de peces comestibles y China es el mayor productor global, seguido de Vietnam e Indonesia. El gigante asiático también es el mayor exportador e importador de peces, mientras Colombia ocupa el puesto 41 entre los que más compran pescado del exterior, lo que equivale a unas 130.676 toneladas anuales.

La producción nacional, hasta 2015, alcanzaba 150.465 toneladas, de las cuales 70,9% se obtuvo por acuicultura y el resto por pesca. En 14 departamentos cuentan con estanques para piscicultivos. Lo que más se produce es tilapia y cachama, seguido de lejos por la trucha. Esas son las tres especies de peces priorizadas por la Upra.

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