| 7/5/2018 12:01:00 AM

¿Cuánto costarán las promesas de Iván Duque?

Durante las campañas presidenciales, los candidatos se exceden en promesas, algunas de las cuales son difíciles de cumplir. ¿Qué propuso Iván Duque?

Aunque no hay todavía claridad sobre la manera como el próximo gobierno implementará las propuestas fiscales hechas durante la campaña por el presidente electo, Iván Duque, vale la pena dimensionar el esfuerzo que podría implicar.

En el campo tributario el principal objetivo planteado fue simplificar el sistema para las empresas y las personas naturales, de modo que quede con unas tarifas competitivas y unas distorsiones mínimas.

De esta manera se pretende acelerar la inversión, por medio de unos menores impuestos a las empresas y una mayor certidumbre, para incrementar la productividad y acelerar el crecimiento. Gracias a ello, al mismo tiempo se ampliaría la base tributaria, lo cual contribuiría a incrementar el recaudo.

La reducción de la tasa del impuesto de renta de las empresas (33% en 2019), a una proporción competitiva, que podría ser de 30%, como en México, implicaría un descenso de los ingresos del gobierno nacional Central (GNC) de 0,3% del PIB y, ceteris paribus, una ampliación de esa magnitud en su déficit, bajo la suposición de que cada punto de la tasa equivaliera a $1 billón.

Un descenso más ambicioso, hacia 25%, como en Chile, o 21% en Estados Unidos, implicaría, sin adoptar otras medidas, un descenso del recaudo y un incremento del déficit de 0,8% y 1,3% del PIB.

Si la reforma tributaria disminuyera de una manera pronunciada el costo del capital, el estímulo a la inversión podría conducir a un aumento de la relación capital/trabajo, que conduciría a elevar la tasa de crecimiento de la economía en cerca de 0,4% anual, como estimaron algunos economistas, que habría ocurrido gracias al recorte de la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas en Estados Unidos.

Con un aumento como ese de la actividad económica, los ingresos tributarios no petroleros se elevarían en cerca de 0,5% anual, si se supone una elasticidad de 1,15% del recaudo de impuestos al PIB, como recomienda el Comité de la Regla Fiscal. Eso incrementaría los ingresos del Gobierno Nacional Central en 0,1% del PIB anual.

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En tal caso, todavía habría que buscar otras fuentes para compensar el resto del recorte del impuesto de renta de las empresas.

Además se planteó no cobrar el IVA durante seis días al año. Dejar de hacerlo tendría un costo cuando mucho de 0,1% del PIB, si se hace sobre el IVA externo e interno y el impuesto al consumo. No es mucho, pero se agregaría al costo de la rebaja del impuesto de renta empresarial.

También se propuso redefinir el sistema tributario territorial para generar una mayor autonomía fiscal de los niveles subnacionales de la administración pública, por la vía del fortalecimiento de los impuestos locales. Con base en ello se podría pensar en reformar el sistema general de participaciones, para reducir las transferencias sin desfinanciar el gasto en las regiones.

Asimismo se ofreció establecer unos incentivos tributarios y estabilidad jurídica para las empresas que hagan inversiones productivas para generar empleo formal. Calcular su costo aproximado no es fácil ex ante. Quizá no convenga ofrecer estabilidad jurídica solo a unas empresas, por el riesgo de generar inequidad tributaria.

De un modo paralelo, se quiere utilizar la factura electrónica para trazar con detalle las transacciones, con el fin de reducir la evasión de los impuestos.

Por el lado del gasto público se buscará racionalizarlo y crear unas herramientas para clasificarlo y ejecutarlo de una manera transparente, que privilegie la inversión y genere unas alertas tempranas contra el despilfarro.

Se pretende también crear el estatuto nacional de los subsidios para definir, implementar y evaluar las estrategias de mitigación de las necesidades de los más vulnerables, con base en unos sistemas de información transparente y digital. Esta propuesta es conveniente porque bien implementada podría contribuir a racionalizar y focalizar los subsidios en la población más pobre.

Se introducirá un Fondo de Ingreso Mínimo Garantizado, para prefinanciar la cobertura pensional de la población más vulnerable, con base en esquemas financieros sostenibles.

Si se supone, de acuerdo con los datos de la población de las Naciones Unidas, que en 2020 los adultos mayores en el país sumarán alrededor 4,4 millones y que de ellos solo 23% tendrá una pensión, habría que tratar de otorgar un subsidio para 3,4 millones. Hacerlo al salario mínimo de hoy costaría alrededor de $2,6 billones, equivalentes a 0,3% del PIB. No parece mucho y vale la pena.

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Se eliminarán las partidas globales para regionalizar en el presupuesto general de la Nación, que es lo que se conoce de manera coloquial como la mermelada. Con ello se podría ahorrar cerca de 0,1% del PIB.

Las campañas políticas serán financiadas por el Estado, lo cual implicará un costo adicional.

La gran dificultad que tendrá la administración del presidente Duque para implementar este conjunto de propuestas es que deberá acatar las metas decrecientes de déficit establecidas con base en la actual regla fiscal, para estabilizar y llevar a la deuda pública a una trayectoria descendente. De ello dependerá la credibilidad de su política fiscal, la confianza de los inversionistas y, en buena parte, la calificación de la deuda soberana del país.

La última revisión de las metas determinó que se mantuviera la del déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) en -3,1% en 2018 y se estableciera en -2,4% para 2019, -2,2% para 2020, -1,8% para 2021 y -1,4 para 2022, en todos los casos como proporción del PIB de cada año, para converger luego al -1% del PIB de déficit estructural a partir de 2027.

Con esas metas de déficit, llevar a la práctica las propuestas del presidente Duque requerirá un gran esfuerzo, sobre todo si se quiere establecer una tasa de impuesto de renta competitiva y pagar la deuda social contraída con los adultos mayores.

Para ello se requerirá modernizar la Dian, con el fin de que tenga una mayor capacidad de reducir la evasión y el contrabando. Con ello quizá fuera posible incrementar el recaudo en cerca de 1% anual del PIB, como proponía el programa de Germán Vargas. A ello también ayudaría eliminar la mayor cantidad posible de exenciones y beneficios tributarios, que perforan la base y generan inequidad tributaria.

Por último, se podría incrementar la tributación de renta de las personas naturales, para aquellas que perciben altos ingresos y cuantiosos dividendos. Como se puede apreciar, la aritmética del plan de gobierno del presidente electo, Iván Duque, no será fácil. Por fortuna cuenta con un excelente equipo para cuadrarla.

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