| 8/11/2013 7:00:00 AM

¿Esa platica se perdió?

Mediante 842 procesos de responsabilidad fiscal, la Contraloría Distrital advierte que cerca de $800.000 millones están en el limbo. El organismo también prende las alarmas sobre la baja ejecución de la alcaldía de Petro.

En los círculos informales, cuando le preguntan cómo van las cosas, Diego Ardila, contralor de Bogotá, contesta con una frase inconclusa: “por la Contraloría todo marcha bien, pero por la Alcaldía...”. Su respuesta –mitad en serio y mitad en broma– resume las no pocas preocupaciones que lo asaltan en cuanto al futuro de la ciudad y la gestión del alcalde Gustavo Petro. Afirma que el panorama de la capital se advierte gris y le inquietan las decisiones que se han tomado en el último año y medio.

Quizás eso explique por qué en su despacho hoy reposan cientos de recomendaciones, hallazgos y controles de advertencia relacionados con la Administración. Entre ellos, llaman la atención centenares de procesos de responsabilidad fiscal que buscan evitarle a la ciudad la desventura de perder poco menos de $800.000 millones.

Sobresale, además, un informe según el cual algunas de las principales entidades del Distrito han ejecutado a estas alturas del año menos de 5% de su presupuesto. Y, finalmente, descuella una suerte de dossier en donde la secretaría de Movilidad aparece en la mira del Contralor por temas tan sensibles como la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) o la implementación de los peajes urbanos.

Dinero conoció en exclusiva cada uno de esos documentos. Los hallazgos son realmente alarmantes.

Cuentas claras

Por estos días, tal vez el mayor desafío de Ardila sea llevar a feliz término los 842 procesos de responsabilidad fiscal –abiertos actualmente– con los que su despacho pretende recuperar nada menos que $755.000 millones.

Un monto que se desprende de aquellos contratos non sanctos suscritos durante las administraciones de Samuel Moreno y Gustavo Petro.

Dentro de ese rosario de contratos, la Contraloría ha clasificado como “los más relevantes” a un grupo de 11 que al sumar sus cuantías sobrepasan los $100.000 millones. Allí aparecen, por ejemplo, procesos como el 170100-0002-12 relacionado con las irregularidades en la contratación de ambulancias entre el Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS) y la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Médico Ltda., firmado el 30 de septiembre de 2009 por $3.045 millones.

Figura también –en ese ‘selecto’ paquete– un proceso abierto en contra de la Secretaría de Hacienda por omitir presuntamente trámites de verificación a la hora de recaudar acreencias del Distrito por concepto de impuestos. El caso podría significarles a los bogotanos un detrimento patrimonial por $38.312 millones. La lista sigue con los contratos de semáforos ($2.999 millones), comparendos ($5.823 millones), chatarrización ($1.386 millones), esquema de basuras ($33.343 millones), o la EPS Capital Salud ($9.304 millones).

Cada uno de los procesos en mención, a juicio de la Contraloría, tiene visos de ilegalidad. Al igual que otro suscrito entre la firma Servicios Integrales para la Movilidad (SIM) y la Secretaría de Movilidad por $5.309 millones para adelantar un censo de taxis en Bogotá. En un extenso informe, el ente de control asegura que “transcurridos cuatro años –desde la firma del contrato– aún no es posible garantizar la operación del censo de taxis, debido a las deficiencias que presentan los dispositivos instalados en los vehículos, (...) que no cumplen las especificaciones”.

El desafío que tiene por delante el Contralor –en asuntos de recuperación fiscal– es titánico. Y, más aún, si se tiene en cuenta que durante su año y medio de gestión tan solo ha podido rescatar $1.862 millones.

Saldo en rojo

Cambiando la página, el otro asunto que tiene las alarmas encendidas dentro de la Contraloría es la baja ejecución presupuestal de la Administración.

Lo primero para considerar, tal y como lo ha establecido el organismo, es que de los $13,7 billones que constituyen el presupuesto de Bogotá, tan solo fueron ejecutados –durante el primer trimestre– $1,9 billones, que equivalen a 14,2%. Resultado preocupante, pues al hacer un parangón con el comportamiento del mismo periodo de 2012, se habían ejecutado $2,8 billones sobre un presupuesto total de $11,5 billones.

Pero ahí no paran las cosas. Entidades como el IDU y las secretarías de Hábitat y Hacienda han desembolsado de sus recursos –en lo corrido del año– lánguidos 4,7%, 3,9% y 4,4% respectivamente. “Eso muestra un significativo decrecimiento pues, por solo mencionar el caso del IDU, en el mismo periodo del año pasado había ejecutado 34,4% de su presupuesto”, anota Ardila.

Las grandes conclusiones del órgano de vigilancia, en esta asignatura se resumen en dos puntos. El primero, que en 2102 el comportamiento de la ejecución presupuestal fue mucho más alto. Y, el segundo, que preocupan las bajas inversiones de Hábitat y el IDU por tratarse de dos jalonadoras de la economía y el PIB de la ciudad.

¿Y la movilidad?

Si por los lados de la ejecución del presupuesto llueve, por los de la movilidad no escampa. Al menos así se deduce luego de leer un análisis de la Contraloría que da cuenta de un atraso de 70% en la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte (SITP). Al punto que un equipo especial del organismo conformó una auditoría para establecer cuánto le cuesta a la ciudad la operación de los buses del sistema que a diario recorren las calles de la ciudad desocupados.

Cálculos de la misma Administración estiman que las pérdidas semanales son cercanas a los $150 millones.

Finalmente, al preguntarle por la suerte de los peajes urbanos y del proyecto de parquear los vehículos sobre las vías, el Contralor responde con tono de incertidumbre: “La licitación de los peajes está en una consultoría que costó $4.600 millones y se entregará en febrero de 2014. Y en relación con el parqueo en vía, la licitación está suspendida”.

La radiografía que hace el órgano de vigilancia sobre Bogotá muestra un resquebrajamiento en sus entrañas. Del alcalde Petro depende, que la ciudad levante cabeza o termine en cuidados intensivos.

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