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| 7/15/2019 12:01:00 AM

¿Es hora de acabar con la Ley de Garantías?

La entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que limita la contratación por unos meses, se ha convertido en un freno para el funcionamiento del Estado. ¿Hora de acabarla?

¿Deberían acabarse las restricciones que tienen el Gobierno, las entidades públicas, municipios y departamentos para contratar durante las elecciones? ¿Ha sido la Ley de Garantías Electorales buena para la democracia, para el país y para las regiones? Estas preguntas toman relevancia cuando se acercan los procesos electorales. El pasado 27 de junio entró en vigencia esta norma.

Esta regla nació como consecuencia de la aprobación de la figura de la reelección presidencial de 2004, la misma que le permitió a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos extender sus periodos de gobierno. En 2005, el Congreso expidió la Ley 996 de 2005 de Garantías Electorales, con la que se buscaba prevenir arbitrariedades o abusos por parte del Ejecutivo, que tiene un gran poder en sus manos al ser ordenador del gasto y generador de empleo.

Con esta norma se definió el marco legal dentro del cual debía desarrollarse el debate electoral a la Presidencia en caso que el propio mandatario aspirara a su reelección o el vicepresidente lo hiciera para el primer cargo del país. Pero la Ley también reglamentó la financiación de las campañas, las garantías a la oposición, el acceso a medios de comunicación social, el derecho de réplica y la participación de servidores públicos en política. 

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Inicialmente, la ley de Garantías fue acogida con entusiasmo, pero con el paso de los años se ha convertido en un freno para el funcionamiento del Estado y de la economía, al punto de que el presidente Iván Duque le ha pedido al Congreso derogar o modificar algunas de estas restricciones.

Esta situación se presenta porque los artículos 32 y 33 ordenan que durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, y hasta la realización de la segunda vuelta, se debe suspender cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en especial la ejecutiva; y a los entes del Estado los restringe para contratar de forma directa. Así mismo, la ley estableció que “los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”, y tampoco podrán “participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”.

Al final, lo que iba a ser una norma para mantener el equilibrio y la transparencia electoral durante la reelección presidencial terminó siendo usada para todas las jornadas electorales. Ahora, 14 años después de aprobada, cada vez más voces creen que es necesario revisar o revocar las medidas que limitan la vinculación y contratación, porque han sido contraproducentes a la hora de ejecutar los recursos y adelantar las obras que generan desarrollo y bienestar a los ciudadanos.

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“Uno de los argumentos más importantes para reformar esta ley y ponerles fin a las limitaciones de contratación, incluso de personas y servicios, es que la reelección inmediata fue derogada y, en ese sentido, debió ocurrir lo mismo con los artículos concernientes de la Ley de Garantías. Nosotros tratamos de hacerlo hace un par de años, pero no fue posible avanzar en el Congreso”, dijo a Dinero Alfonso Prada, exsecretario privado de la presidencia del gobierno Santos.

En octubre pasado, el presidente Iván Duque había pedido modificar la Ley. “No tiene sentido que ya sin reelección presidencial sigamos teniendo la ley, y le pido a la ministra que le dé trámite de urgencia al proyecto que elimina esa norma. Esto requiere acompañamiento transparente en contratación por parte de alcaldes”. De ahí que el Gobierno haya presentado, a finales del año pasado, un proyecto que suspende la prohibición que tienen los entes territoriales para celebrar convenios interadministrativos con entidades del orden nacional durante estos periodos. Hace unas semanas, las comisiones primeras de Senado y Cámara lo aprobaron, “y se espera que en la legislatura, que comienza el 20 de julio, las plenarias lo aprueben, ya que no altera el orden de las elecciones de octubre próximo. No solo por el tiempo que se requiere sino porque al ser una ley estatutaria va a ser revisada por la Corte Constitucional”, dijo el representante a la Cámara José Daniel López.

Iván Duque Presidente de la República. El presidente Iván Duque le ha pedido al Congreso derogar o cambiar algunas restricciones de esta Ley.

El propio contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, le dijo a Dinero que, así como se acabó la reelección, también se debió hacer lo mismo con la Ley de Garantías, ya que no tiene razón de ser. Advirtió que hay suficientes normas y organismos de control y de vigilancia para enfrentar eventuales usos o abusos por parte de los funcionarios públicos que quieran aprovecharse de los recursos públicos para hacer política.

Varios expertos consultados advirtieron que lo más probable es que la actual reforma sea aprobada, pero debería aprovecharse la oportunidad para levantar todas las restricciones. Sin embargo, eso generaría mayores discusiones, porque se tiende a unir esta ley como si fuera una parte importante de las medidas contra la corrupción.

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Un informe que prepara la Auditoría General sobre la contratación pública advierte que, durante los meses previos a la entrada en vigor de la ley, se dispara la contratación, a la vez que durante la restricción se reduce en 25%, ocasionando un fuerte impacto en la administración.

Después del 20 de julio, el debate se abrirá de nuevo en Colombia.

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