| 11/8/2018 12:01:00 AM

Debate sobre salud en Colombia debe contemplar la calidad de los servicios

Más allá de los números, la discusión sobre la salud en Colombia debe centrarse en la calidad.

La historia de deudas que por años ha venido acumulando el sistema de salud colombiano y que hoy superan los $10 billones tiene en jaque a un sector desfinanciado, pero también pone sobre la mesa el tema de la calidad en los servicios prestados, que se ha visto afectada precisamente por los problemas de liquidez.

Si bien el Gobierno está adelantando acciones para resolver este déficit financiero, al que espera darle solución en los próximos 12 meses –por lo menos en gran medida–, para el ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe, el debate no debe centrarse solamente en el equilibrio económico del sistema, sino que se requiere una verdadera discusión en materia de calidad en los servicios.

“Vamos a hacer un esfuerzo inmenso por solucionar esa historia acumulada de deudas, pero al mismo tiempo exigiremos calidad. No es suficiente discutir por la plata, si no le sumamos el componente de calidad”, advierte.

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Se remite a un estudio de The Lancet Global Health, que analiza 76 modelos de salud distintos y que concluye que 20 años buscando cobertura universal en el mundo es un esfuerzo vacío si esto no va de la mano con un buen servicio. “Hoy en el mundo hay más muertos por la no calidad en salud que por el no acceso a los servicios. En este contexto, Colombia cuenta con acceso y cobertura, pero tiene que dar un debate sobre calidad y el sistema debe reconocer incentivos a este indicador”.

Por esto, el Gobierno está proponiendo que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) sean remuneradas con algún criterio de calidad en su gestión, ya que lo que se quiere es que puedan competir precisamente por este indicador. En este sentido, sostiene que es fundamental “despromediar” el sector, ya que considera que en el promedio se oculta lo malo y se pierde lo bueno.

Pero, ¿cómo incluir el componente de calidad en la función de aseguramiento en salud? De acuerdo con el ministro, se están buscando diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas es invitando a las EPS que se quieran “despromediar” a que busquen un sistema de acreditación como lo hay para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Otra forma es estableciendo indicadores objetivos a las funciones de las EPS de generar valor para los ciudadanos en la afiliación y contratación de la red, en la gestión del riesgo de esa población y en la eficiencia y calidad de dicha contratación.

Así, los usuarios pueden conocer estos indicadores y elegir en qué EPS quieren estar. En este sentido, aclara que los ciudadanos tienen todo el derecho de cambiarse de EPS o IPS, si estas no les brindan los servicios que requieren. “Se trata de un derecho que hay que defender y fortalecer”.

En general –según el funcionario– hay otros elementos de calidad que requieren más tiempo en su estructuración y que cruzan los mecanismos de pago, eventualmente una fracción de lo que hoy se conoce como la UPC (Unidad de Pago por Capitación) u otros incentivos que se puedan establecer en el desarrollo de las entidades y que vayan alineados con su evaluación de desempeño.

Dentro de esta tarea, la labor de las entidades de control es fundamental, por lo cual el Ministro explicó que se está coordinando entre todas las superintendencias la distribución de funciones.

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por ejemplo, es determinante en materia de competencia y libertad de elección de EPS por parte de los usuarios. Por su lado, la Superintendencia de Salud está adelantando un trabajo de exigencia de nuevos parámetros de habilitación financiera y técnica para las EPS y ya hay 16 que cumplen con ese marco y dan tranquilidad y solidez. El resto, unas 26, están en proceso de adaptación y tienen una ruta crítica para hacerlo, lo cual vigila la entidad.

La Superfinanciera, en tanto, tiene una capacidad importante de agregar valor en el tema de reservas técnicas, márgenes de solvencia, capitales e inversiones, entre otros asuntos, mientras que la Superintendencia de Sociedades es determinante en materia de responsabilidad corporativa y los distintos arreglos societarios y empresariales que se están dando en el sector.

Los números

El panorama financiero del sector que encontró Uribe al llegar a su cargo no era nada halagador: un marcado déficit presupuestal, que para el cierre de 2018 estaba por el orden de los $780.000 millones y para 2019 en cerca de $3 billones, recursos necesarios para cerrar programas indispensables de salud pública y para completar el pago del aseguramiento de la población. Según el ministro, la buena noticia es que esos recursos ya fueron aforados y se logró cerrar 2018 sin problemas y 2019 con un presupuesto de $32,3 billones, el más alto en la historia del sector.

Pero ese nivel de déficit necesita una explicación, porque es persistente. Según él, hay un ya conocido desequilibrio financiero que ha acumulado deudas a todo nivel, que se agrupan en tres áreas: la primera corresponde a lo adeudado por concepto de servicios no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), donde las cuentas radicadas antes de auditorías y glosas pueden ser del orden de $4,5 billones y la deuda final a reconocer por parte de la nación estará cerca a los $2,5 billones.

La segunda dimensión de deudas corresponde a las que hay entre los departamentos y las IPS, sobre todo públicas, también por los servicios no PBS del régimen subsidiado. Se estima que éstas alcancen un monto de entre $1,2 billones y $1,8 billones.

La otra área de deuda es la correspondiente al producto de los contratos entre EPS e IPS en el PBS. Los aseguradores hablan de una cifra cercana a los $8 billones y los prestadores dicen que es de $15 billones. De acuerdo con el Ministro, hasta ahora el valor de coincidencia al que se ha llegado está en el orden de los $8 billones.

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Por ahora, el Gobierno está trabajando en la combinación de algunas medidas, buscando acotar el crecimiento de los recobros, entre otros, con un llamado explícito a todos los actores del sistema a ejercer mayor responsabilidad con la sostenibilidad de este.

Mesa abierta

En materia de medicamentos, el ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe, sostiene que la entidad ha encontrado unos avances importantes en lo que concierne a la política de control de precios.

De acuerdo con el funcionario, a estos avances se suma una serie de retos en cuanto a la metodología que se aplica. Es así como el objetivo es evaluar muy bien caso por caso de medicamentos y en este sentido mirar si hay oportunidades para intervenir y mejorar acceso o intervenir y mejorar sostenibilidad financiera; por ejemplo, se están revisando lo recobros del no PBS, que en 86% corresponde a medicamentos para identificar.

El objetivo es revisar para encontrar esa mejor oportunidad de eficiencia para el sistema, garantizando acceso. Eso es lo que se quiere.

Según el Ministro, se mantiene la política actual de control de precios de medicamentos y se quiere tener una mesa abierta de conversación con la industria farmacéutica, lo cual genera un valor importante para el sector.

Sin embargo, dice: "nos reservamos el legitimo derecho de usar instrumentos de política pública para esos dos objetivos de acceso y sostenibilidad financiera".

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