| 8/16/2018 12:01:00 AM

¿Cómo se resolverá el lío de Aquarela en Cartagena?

Uno de los 'chicharrones' que tiene que resolver el nuevo gobierno es la suerte del proyecto de vivienda social que tiene en ascuas a 900 familias de Cartagena.

Cada vez que pasa por la torre de concreto a medio hacer, Emilia Valdés(*), una fisioterapeuta cartagenera, debe enfrentar la difícil pregunta de su hijo de apenas cuatro años de edad: “mami, ¿ahí es donde están haciendo nuestra casa?”. La respuesta de esta madre cabeza de familia, que a sus 39 años de edad se siente ‘arrimada’ viviendo en la casa de su mamá y que esperaba trastearse a su nuevo hogar en enero del próximo año, casi siempre es: “tranquilo hijito. Es que los obreros están de vacaciones”.

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Como la de Emilia, las 900 familias que compraron con ilusión en el polémico proyecto multifamiliar Aquarela de Cartagena, ubicado en el popular barrio Torices, tienen la esperanza de ver su vivienda terminada, ojalá en un tiempo no muy lejano.

Y lo que viven hoy los propietarios, así como los promotores del proyecto es una verdadera pesadilla. Esta iniciativa de Vivienda de Interés Social (VIS), que fue concebida como un complejo habitacional de cinco torres de apartamentos desde 43 hasta 56 metros cuadrados y una torre de parqueaderos de visitantes comunes, ha sido ‘satanizada’, según los propios compradores. No entienden por qué el Gobierno decidió detener la avanzada obra en octubre del año pasado, si ya contaba con los permisos requeridos, además de las consultas técnicas con Corvivienda (para certificar que el proyecto se realizaría como VIS) y del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias para corroborar que el proyecto no se realizaría en la zona de influencia del Castillo de San Felipe de Barajas.

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Desde octubre de 2017, Aquarela ha enfrentado cuatro procesos judiciales entre los que se cuentan: una acción popular, una acción de nulidad, un proceso policivo y acciones penales por urbanización ilegal y daño a los recursos naturales al representante legal de la constructora, Lucas Tamayo, y al arquitecto del proyecto, Claudio Restrepo. Proceso que contará con un nuevo episodio este 30 de agosto: la segunda instancia que resolverá el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, que insiste en una orden de captura en contra de estas personas.

El viacrucis para familias, constructores y arquitectos empezó a finales del año pasado, tres años después de haberse obtenido nueve licencias de construcción de la torre uno y después de levantar 25 pisos, por cuenta de una diligencia de control urbano que selló la obra por supuestas infracciones al Código de Policía e incumplimiento de manejo ambiental. Después de esto apareció una acción popular del Ministerio de Cultura, que solicitaba que el proyecto se acogiera a la normatividad urbanística y, además, solicitó la suspensión de las licencias de la obra como medida cautelar.

Inseguridad jurídica

Después de contar con los permisos respectivos y el aval del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, se dio vía libre al proyecto. A pesar de la altura y evidencia del edificio, nadie dijo nada, solo dos años después de iniciada la construcción, cuando tras una visita de funcionarios, la Unesco señala que la torre del proyecto Aquarela ya construida presenta una amenaza aún no evaluada técnicamente y por tanto solicita una evaluación al Ministerio de Cultura, que a la fecha no se conoce, así como detener el proyecto y demoler lo construido. Lo grave del asunto es que tampoco el gobierno nacional había presentado un Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) del complejo patrimonial de Cartagena, considerando que la Unesco, viene llamando la atención al Gobierno para que tenga unas directrices claras frente a los monumentos que se deben preservar. “No tiene sentido que el Ministerio de Cultura fuera el que iniciara las demandas, cuando el propio gobierno fue el que dijo que el proyecto no está en el área de influencia”, señala Felipe Pinilla, socio de PGP y abogado de la constructora.

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Si bien el entrante ministro de Vivienda, Jonathan Malagón se comprometió con el estudio del caso ante la pregunta de una emisora radial sobre si estaría dispuesto a apoyar la demolición de la torre uno de este proyecto, la expectativa de los afectados es que haya un pronunciamiento contundente por parte del nuevo gobierno.

El caso Aquarela, que bien podría tardar un par de años en resolverse a través de la justicia administrativa, puede sentar un precedente para la seguridad jurídica de los inversionistas.

Nos preocupa la inseguridad jurídica. Tenemos evidencias de afectación directa a los proyectos de construcción por decisiones administrativas, falta de articulación de las competencias de las autoridades, incapacidad técnica, decisiones judiciales precedentes que vulneran los derechos adquiridos y un cúmulo de trámites que dificultan la promoción y ejecución de los proyectos”, comenta Sandra Forero, presidente de Camacol.

En la vida cotidiana los compradores no pueden evitar preguntarse qué va a pasar con su plata. “En el evento que no se pueda continuar con el proyecto, el responsable es el Estado colombiano, de manera que la promotora iniciará las acciones pertinentes, de las cuales pueden ser partícipes los compradores”, afirma Lucas Tamayo, representante de la promotora Calle 47.

Mientras se desenreda esta historia, Emilia (*) lanza un corto suspiro y dice que muchas veces mira hacia la torre inacabada con la esperanza de que su casa no se quede en el aire.

* Nombre cambiado.

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EDICIÓN 562

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