Como consecuencia del ajuste al ingreso nacional, causado por el descenso de los precios de las materias primas, la economía colombiana enfrenta varios problemas que se agregan a otros de vieja data.

El primero es el lento ritmo de la actividad económica. El choque de los términos de intercambio disminuyó las tasas de crecimiento corriente y potencial.

La tasa de crecimiento actual, proyectada por el promedio de los analistas encuestados por el Banco de la Republica en 1,7% en 2017 y 2,3% en 2018, es lenta por la ausencia de fuentes dinámicas de demanda.

La preservación de la estabilidad de la economía requirió estrechar los desbalances macroeconómicos. Esto precisó moderar la expansión de la demanda interna. Con ello se redujo el déficit en la cuenta corriente (de 6,5% a 4,4% del PIB entre 2015 y 2016, y hacia cerca de 3,5% en 2017 y 2018), con base en una disminución del exceso de la inversión sobre el ahorro del sector privado.

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Lograrlo implicó asignarle el mayor costo del ajuste a este sector. Tras la adopción de una postura monetaria contractiva, la inversión disminuyó y el consumo se desaceleró. El gasto público también se ralentizó para acomodarse a la menor renta petrolera.

La expansión de la economía tampoco fue favorecida por la demanda externa, por el lento crecimiento mundial y regional.

El gasto doméstico continúa frenado por la baja confianza de los empresarios y los consumidores. El alto endeudamiento, que consume una proporción importante del ingreso disponible de los deudores en el servicio de sus obligaciones, no favorece el aumento de la demanda. Además, la capacidad de gasto de los hogares resultó menoscabada por el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En estas condiciones, el principal problema que enfrentará el nuevo gobierno será estimular la demanda para acelerar el crecimiento, con el fin de evitar que se incrementen el desempleo, la informalidad y la pobreza, por la ampliación de la brecha del producto que se espera para el próximo.

Hacerlo no es tarea fácil. El espacio para adoptar una postura fiscal estimulante es estrecho, debido a la disminución del déficit ordenada por la regla fiscal, con el propósito de llevar la deuda pública a una trayectoria decreciente en la próxima década.

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La nueva administración tendrá que realizar esa consolidación, no solo para preservar la solvencia del Estado, mantener la credibilidad de la política fiscal y el grado de inversión de la deuda pública, sino para conservar bajos los costos financieros y abrirle espacio a la inversión privada.

Por fortuna, la inflación –proyectada por el promedio de los analistas en 4% al cierre de este año y en 3,5% al finalizar el entrante– y las expectativas convergen a la meta. Gracias a ello, si los riesgos externos lo permiten, el Emisor podrá adoptar pronto una postura monetaria estimulante, que abaratará el crédito y reducirá la carga financiera de los deudores.

Para que esa postura monetaria sea aprovechada por los consumidores y los empresarios, es vital que el nuevo gobierno mejore su confianza. Con ese fin, deberá implementar buenas políticas.

Una de ellas debe ser respetar el marco de la política económica. Este se basa en la regla y el principio de sostenibilidad fiscal, la independencia del Banco de la República y el esquema de inflación objetivo para la política monetaria, combinados con un régimen de tasa de cambio flexible.

Por otra parte, el descenso de la tasa de crecimiento potencial limita la capacidad de expansión sostenida de la economía en el mediano plazo. Crecer por encima de ella generaría un aumento de la inflación y de los desbalances macroeconómicos.

Aunque no existe un consenso sobre las causas de su caída ni sobre su magnitud actual, los analistas y las autoridades estiman un rango para la tasa de crecimiento potencial entre 3% y 4%, al cual habría caído desde otro entre 4,5% y 5%.

En lo que hay acuerdo es en que en el largo plazo la dinámica del mercado laboral, por el envejecimiento de la población, ejercerá una presión a la baja sobre la tasa de crecimiento potencial.

Para contrarrestarla, se requerirá aumentar la productividad de la economía. Esa debe ser otra prioridad del nuevo gobierno.

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No obstante, la baja competitividad de la economía colombiana; es decir, del conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan su productividad, dificulta esta labor.

La competitividad del país ha estado estancada en la última década. Sus principales cuellos de botella están en la calidad de las instituciones, la cobertura y calidad de la salud y de la educación, la infraestructura, la eficiencia de los mercados de bienes y de trabajo y la innovación. En consecuencia, es urgente que los candidatos diseñen estrategias para mejorar todos estos pilares.

El aumento de la competitividad y la productividad de la economía en el mediano plazo contribuiría a diversificar la producción y las exportaciones. Para ello se requiere también estimular la competencia, por medio de una política arancelaria que no sea proteccionista y que estimule la innovación y el desarrollo tecnológicos.

A pesar del descenso notable que tuvieron desde 2012, el desempleo estructural (9%) y la informalidad (50%) en el país continúan altos, como efecto de la ineficiencia del mercado laboral. Su funcionamiento está entorpecido por los altos costos laborales no salariales y un mecanismo discrecional de determinación del salario mínimo.

El sistema pensional tiene una baja cobertura y, en el caso del régimen de prima media, es insostenible e inequitativo, porque consume una parte importante de los recursos públicos (4% del PIB) para otorgarlos en gran proporción a los pensionados de mayores ingresos. Al mismo tiempo, la estructura tributaria es inequitativa, por la gran cantidad de beneficios y exenciones que otorga; adolece de progresividad y todavía lesiona la competitividad de las empresas. Por ambas razones, en Colombia la política fiscal es ineficaz para reducir la desigualdad, que es exagerada.

Por último, a pesar de que el tamaño del Estado corresponde al desarrollo económico del país, su ineficiencia le impide proveer de un modo eficaz los bienes públicos. La pregunta es si el nuevo gobierno tendrá el suficiente capital político para solucionar estos problemas.

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