| 3/28/2018 12:01:00 AM

El profundo impacto del fallo de la Corte contra Cerro Matoso

El fallo de la Corte Constitucional sobre el efecto causado por la operación de Cerro Matoso representaría indemnizaciones que los afectados estiman en más de US$400 millones.

A mediados de marzo se conoció uno de los fallos más relevantes de la Corte Constitucional contra una de las operaciones mineras más antiguas del país: la explotación de ferroníquel de Cerro Matoso –filial de la multinacional inglesa South32– en Córdoba.

La decisión de la Corte –firmada por los magistrados Alberto Rojas Ríos (ponente), Cristina Pardo (con salvamento parcial de voto) y Diana Fajardo– encontró que la operación de la empresa, al revisar unas tutelas, ha generado una “delicada” situación de salud pública en la zona que ha afectado a más de 3.500 personas, con enfermedades cutáneas, pulmonares y oculares, e incluso se mencionan cáncer y abortos.

Aunque la Corte, en su pronunciamiento, reconoce que “los proyectos extractivos representan un factor de progreso general y desarrollo para el país, esto no es óbice para evitar o ignorar el amparo que merecen las comunidades étnicas y el medio ambiente en el ordenamiento jurídico colombiano”.

Las decisiones de la Corte se centran en 4 aspectos clave: el primero, que ordena a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que, en un plazo máximo de un año, realice una consulta previa ante 8 comunidades para establecer medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental con relación a los perjuicios que pueda ocasionar la continuación de la operación de Cerro Matoso.

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El segundo, que después del proceso de consulta se inicie el trámite de una nueva licencia ambiental que, además de incluir los instrumentos para corregir impactos de las operaciones y fijar criterios para la protección al medio ambiente, también garantice la salud de las personas que habitan en las poblaciones cercanas. En ese sentido sobresale el tercer aspecto frente al tema de salud que incluye una brigada y atención integral a las personas registradas en los censos de las comunidades.

Y el cuarto aspecto es lo referente al pago de perjuicios y la reparación y compensación a las víctimas. Frente a este tema, la Corte, aunque no fijó un monto específico, condenó a Cerro Matoso a pagar por los perjuicios causados a los integrantes de las 8 comunidades y la liquidación será ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para cada peticionario.

Según Abelardo de La Espriella, director general de De La Espriella Lawyers Enterprise, la firma que acompañó a las comunidades en el proceso, advirtió que todavía se “están aterrizando los números, pero es una indemnización que supera los US$400 millones”.

El fallo también ordena a Cerro Matoso que cree, financie y ponga en funcionamiento un Fondo Especial de Etnodesarrollo cuyo objeto general será la reparación y compensación de las víctimas “desde una perspectiva colectiva y étnica –etnorreparación–”.

El incumplimiento del fallo puede conducir a la suspensión de las actividades de la minera, que el año pasado superó las 40.000 toneladas de níquel producido, 3.000 más que en 2016.

El conflicto

Este caso se suma a los fallos jurídicos que en los últimos años se han dado contra el sector minero por parte de las altas cortes, los jueces y las entidades de vigilancia y control. De hecho, de las 11 demandas internacionales contra Colombia –en curso y en etapa prearbitral– en el marco de los acuerdos de protección a la inversión y los tratados de libre comercio, 7 corresponden a conflictos con mineras: Glencore, Tobie Mining, Eco Oro, Gran Colombia Gold, Red Eagle, Galway Gold y South 32/Cerromatoso.

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Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en un análisis que realizó sobre sentencias entre 2010 y 2017, en el caso de la Corte Constitucional se han proferido 60 sentencias con impacto sobre el sector minero: 27 de constitucionalidad, en las que 50% de los casos se ha declarado inexequible total o parcialmente la norma; 33 tutelas seleccionadas y resueltas 90% de ellas en contra.

Sin embargo, esta decisión tiene un componente adicional. Si bien las determinaciones se han centrado en decisiones jurídicas en torno a límites de páramos, discusiones frente a las liquidaciones de regalías, consultas populares –que de hecho se esperan fallos para unificar criterios de la Corte Constitucional–, entre otras, esta decisión tiene un insumo adicional: la causalidad de la operación en la afectación de las comunidades y el medio ambiente, que le da un tono diferente a las otras por las implicaciones que tiene.

“El análisis relativo a la configuración de la responsabilidad por daños ambientales (conducta/daño/nexo causal) resulta aplicable (...) al examen de vulneraciones a derechos fundamentales en sede de constitucionalidad, cuando este tiene como objeto principal verificar la existencia de afectaciones al medio ambiente y a la salud humana, así como su nexo con las actividades llevadas a cabo por la parte accionada”, dice el fallo.

Foto: Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, Alberto Rojas, Magistrado ponente y Abelardo De La Espriella, director general de De La Espriella Lawyers Enterprise

Aunque Cerro Matoso, al cierre de esta edición no se había pronunciado y esperaba la notificación, en etapas previas –como lo recoge el fallo– había negado la existencia de una problemática especial en la zona aledaña al complejo minero, y manifestó que no había evidencia de patologías que puedan asociarse a la operación minera y que “nadie ha estado ‘ni lo más mínimamente expuesto’ a los agentes de riesgo”.

Expertos del sector recuerdan varios hechos alrededor del caso: uno, que las tutelas inicialmente las había ganado la empresa; dos, que en una de ellas se planteó un estudio que pagaría Cerro Matoso y que harían el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana, pero que aún no se ha podido realizar; y tres, que por ser una prórroga en el contrato a través de un otro sí, no se requería consulta previa. Pero una de sus mayores preocupaciones es hacia futuro y está concentrada en las modificaciones a las licencias ambientales a partir de tutelas.

Este será uno de los casos más emblemáticos en materia minera y aún no finaliza. Falta determinar cuál es el camino que seguirá la minera sobre el fallo –como pedir nulidades o acudir a revisiones de la Sala Plena de la Corte– y qué implicaciones tendrá en el campo penal en un proceso cuya investigación avanza en la Fiscalía.

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