| 10/11/2018 12:01:00 AM

El programa vial 4G no pasa de la primera marcha

El caso de Odebrecht mueve los cimientos de las 4G. La Ley de Infraestructura está en observación, con una demanda y un nuevo proyecto de ley.

Los coletazos del caso de corrupción de Odebrecht en Colombia no cesan. La Ruta del Sol tramo II sigue dando de qué hablar, bien por los hechos de investigaciones y anuncios recientes, pero también por los efectos que sigue generando.

Ya la Superintendencia de Industria y Comercio abrió pliego de cargos por hechos de corrupción confesados y aceptados, como el caso de Odebrecht y el exviceministro Gabriel García; y conflictos de interés con la estructuradora –IFC– y Corficolombiana y el Grupo Aval.

También han atizado el fuego nuevas investigaciones de la Fiscalía contra Luis Andrade, expresidente de la ANI, en el tramo tres de Ruta del Sol y la controversia con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, por cuenta de la fórmula de liquidación del contrato de Ruta del Sol II, en el que, a juicio de Andrade, habría un error que obligaría a pagar beneficios no recibidos por el Estado por más de $400.000 millones, por reconocer dos veces el efecto de la inflación.

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Según Sarmiento, en una entrevista publicada en El Tiempo, en la Ruta del Sol II la concesionaria alcanzó a construir aproximadamente 52% de la obra, que el Estado hasta el momento no ha pagado.

En los fideicomisos de la concesión estaban depositados $1,4 billones para efectuar pagos de la obra ejecutada. En diciembre del año pasado, la ANI giró un primer pago de aproximadamente $800.000 millones, pero a juicio de Sarmiento, por la demora se habían causado intereses financieros adicionales del orden de $300.000 millones y, por esa razón, “los bancos financiadores se vieron en la necesidad de aplicar el pago recibido en primera instancia a poner al día esos intereses”.

Renace un debate

En medio de todo este tsunami de noticias, pronunciamientos e investigaciones –que incluyen, por un lado, el anuncio de Odebrecht de una demanda contra el Estado colombiano y, por otro, la expectativa ante el pronunciamiento del Tribunal de Arbitramento en Ruta del Sol II que estaría por darse–, se revivió el debate a la Ley de Infraestructura que quedó aprobada a finales del año pasado, pero con observaciones del entonces contralor Edgardo Maya. La reforma a esa ley buscaba dar claridad de las liquidaciones de los contratos en este tipo de contextos, qué recursos deben tenerse en cuenta a la hora de calcular cuánto y a quién se le debe pagar con un final anticipado de un contrato y que además tendría efectos retroactivos. La idea era recuperar la confianza de los bancos locales y reactivar los cierres financieros de los proyectos de 4G.

Sin embargo, el apetito de los bancos locales se ha apagado en parte, porque esperaban los recursos completos del fideicomiso que estaba en Ruta del Sol II y solo recibieron cerca de la mitad y, de otra parte, porque, a pesar de la ley, no había claridad dado el pronunciamiento del contralor Maya. El ministro de Transporte de ese momento, Germán Cardona, se comprometió a hacer ajustes en la ley y presentar un nuevo proyecto este año; sin embargo, aunque se presentó no surtió los trámites y quedó en medio de la agenda electoral.

La historia no terminó allí. Días antes de retirarse de su cargo, demandó ante la Corte Constitucional el artículo 20 de esa ley, que establece cómo y quiénes recibirán pagos cuando un contrato deba terminarse de manera anticipada, tal como sucedió en Ruta del Sol II.

Según el contralor, “la ley en cuestión, al habilitar la posibilidad de hacer reconocimientos en contratos celebrados o ejecutados de manera ilícita, estaría desconociendo la prohibición del enriquecimiento ilícito y de la posibilidad de extinguir el dominio de los derechos patrimoniales o bienes que se adquieran por esa vía”. Advirtió que la ley se puede aplicar con retroactividad, lo que podría abrir la ventana para que contratistas que obtuvieron la adjudicación ilícita de un proyecto y por esta misma razón lo perdieron puedan reclamar sus recursos ante el Estado y el país, en el caso de Odebrecht, podría terminar pagando el soborno.

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Adicionalmente, el senador Luis Fernando Velasco radicó un proyecto de ley para modificar ese artículo de la Ley incluyendo una fórmula matemática “para determinar las eventuales prestaciones recíprocas entre las partes”. Agrega que en la liquidación del contrato originada en una causal de nulidad, “se deberá reconocer únicamente el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos ejecutados por el contratista, menos la remuneración y pagos recibidos por el contratista en virtud del cumplimiento del objeto contractual hasta la fecha de nulidad absoluta o caducidad del contrato”. Y, además, elimina la retroactividad.

Para fuentes cercanas al sector se está profundizando la incertidumbre jurídica. “La Ley que iba a dar certeza en las reglas del juego está en entredicho, tanto por un proyecto de ley como por una demanda de inconstitucionalidad. No hay certeza jurídica, se puede caer o la pueden cambiar; hoy no hay claridad para la liquidación de un contrato en un caso de estos”, dijo una de ellas.

Para algunos, la ley favorece a los inversionistas, pero otros consideran que eso no es cierto. “No es para inversionistas, es para financiadores, sean nacionales o extranjeros. Creen que el proyecto es para favorecer a Corficolombiana -es decir, Sarmiento-, cuando en verdad se trata de dar garantías (sin llegar en ningún caso a omitir el riesgo) a quienes le prestaron plata a Corficolombiana, llámese un fondo de pensiones nacional o un fondo de inversión extranjero”, explica un analista.

Mientras el debate se da, las concesiones de 4G pasan por momentos complejos: dificultades en la institucionalidad, con problemas en las licencias y con comunidades, tampoco avanzan los cierres financieros –de 30 proyectos, van apenas 12-, los desembolsos del sistema financiero para los que tienen cierre este año han sido de apenas $800.000 millones -de proyectos cuyo valor se acerca a los $15 billones- y más de una treintena de tribunales de arbitramento muestran el panorama jurídico.

Una tarea difícil con la que está lidiando el Gobierno.

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