| 3/28/2018 12:01:00 AM

Así fue la primera demanda de una empresa colombiana contra Chile

La demanda de los hermanos Carlos Mario y Francisco Javier Ríos Velilla contra Chile, por el caso de Transantiago, se convierte en la primera de una firma colombiana contra un Estado apoyándose en los acuerdos de protección a la inversión. Dinero conoció el documento y sus pretensiones. Esto es lo que viene.

Al amparo de los más de 25 tratados de libre comercio y de los acuerdos de protección a la inversión que Colombia ha firmado, en los últimos años el Estado ha enfrentado una serie de demandas en el exterior de empresas multinacionales.

Contra Colombia avanzan siete controversias internacionales de inversión, en pleitos que se ventilan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –del Banco Mundial– y en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. En minería avanzan los casos de Glencore, Tobie Mining y Eco Oro; en telecomunicaciones, América Móvil y Telefónica; en energía el de Gas Natural Fenosa, y en materia financiera, el caso de Granahorrar. Y en etapa prearbitral hay otras cuatro, todas ellas mineras: Gran Colombia Gold, Red Eagle, Galway Gold y South32/Cerro Matoso.

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Algunas ya han definido sus pretensiones como, por ejemplo, Glencore por más de US$450 millones, Tobie Mining con una cifra de US$16.000 millones, Telefónica y Claro por el laudo que les obligó a pagar $4,8 billones por la reversión de activos, los antiguos socios de Granahorrar piden US$350 millones y Gas Natural Fenosa aspira a más de 1.000 millones de euros, en el caso de Electricaribe.

Aunque este se ha visto como un fenómeno en una sola vía y el Estado colombiano ha dispuesto de distintas herramientas para enfrentar sus demandas, también puede ser un instrumento para que las empresas nacionales que tienen inversiones en el exterior encuentren en él una manera de zanjar diferencias.

Dinero conoció el documento (ver facsímil) de la que sería la primera demanda de una empresa colombiana ante un Estado extranjero. Se trata del caso de los hermanos Carlos Mario y Francisco Javier Ríos Velilla contra Chile, por el proyecto de Transantiago –transporte masivo similar al de TransMilenio en Bogotá– y donde los Ríos Velilla son operadores a través de las firmas Alsacia y Express. El caso para los colombianos lo lleva la firma francesa Dechert y es liderado por otro colombiano: Eduardo Silva Romero.

El caso

A principios de la década pasada, las autoridades chilenas buscaban la fórmula para modernizar el transporte el sistema de transporte público de Santiago que implicaría más de 280 kilómetros de corredores segregados. Sin embargo, como señala la demanda, el aparato estatal chileno no estaba preparado para lanzar un proyecto tan ambicioso en un periodo de tiempo tan corto.

Desde la firma de los primeros contratos de concesión en 2005 hasta la firma de los segundos en 2011, “los operadores privados del Transantiago –dice el documento– se vieron afectados por la incompetencia y negligencia de las autoridades chilenas que, contrariamente a lo que habían prometido, fueron incapaces de poner los medios necesarios para permitir una operación eficiente del Transantiago, hasta tal punto que el Estado se vio obligado a adoptar una ley en 2009 instaurando un subsidio estatal al sistema (que, en principio, debía ser autofinanciado). Ese subsidio ha tenido que mantenerse hasta la fecha –según Chile, el subsidio todavía representa 45% de los ingresos del sistema–”.

En 2011, con la llegada al poder del gobierno del presidente Piñera, se decidió terminar los contratos de concesión iniciales e invitar a los operadores privados del sistema a negociar unos nuevos, que los hermanos Ríos Velilla firmaron tras inversiones que, argumentan, superaron los US$430 millones que hicieron entre 2005 y 2010.

Chile decidió, en 2011, poner un término anticipado a los contratos de concesión iniciales para modificar por completo el modelo de negocio de los operadores. Garantizó, según la demanda, que los mecanismos contractuales incluidos en los nuevos contratos de concesión asegurarían la estabilidad económico-financiera de las compañías y, por ende, la rentabilidad del negocio.

“A pesar de sus compromisos, Chile no tomó las medidas para permitir a las compañías operar de forma eficiente ni mantuvo su estabilidad económica y financiera. Todo lo contrario, tras la suscripción de los nuevos contratos de concesión, Chile abusó de su posición soberana mediante una serie de actos y omisiones que frustraron la viabilidad de las concesiones y llevaron a las compañías a una grave crisis económica y financiera, hasta tal extremo que les impidió repagar la deuda y generar un solo dólar de utilidades desde 2011”, dice la demanda.

Foto: Dinero conoció el documento de la demanda que incluye pretensiones por cerca de US$350 millones.

Así, en junio de 2014, Alsacia –que en 2011 había emitido bonos en los mercados internacionales por US$464 millones– ya no pudo pagar los intereses sobre la deuda contraída con sus bonistas en 2011. En octubre de 2014, para poder seguir operando, Alsacia se vio obligada a presentar un plan de reestructuración empresarial ante un bankruptcy court de Nueva York bajo el Capítulo 11. A juicio de los demandantes el conjunto de acciones y omisiones de Chile constituye una expropiación progresiva de sus inversiones por lo que procedieron a la acción jurídica.

Sus pretensiones son de US$332 millones, calculados a diciembre de 2017 (monto que deberá ser actualizado a una fecha más cercana al laudo) y US$15 millones como reparación por el daño moral causado.

El futuro

Según un reciente estudio de Boston Consulting Group, Colombia es el país que más ha crecido en número de empresas multilatinas de 2009 a 2018, al pasar de 5 a 11: Avianca, Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Energía de Bogotá, EPM, Grupo Argos, Grupo Aval, Grupo Bolívar, Grupo Nutresa, ISA y Sura son las empresas que destaca este estudio.

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Sin embargo, son decenas de empresas y grupos de origen colombiano los que han abierto mercado en otros países, con agresivas inversiones y apuestas de mercado, en especial en este hemisferio.

De acuerdo con el Banco de la República, los colombianos invirtieron en el exterior, desde 2009 a 2017, más de US$40.000 millones.

“Es importante que los empresarios colombianos entiendan que hay instrumentos que pueden usar para proteger sus inversiones y que los acuerdos van en dos sentidos, más aún cuando empiezan a sentirse en países poderosos vientos de proteccionismo”, dice un árbitro internacional.

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Según esta fuente, otros países como Brasil, por ejemplo, aún no han ratificado sus tratados de inversión y son los mismos empresarios de ese país los que los piden, con el argumento de que no se debe tener solo una visión local.

En el caso de empresarios colombianos es posible que vengan nuevas demandas. Gran parte de las inversiones en el exterior de compañías de origen colombiano se ha dado en sectores altamente regulados y es allí donde se presentan más disputas como, por ejemplo, energía, petróleo y alimentos. De hecho, se estarían analizando un par de casos uno en alimentos y otro en energía.

Los litigios apenas comienzan y será necesario estar muy atento a nuevos pleitos y controversias internacionales, pero esta vez de acá para allá.

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