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| 9/27/2018 12:01:00 AM

El plan del Gobierno para ganarle la guerra al narcotráfico

Si bien los cultivos de coca han ido en aumento en el país, el Gobierno trabaja de forma integral para enfrentar el problema. Estos son los planes.

El área cultivada de hoja de coca en el país sigue en aumento y el Gobierno no quiere ahorrar esfuerzos en búsqueda de ganarles la batalla a las rentas criminales generadas por el narcotráfico que se estima pueden alcanzar los US$2.700 millones en el mercado local.

Hace una semana se dieron a conocer las cifras del crecimiento en el cultivo de hoja de coca en Colombia. El reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indica que en 2017 se registró un aumento de 17%, al pasar de 146.000 hectáreas cultivadas a 171.000 hectáreas.

El director de Antinarcóticos, brigadier general Fabián Laurence Cárdenas, dice que lo primero que se debe entender es que a mayor fortalecimiento del narcotráfico hay más debilitamiento del Estado y esto representa una grave amenaza para la seguridad nacional y para la estabilidad de la región.

Manifiesta el General que también hay una medición del Departamento de Estados de Estados Unidos, que habla de 209.000 hectáreas sembradas. De acuerdo con estas cifras, se puede hablar de una producción potencial entre 950 y 1.000 toneladas métricas al año.

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Hace cuatro años el potencial de producción era más bajo. “Hoy hay mayor madurez de la hoja, producto de que no hay un proceso permanente de aspersión, lo que aumenta el potencial. Lo otro es una mayor resiembra”, manifiesta.

En los últimos seis años el 80% de los cultivos se ha concentrado en las mismas zonas. Los datos de Simci indican que Nariño es el departamento con mayor área cultivada, con un total de 45.735 hectáreas, dato que representa el 27% del total de la siembra del país, seguido de Putumayo con 29.589 hectáreas.

Un dato que resulta preocupante es que más o menos 35% de la producción se concentra en lo que el año anterior era bosque natural, generando una gran deforestación. “Por cada hectárea de cultivos ilícitos, se están destruyendo entre dos y tres hectáreas de bosque nativo, dadas las sustancias químicas utilizadas en los laboratorios que son vertidas destruyen la naturaleza”, dice el General.

Política integral

Ante este panorama, el Gobierno ha asumido la responsabilidad de combatir el narcotráfico a partir de una política integral como un factor de amenaza a la seguridad nacional y la convivencia de los colombianos.

Para el director de Antinarcóticos, el narcotráfico afecta la soberanía, la seguridad de los territorios, destruye las fuentes hídricas, la biodiversidad y el medio ambiente y algunos activos estratégicos de la nación. Afecta la convivencia y seguridad ciudadana por aumento de los homicidios en los territorios donde hay cultivos.

De igual forma, impacta la movilidad social, producto del desempleo, los desplazamientos forzados, pero además en materia económica golpea el empleo formal resultado del contrabando y todas las modalidades de lavado de activos, además de potenciar el crimen transnacional.

Cárdenas destaca otro aspecto que cobra gran importancia y es que, contrario a lo que se presentaba hace 7 años cuando el país era productor, ahora también es consumidor y con una tendencia creciente, convirtiéndose en un grave problema de salud pública y seguridad en las calles.

¿Pero cómo se combatirá el problema? Cárdenas dice que hay una comprensión del fenómeno a través del Sistema Integral de Drogas Ilícitas que contempla desde la producción (laboratorios), pasando por el tráfico y la distribución y comercialización, en donde se involucra a todas las estructuras criminales que participan en la cadena.

El objetivo es afectar de forma estructural el negocio ilícito del narcotráfico, mediante cuatro propósitos. Reducir la disponibilidad de drogas afectando la producción. Hoy la afectación es de 54.000 hectáreas erradicadas. El segundo propósito es desarticular las organizaciones criminales. El tercero se centrará en afectar las economías y rentas criminales y, por último, se impactará el consumo con campañas de prevención y educativas.

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En lo corrido de este año, el bloqueo financiero para las estructuras del narcotráfico ascienden a US$644 millones, de los cuales el mayor monto corresponde a la incautación de clorhidrato de cocaína con un total de US$447 millones.

Uno de los mayores problemas que genera el narcotráfico es el lavado de activos; un tema que configura flujos transnacionales financieros ilícitos a diferentes economías en el mundo y genera distorsiones que llevan a tomar decisiones equivocadas de los entes rectores, lo que se traduce en desequilibrios macroeconómicos.

Las principales fuentes de lavado de activos son el narcotráfico, el crimen transnacional y la corrupción. Según cifras de Naciones Unidas, se estima que el lavado representa entre 2% y 3% del PIB mundial.

De acuerdo con Cárdenas, las formas más comunes de lavar dinero son el fraccionamiento (transacciones financieras), licuado (que se hace a través de empresas legales, contrabando, amnistías fiscales) y doble facturación (mediante la falsedad de documentos). Considera que uno de los factores que ayuda a reducir el lavado de activos es la inclusión financiera que permite más trazabilidad frente a los recursos, las fuentes de financiamiento y el uso de los mismos. A mayor uso de efectivo, mayor riesgo de lavado de activos.

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Las cartas están echadas y los organismos de control continuarán dando la pelea en una lucha contra una de las problemáticas más fuertes que tiene el país: el narcotráfico.

Plan operativo

Fiscalía, UIAF y la propia Policía Antinarcóticos trabajan en un Plan Operativo Integral contra las rentas criminales con varios componentes. Control administrativo. Aquí se están creando unidades estratégicas de intervención contra las rentas criminales. Otro punto son los controles aeroportuarios especialmente en el manejo de dineros en efectivo. De igual forma, se implementarán sistemas de registro y seguimiento a medidas de extinción de dominio y lavado de activos, mayor control operativo, identificación y control de criptomonedas e investigaciones espejo en contra de rentas criminales.

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