| 3/7/2019 12:01:00 AM

Cómo va el plan de austeridad del Gobierno

Durante los cuatro años en que estará en el poder, Iván Duque se propuso ahorrar $6 billones al reducir gastos administrativos. Una tarea monumental para la que hasta ahora está encendiendo motores.

El Gobierno se aprieta el cinturón. Tiene la meta de lograr un ahorro de $6 billones en el cuatrienio con el plan de austeridad que empezó a andar desde noviembre pasado. En ese momento expidió la Directiva Presidencial 09 de 2018 que debe cumplir toda la Rama Ejecutiva. Con ella intenta poner orden en la casa, al reducir los gastos administrativos que van desde los viáticos y los esquemas de seguridad, hasta las nóminas paralelas. Esto porque 23% de los empleos del Estado corresponden a contratistas, lo que equivale a 281.326 personas a corte de julio de 2018.

La responsabilidad de cumplirla recae en los representantes legales de las entidades de la rama Ejecutiva, es decir, la Presidencia, la Vicepresidencia, todos los ministerios, los departamentos administrativos y las unidades administrativas especiales que deben enviar un reporte a la Secretaría General de la Presidencia trimestralmente. Los primeros llegaron a la Casa de Nariño el pasado 10 de febrero, pero todavía no hay un consolidado con los resultados. El Gobierno tiene planeado presentar el informe completo del primer trimestre del año y lanzar un aplicativo móvil en el que los ciudadanos puedan consultar las medidas de austeridad.

El nivel de control es tal, que las entidades deben solicitar autorización expresa para reformar las plantas de personal, hacer eventos corporativos, autorizar la salida del país de servidores públicos y gastar en publicidad. Según el Ministerio de Hacienda, con el cumplimiento de la directriz se busca un “ajuste de $1,2 billones de gastos generales para el Presupuesto General de la Nación de este año y eso lo mantendremos”.

La austeridad se volvió una palabra relevante en el funcionamiento del Estado. Esto porque la Ley de Financiamiento solo recaudaría un poco más de $7 billones de los $14 billones que necesitaba para el presupuesto del 2019. El Ministerio de Hacienda está estructurando el plan general, así que esta cartera evaluará en el primer semestre dónde harán más recortes para cumplir con la regla fiscal.

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Aunque oficialmente no hay una lista de programas que se cancelarán, en algunas carteras ya se notan los recortes. Es el caso del Ministerio de Cultura, que tenía congelado la mayoría de presupuesto de inversión del área de Patrimonio; el Viceministerio de Economía Naranja, tema bandera del gobierno Duque, y en el Plan Nacional de Concertación. Tan compleja era la situación que la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, dijo en su momento que, ante la falta de recursos, tratarán de buscarlos “por otro lado”, es decir, en las gobernaciones, alcaldías o en el sector privado. Sin embargo, parte de estos problemas presupuestales se han superado porque el Ministerio de Hacienda decidió descongelar entre $2 y $4 billones del presupuesto general.

En el Ministerio de TIC también hay tensión. Están reduciendo los costos de personal por prestación de servicios, en cumplimiento de la directiva porque solo se deben celebrar los contratos “estrictamente necesarios”. La Secretaría General de la Presidencia aseguró que, “en cuanto a contratos de prestación de servicios, en varios sectores se han presentado disminuciones significativas, sin afectar la prestación del servicio lo que ha permitido hacer más con menos”.

Frente a los programas bandera del MinTic se cambió la naturaleza de Colombia 4.0, el encuentro digital más grande del país. Ahora ya no harán un evento grande en Bogotá, sino uno regional, este año en Casanare, que les ahorra varios millones.

Otras entidades como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra bienes en proceso de extinción de dominio, han puesto en marcha un programa de autorregulación. A las 7 de la noche apagan todos los equipos del edificio, así que los trabajadores deben salir. Esto tiene una doble función: ahorrar energía y horas extras. Además, el último jueves de cada mes hacen un “apagón” de media hora en horario laboral y compraron dosificadores de agua en los grifos que ahorra cerca de 40%. Esto no es descabellado, pues la Secretaría General de la Presidencia aseguró que “en servicios públicos, especialmente en los rubros de luz y agua, es donde se han implementado los principales ahorros”.

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En 2019 esperan ahorrar entre 10% y 15% de todos los gastos de servicios públicos y cafetería, que pueden significar $100 millones. Así como un ahorro en viáticos que equivaldría a $5.000 millones. “A partir de la ley de enajenación temprana que permite que podamos chatarrizar y destruir inmuebles y enseres, el año pasado hicimos una chatarrización de 469 vehículos y una destrucción de 39.000 muebles y enseres, un ahorro para el Estado de $1.500 millones. La meta de destrucción este año es que vamos a ahorrar en almacenaje alrededor de 2.500 millones de pesos”, aseguró Sergio Jordan, vicepresidente Administrativo de la SAE.

Un Plan austero

El Congreso tiene en sus manos el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la equidad’. Esta hoja de ruta cuesta $1.100 billones y tiene la palabra “ahorro” en su esencia: aparece 77 veces en el documento. Además de esto, el gobierno Duque propone una hoja de ruta para la efectividad del gasto público y pretende crear una nueva institucionalidad, más eficiente, porque encontró duplicidades y excesos de trámites que afectan la productividad de la economía, así como mayor control en la asignación del gasto. Lo que buscan es “eliminar gastos no prioritarios y con bajo impacto económico y social”.

Uno de los puntos álgidos de la reestructuración está en los subsidios, sobre los cuales en Minhacienda están haciendo una revisión exhaustiva. “A medida que disminuye la pobreza y permanece constante el número de afiliados al régimen subsidiado en salud, tenemos un problema. El régimen subsidiado vale $30 billones y si la mitad de la población que es amparada por ese régimen no debería estarlo completamente, estamos hablando de cifras que superan los billones de pesos”, explicaron.

En el Plan de Desarrollo buscan ponerle un límite a los subsidios, el Gobierno dice que deben existir “criterios para la ‘graduación’ de sus beneficiarios”, para eso proponen que cuando se cree la asignación se señale de manera expresa cuándo terminará.

Apretarse el cinturón en tiempos de angustias financieras es razonable, pero complicado porque esto puede frenar planes que reclamarán los colombianos. Hace unos días en Tibú, en pleno Catatumbo, uno de los habitantes enfrentó a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez: “Dígale al presidente que aprenda a ser serio, en campaña nos dijo que nos iba a dar $200.000 a los de la tercera edad y solo nos dan $60.000. Tarde o temprano también llegará a viejo”. La ministra le respondió que la idea sí es aumentar el subsidio, pero que esto solo se hará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

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EDICIÓN 562

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