| 4/4/2019 12:01:00 AM

Contraloría quiere ponerle coto a detrimento patrimonial

Por dejar de prestar servicios o realizar obras que iban a beneficiar a los ciudadanos, y que nunca se concretaron, la Contraloría inició procesos contra funcionarios y particulares. ¿Qué está pasando con las obras nacionales y regionales?

En los últimos cuatro años la Contraloría General de la Nación inició 4.141 procesos de responsabilidad fiscal en el país. Estos se iniciaron contra funcionarios y particulares que no realizaron las obras para las cuales se habían comprometido, o que dejaron de prestar servicios contratados. ¿El resultado? afectación en la calidad de vida de los colombianos y pérdida del patromonio público. Dinero habló del tema con la contralora delegada de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, Soraya Vargas.

¿Cuándo se configura un detrimento patrimonial?

Se configura detrimento patrimonial cuando los encargados de una gestión fiscal le producen menoscabo al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa, de acuerdo con la Ley 610 de 2000. La Contraloría precisamente se encarga de establecer si existe en cada caso específico una relación entre la conducta dolosa o gravemente culposa y el daño patrimonial al Estado. De esa manera, el objeto de los procesos de responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de actuaciones de ese tipo. El detrimento puede ser ocasionado por los servidores públicos o por particulares en forma directa o contribuyendo a su realización.

¿Cuánto le cuesta al país el detrimento patrimonial?

Para dimensionar el fenómeno, durante los últimos cuatro años la Contraloría inició 4.141 procesos por $21,6 billones, cifra equivalente a 8,1% por del presupuesto general de la nación, que es $258,9 billones para 2019.

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¿Cuáles son los casos más “emblemáticos” de este flagelo?

Podemos destacar el fallo contra Saludcoop y otros por $1,4 billones. Se trató de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que fueron desviados a fines diferentes a la prestación de servicios de salud de los afiliados a esta EPS. También está el fallo contra servidores públicos del IDU, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y de contratistas que tenían a su cargo las obras de Transmilenio calle 26, por $174.000 millones aproximadamente.

Actualmente, la Contraloría General de la República adelanta, entre otras, actuaciones de fiscalización tendientes a determinar el manejo de los recursos públicos en los procesos de intervención de Saludcoop y de Cafesalud, e imputó responsabilidad fiscal en el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar) por $5 billones. Además, revisa el manejo de recursos públicos por cerca de $2 billones asociados a posibles sobrecostos en la construcción del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.

¿Cómo afecta el detrimento patrimonial a las ciudades y municipios?

El detrimento patrimonial conlleva menos inversión social y, por ende, menor atención para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país, así como el retraso en el desarrollo de las ciudades y municipios. Por ejemplo, está lo ocurrido con la construcción de obras de infraestructura que han colapsado o no prestan ninguna utilidad y la desviación de recursos en los temas de salud y educación que tienen destinación específica. Se suman los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por las contralorías territoriales, que, según la Auditoría General de la República, tramitan procesos ordinarios que involucran recursos públicos por el orden de $466 billones.

¿Cómo castiga la justicia colombiana el detrimento patrimonial?

Los fallos impuestos por la Contraloría obligan a los responsables a indemnizar el daño causado y les genera inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos. Un detrimento patrimonial puede estar relacionado con un delito, caso en el cual la Fiscalía investiga y los jueces de la República imponen las penas que correspondan. También puede tener implicaciones disciplinarias que demanden la intervención de la Procuraduría, que las puede sancionar hasta con destitución.

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¿Cuánto tiempo pueden tomar estos fallos?

Es común que se presenten largos debates procesales que dilatan las actuaciones y alejan la posibilidad de que el perjuicio patrimonial sufrido por el Estado sea resarcido. A veces perdura el riesgo de que el responsable fiscal no repare el detrimento patrimonial, pues esos procesos pueden tardar hasta 12 años (5 años en el trámite ante la Contraloría y 7 años en la jurisdicción de lo contencioso administrativo).

¿Hay manera de lograr que los trámites se demoren menos?

El Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, propone modificar el artículo 116 de la Constitución para asignar funciones jurisdiccionales a las autoridades de control fiscal. Esas funciones servirían exclusivamente para determinar la responsabilidad fiscal, debido a que se trata de una función técnica y especializada, otorgando mayor seguridad jurídica a las decisiones adoptadas por los organismos de control en defensa del patrimonio público y haciendo más expedito y económico el proceso.

¿Cómo se podría prevenir el detrimento patrimonial?

El contralor general busca reformar el artículo 267 de la Constitución Política y establecer un sistema de control concomitante y preventivo. Concomitante quiere decir que se ejerce en tiempo real, respecto de las actuaciones que son objeto de control fiscal. Este control será de naturaleza preventiva y no implica coadministración. Se llama preventivo porque su finalidad es evitar que ocurran daños fiscales. También se busca recuperar la función de advertencia, instrumento que permite al contralor general alertar oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público por tratarse de recursos que son de todos los colombianos.

Se ha hablado mucho de lo que se va a hacer con el metro de Bogotá. La mayoría de los aspirantes a la alcaldía dicen que, de ser licitado, no lo reversarían, porque sería detrimento patrimonial para Bogotá. Pero Gustavo Petro dice que no se configuraría detrimento patrimonial ¿Es así?

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Cada caso tiene sus particularidades y no es posible decidirlo en abstracto y menos cuando se trata de un proyecto de esa magnitud. En aras de un ejercicio académico, diría que si se desembolsan recursos y se comprueba que la gestión fiscal allí desplegada es antieconómica, desborda la ley de manera dolosa o gravemente culposa y existe un daño fiscal, estaríamos frente a un detrimento patrimonial

Cualquiera que sea el rumbo que tome el proyecto, los órganos de control deben estar atentos y apoyarse en el control social, en el ejercicio de la vigilancia ciudadana. Esto debe ser tenido muy en cuenta ya que, como ocurrió en su momento con el Metro de Medellín, el de Bogotá es indudablemente una obra de interés nacional que merece la mayor vigilancia para garantizar la adecuada inversión de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

EDICIÓN 562

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