| 4/26/2018 12:01:00 AM

¿La Comisión del Gasto propone una dictadura fiscal?

¿Qué tan buena idea resulta la creación de un consejo consultivo que le imponga talanqueras al gasto público que se origina en proyectos de ley o fallos judiciales? Eso es lo que propone la Comisión del Gasto. Debate.

Los fallos judiciales y las leyes aprobadas en el Congreso de la República se han convertido en grandes generadores de costo fiscal para el país.

La polémica ya tiene su historia. Un primer round se dio cuando la Corte Constitucional, a finales del siglo pasado, ordenó la liquidación del sistema hipotecario conocido como Upac y determinó que la banca debía reliquidar todos los créditos para comprar vivienda. Otro capítulo fue la decisión de esta misma alta Corte de establecer que el incremento del salario mínimo en Colombia debía calcularse sobre la base de la inflación causada y no la proyectada. Otro debate ha sido la indexación de las pensiones.

En tiempos recientes han salido otros temas, como el sistema de salud, el impuesto al consumo y hasta el servicio de alumbrado público.

Sin lugar a dudas, los jueces y legisladores son hoy protagonistas de primera línea de la discusión fiscal en Colombia.

La polémica no ha sido resuelta y todo indica que se va agudizar con la propuesta que acaba de presentar la Comisión del Gasto y la Inversión Púbica.

Recomendado: Así debería reducirse el gasto público en Colombia

Esta instancia consultiva fue convocada por el Gobierno con el fin de establecer un catálogo de medidas para mejorar la situación fiscal y presupuestal del país.

Una de ellas es la creación de un consejo fiscal consultivo, independiente y técnico “que se encargue de analizar y cuantificar los costos de las iniciativas de gasto contenidas en los proyectos de ley en las decisiones de las cortes y de los jueces, y dé cuenta de ello a la sociedad”.

Si este consejo considera que “un proyecto de ley es insostenible fiscalmente”, el Presidente de la República podría vetarlo y en ese caso la Comisión propone que la salida sea una reforma constitucional.

Pero la idea va más allá. La Comisión del Gasto igualmente considera necesario crear un equipo económico en la Corte Constitucional para analizar el impacto de las decisiones judiciales en la sostenibilidad fiscal del país.

Debate abierto

El tema ya ha tenido las primeras reacciones. Por ejemplo, el columnista Gabriel Silva dijo que la tecnocracia colombiana, que le ha representado grandes beneficios al país, ahora se quiere convertir en ‘teocracia’.

Puede interesarle: Estos son los seis frentes que el próximo gobierno no podrá evadir

En su consideración, la idea de crear esta comisión es un riesgo, porque implica “que la soberanía fiscal se le entregue a un consejo de sabios, que podrían ser muy expertos pero que buscan reemplazar con argumentos sacerdotales la voluntad popular”.

Su crítica va más allá cuando señala que “la propuesta de la Comisión de Gasto Público de crear un consejo fiscal que, como en las épocas de la Inquisición, avale el buen comportamiento del Ejecutivo y del Poder Judicial en materia presupuestal, es una injerencia autoritaria y elitista sobre la función de ambos poderes públicos”.

Pero si bien Silva critica la propuesta, otros la consideran necesaria.

Paradójicamente, una de las voces que ha apoyado esa posibilidad es el propio presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, que en distintos escenarios se ha mostrado crítico con la falta de sensatez fiscal por parte de magistrados y muchos otros jueces.

De hecho, Linares está considerando adoptar la idea de conformar un equipo económico para que asesore a la institución en materia fiscal.

Otro esfuerzo similar es el de la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP) del Congreso de la República, que actualmente se está discutiendo en el Legislativo y que busca crear una instancia de asesoría para los legisladores en materia económica.

Según el economista Hernando José Gómez “ayuda mucho este tipo de oficinas a que el Congreso de la República pueda constatar las cifras que le son presentadas, revisarlas y argumentar con más respaldo para la aprobación de las leyes que le propone el Ejecutivo”.

Vea  también: ¿Es necesaria una oficina de asesoría presupuestal en el Congreso?

Sin lugar a dudas, el impacto fiscal se está convirtiendo en un tema central del debate público.

Ya se han dado unos primeros pasos, cuando se creó en el sistema legal colombiano la figura del “incidente de impacto fiscal”, que permite al Gobierno plantear argumentos en contra de una decisión judicial por cuenta del impacto de esa medida en la finanzas públicas.

El procedimiento fue estrenado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para controvertir lo estipulado por una sentencia de la Corte Constitucional a propósito de un asunto tributario que habría tenido un costo de $600.000 millones anuales. Luego de la exposición del Gobierno, la Corte moderó su decisión.

El miembro de la comisión del Gasto, Roberto Junguito, escribió una columna de opinión en la que defendió la creación de estas instancias. De acuerdo con Junguito, la literatura económica muestra cómo “los consejos fiscales, al convertirse en la principal fuente de información sobre la calidad de la política fiscal, permiten el montaje de un buen sistema democrático de rendición de cuentas. Claro está que al delegarse un rol tan significativo en una institución como esta requiere una verdadera garantía de independencia de las influencias partidistas por parte de sus miembros y un mandato claro de los objetivos de política del consejo, de forma tal que se considere como un organismo plenamente confiable por parte de ‘los votantes’”.

El asunto central es hasta dónde debe ser una preocupación popular la situación fiscal del país. El problema se centra claramente en que, cuando las finanzas públicas se deterioran y un país entra en crisis, la población es la más afectada por los necesarios ajustes que se deben implementar.

Recomendado: Estos son los seis frentes que el próximo gobierno no podrá evadir

Los ejemplos de otros países son claros: Venezuela, que ha tenido una desastrosa política fiscal que hoy la tiene prácticamente quebrada y con toda su población pasando grandes necesidades, así como Argentina, donde el Congreso tuvo que aprobar a finales del año pasado un recorte en las pensiones de jubilación y en otros rubros de subsidios por cuenta del hueco fiscal.

Sin lugar a dudas, una sociedad que permite el derroche fiscal por la vía de legislación o fallos judiciales puede estar cavando su propia tumba.

Los recursos del fisco siempre son limitados y generar la sensación de que el Estado tiene expediente para ampliar sus ingresos ad infinitum son la fórmula que lleva directamente al fracaso.

Hasta el momento, Colombia ha tenido una historia positiva de disciplina fiscal. Prueba de ello es que ha sido de los pocos países que, incluso en los momentos más críticos de su economía, como durante la crisis de 1999, la crisis mundial de 2008 y la reciente crisis con los precios del crudo, nunca ha tenido que enfrentar un default (impago de su deuda), el cual sume a los países en profundas depresiones y problemas sociales.

La situación de las finanzas públicas es un debate del que deben participar todos. Tal como lo plantea Junguito, un consejo como el que se sugiere, tanto para el Congreso como para las altas Cortes debería jugar el papel de promover la discusión sobre hasta dónde está dispuesta la sociedad colombiana de agudizar sus desbalances fiscales por cuenta de decisiones erróneas o populistas de los legisladores y jueces.

La estabilidad fiscal es un principio muy importante para cualquier comunidad. Dejar que se vea afectada por decisiones judiciales o legislativas vulnera también los derechos de los más pobres, que son las principales víctimas de los grandes procesos de ajuste.

Para la población más vulnerable, la verdadera dictadura fiscal procede de quienes ordenan gastos que no se pueden pagar sino a costa de empeñar el futuro.

Puede interesarle: Candidatos e impuestos: ¿Son posibles sus propuestas?

EDICIÓN 562

PORTADA

¿Qué va a hacer Carrasquilla después de la regla fiscal?

Las últimas semanas han sido bastante agitadas desde la perspectiva empresarial y económica. El comité consultivo de la regla fiscal decidió conceder un margen de maniobra al Gobierno en materia de gasto y endeudamiento, al flexibilizar algunos puntos el nivel de déficit fiscal permitido para 2019 y 2020.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en DINERO Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com
Su código de suscripción no se encuentra activo.