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| 6/6/2019 12:02:00 AM

Borrón y cuenta nueva: ¿un salvavidas para deudores morosos?

El proyecto de ley de borrón y cuenta nueva en las bases de datos de los bancos se enreda en el Congreso. Es claro que la medida podría resultar un remedio peor que la enfermedad. ¿Por qué?

En los últimos días el sector financiero ha estado en alerta por cuenta del proyecto de ley de ‘borrón y cuenta nueva’ que busca amnistiar a los deudores morosos reportados en las centrales de riesgo. La medida, que modificaría la Ley Estatutaria 1266 de 2008 de Habeas Data, ha generado un intenso debate entre el sector y los autores del proyecto, los senadores David Barguil, del partido Conservador y Luis Fernando Velasco, del partido Liberal.

Los promotores del proyecto plantean eliminar el reporte negativo de manera inmediata, y por única vez, a los deudores que se pongan al día en los primeros seis meses de aprobada la norma. Plantea además que el tiempo de reporte en las centrales de riesgo se reduzca al mismo de la mora o máximo 2 años. En la actualidad es el doble de tiempo de la mora, hasta 4 años.

Santiago Castro presidente de Asobancaria.

Con el proyecto, los autores se proponen generar más acceso al crédito en el país. No obstante, en el sector financiero consideran que la medida podría generar el impacto contrario. Dicen que eliminar los datos deteriora la información existente de la vida crediticia, lo que llevaría a elevar los niveles de riesgo del sector financiero para todos los usuarios. Esto se vería reflejado en tasas de interés más altas, estimadas en cerca de 8 puntos porcentuales adicionales, lo que generaría una política restrictiva que podría terminar en más préstamos negados.

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El gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, afirma que cuando los bancos no tienen información, asumen que la gente es “mala paga”. “Una idea que tiene los mejores propósitos acaba produciendo los peores resultados”, precisó.

En Asobancaria comparten esa opinión. Para su presidente, Santiago Castro, no tiene sentido eliminar la información y más cuando 92% de los reportes son positivos y solo 8% negativos.

Para la vicepresidente jurídica de Datacrédito, Natalia Tovar, la norma afectaría además la garantía reputacional que hoy tienen 9 de cada 10 colombianos que han construido con el tiempo un historial de pago impecable. Y amenaza a cerca de 28 millones de personas, entre ellos las de más bajos ingresos, debido a que 7 de cada 10 créditos corresponden a estratos 1,2 y 3. De los préstamos, los bancos conceden 3 de cada 5 a mujeres, por lo que 64% de la garantía reputacional de las mismas también se vería comprometida.

En cuanto a reducir el plazo de permanencia de la información negativa a 2 años, esa medida ubicaría al país como uno de los que menos información relevante tiene para el análisis de crédito. Y desconoce el hecho de que el Banco Mundial calificó el término de permanencia vigente en el país como un ejemplo adecuado, por lo que ocupa el primer puesto en la región y el tercero en el mundo.

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Según Datacrédito, en este aspecto la idea es que la información en la historia de crédito permanezca el tiempo necesario para analizar el riesgo del mismo. A las críticas se suma la ponencia negativa del proyecto, presentada por el representante por Bogotá José Uscátegui, del partido Centro Democrático. “Esa reforma, en mi criterio y según las observaciones de los expertos, puede llegar a ser contraproducente”, dijo.

En otros países

El estudio The Equilibrium effects of information deletion: evidence from consumer credit market, elaborado por el National Bureau of Economic Research, muestra que las amnistías en materia de información se traducen en restricción del crédito para los segmentos menos favorecidos de la población. En estos existe una probabilidad superior a 60% de que los beneficiados entren en mora nuevamente durante los siguientes 12 meses.

David Barguil senador conservador.

Hay un ejemplo muy diciente: en Chile en 2012 una amnistía obligó a los oferentes de crédito a dejar de comunicar información a nivel individual sobre algunos incumplimientos. Eso dividió el mercado en dos grandes grupos: las personas con mayor capacidad de pago, y las que tienen menos. Estas últimas sintieron un efecto negativo en las tasas de interés.

¿Qué dicen los autores?

El senador Barguil negó que el proyecto limite el acceso al crédito. “Es el argumento trasnochado del sector financiero cada vez que presentamos una ley en beneficio de los usuarios”, dijo.

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Para él, las bases de datos que manejan las centrales de riesgo existen para mantener la información de los hábitos de pago de los colombianos, y la ley ya obliga a que la información de los que sí pagan se mantenga. “No pueden amenazarnos con que por nuestro proyecto van a borrar los datos de todas las personas que han sido cumplidas con sus créditos”, dijo.

Señaló que el sector financiero está dividiendo entre “buenos y malos” a los colombianos, cuando la verdad es que entre el 8% que tiene reporte negativo hay personas que han tratado de ponerse al día. Y lo que es peor, en muchos casos el reporte tiene su origen en procesos de suplantación personal.

El proyecto de Ley hizo trámite en Senado, que ya lo aprobó. Ahora, la Comisión Primera y la plenaria de Cámara de Representantes deberán darle tercer debate antes del 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo. Solo entonces se sabrá el destino de la información de miles de deudores colombianos que ven en esta iniciativa un salvavidas.

EDICIÓN 562

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