| 10/27/2016 12:00:00 AM

"Me preocupan más las vacas que los carros", ministro de Ambiente

El ministro de Ambiente hace un balance de su gestión, anuncia licencias ambientales previas a la exploración, descentralización de la Anla y aumento de las zonas protegidas.

Con apenas siete meses en el cargo, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, lidera una cartera llena de ‘chicharrones’, que cada vez toman mayor protagonismo a medida que crece la conciencia ecológica de los colombianos.

A los debates generados por la demora en la aprobación de las licencias ambientales o por su aprobación en zonas que algunos grupos ambientalistas creen que deberían ser protegidas, se suma la urgencia de cumplir con las obligaciones que adquirió Colombia para reducir en 20% sus emisiones de dióxido de carbono; la preparación para el cambio climático y la recuperación y protección de los ríos de las principales ciudades, así como de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es el complejo lagunar más grande de Colombia.

Murillo, quien fue director del Departamento de Medio Ambiente de Bogotá durante la alcaldía de Mockus, insiste en que en el tema ambiental se deben dar debates informados, pues poca gente sabe que el sector agrícola consume más agua que el minero. “A mí me preguntan si estoy preocupado por las emisiones de los 11 millones de vehículos que ruedan por el país, pero me preocupa más la contaminación de las 25 millones de cabezas de ganado”, dice sonriendo. Este es su balance.

¿Cómo ve el movimiento que se está gestando contra la minería y contra el petróleo?

Los fenómenos de El Niño y La Niña hacen que la gente se preocupe cada vez más por su acceso al recurso hídrico, sobre todo en las zonas donde este se ha deteriorado más, como la Caribe y la Andina. En esta última, por ejemplo, el bosque seco tropical está disminuido. Hoy queda entre 15% y 35% de lo que se cree existía antes. Por eso, muchas personas están convencidas de que es minería o agua. Es una situación compleja y requiere un debate informado sobre el papel de la industria extractiva en el desarrollo, así como de sus consecuencias ambientales.

Justamente, la Guajira es una de las zonas donde se culpa de la falta de agua al Cerrejón, ¿qué tan cierto es?

El problema del agua está en la alta Guajira y allá no opera Cerrejón, sino más abajo, pero a la empresa la asocian con esta situación porque se cree que al ser la más importante del departamento no ha hecho el debido esfuerzo de responsabilidad social corporativa. Al principio ellos no tuvieron un buen comportamiento ambiental, pero han mejorado muchísimo. Hoy tienen un debate por el desvío del arroyo Bruno, que se correría 700 metros en un trayecto de 3 kilómetros. El desvío es técnicamente viable y eso se evidencia en su licencia ambiental, que la tiene desde hace rato. Si se solucionan las dificultades políticas, este podría ser un ejemplo de buenas prácticas extractivas.

¿Cómo operan las licencias ambientales para el sector minero-energético?

Por el ordenamiento jurídico, las licencias son posteriores al otorgamiento de los derechos de explotación y exploración. Primero la Agencia Nacional de Minería otorga el título y después se solicita la licencia ambiental a la Anla.

¿Y sigue vigente la norma que permite hacer exploración sin licencia?

Sí, pero la queremos cambiar, pues la sola expectativa de exploración ya genera ciertas respuestas, incluso conflicto social. Por eso es mejor resolver temprano la licencia ambiental, además, está dentro de las exigencias que nos ha hecho la Ocde. Es una práctica internacional.

¿Y eso implica una reforma a la ley de licencias ambientales?

No es necesario, solo con un decreto, pero debe venir acompañado de una demostración de que hemos agilizado los trámites de las licencias.

¿Y qué tanto los han mejorado?

Después de la solicitud tenemos 90 días para dar respuesta y nos estamos demorando 57, pero esos son días activos; es decir, si hay una suspensión de términos, el plazo también se suspende; así que en promedio tardamos entre 3 y 6 meses. Muchas veces los términos de la licencia son suspendidos por las empresas, que se demoran en responder a nuestros requerimientos. Ese es el caso de la doble calzada Ciénaga-Barranquilla (es un tramo de la vía entre Barranquilla y Santa Marta porque viene de cuatro carriles y llega a un punto donde se vuelve de dos, al pasar por el Parque Isla de Salamanca, pues ahí hay un intercambiador de aguas marinas con aguas de río). Es un proyecto urgente. Le dimos hasta el 18 de noviembre al originador para presentar el diagnóstico ambiental, pero ya están pidiendo prórroga y esto aún no se ha concesionado. Parques Naturales no quería, nosotros le dijimos que sí e hicimos un gran esfuerzo como para que ahora el originador nos venga a pedir más tiempo.

¿Cuántas licencias están analizando actualmente y de qué sectores?

El año pasado nos solicitaron 1.011 y resolvimos 692. Este año, la mayoría son para infraestructura e hidrocarburos. El licenciamiento ambiental es uno de los desafíos que tenemos porque hay que fortalecer la Anla, la cual tiene un equipo mayoritariamente de contratistas que rotan mucho y en este tipo de instituciones uno no puede tener una rotación tan alta porque se pierde memoria institucional. Es más, las licencias se demoran a principios de año porque están contratando la gente en enero y febrero. También se nos retrasa el seguimiento de proyectos.

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¿Qué tanto afecta el proceso de licenciamiento un fallo reciente que les dio la posibilidad a los contratistas de solicitarlas ante las CAR o ante la Anla?

Estamos buscando una coordinación entre las CAR y la Anla. Además, planeamos descentralizar la Anla hacia las zonas en donde tiene un mayor volumen de proyectos, como Putumayo y Caquetá –con hidrocarburos– y Antioquia –con un gran volumen de proyectos hidroeléctricos y de infraestructura vial–. La idea es tener oficinas en esas zonas, lo que facilita la articulación con la CAR respectiva y genera una mejor relación con los usuarios de la Anla. La meta es iniciar la descentralización el año entrante.

¿Cómo va la protección de zonas ambientales como páramos y parques?

Vamos a aumentar las áreas protegidas, delimitando zonas vía acto administrativo. Además, estamos sacando una resolución de las áreas de excepción para minería, en particular en lo que tiene que ver con materiales de construcción y con carbón. En el caso de Bogotá, por ejemplo, van a cambiar las zonas de las canteras. Ya publicamos una resolución para comentarios y creemos que puede salir este mismo mes. Esto es consecuencia de un mandato del Consejo de Estado tras un fallo de tutela. Como resultado, el parque minero-industrial de Usme podría quedar por fuera, así que estamos mirando las implicaciones.

¿Cómo van los negocios verdes?

Hay dos líneas: una para el manejo de residuos, pues producimos 11,6 millones de toneladas de basuras al año y solo reciclamos 17%, y la otra son las energías renovables no convencionales. Hace poco expedimos unos decretos reglamentarios de la ley 1715 de 2014, que es la ley de energías renovables, la cual trae unos incentivos que dependen de una certificación ambiental que debemos otorgar . Reglamentamos esa certificación para energías eólica, solar, biomasa y geotérmica. El potencial es enorme y la Anla ya tiene solicitudes de licencia ambiental para producir casi 2.000 megavatios, que es la tercera parte de la demanda del país.

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EDICIÓN 562

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¿Qué va a hacer Carrasquilla después de la regla fiscal?

Las últimas semanas han sido bastante agitadas desde la perspectiva empresarial y económica. El comité consultivo de la regla fiscal decidió conceder un margen de maniobra al Gobierno en materia de gasto y endeudamiento, al flexibilizar algunos puntos el nivel de déficit fiscal permitido para 2019 y 2020.

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