| 12/14/2017 12:01:00 AM

¿Cómo funcionará el crowdfunding en Colombia?

El país está a punto de comenzar a utilizar, de una manera segura para los inversionistas y los empresarios, la financiación colaborativa. ¿Cómo será posible?

La financiación colaborativa es un mecanismo novedoso en los mercados de capitales que permite acopiar pequeñas sumas de una multitud de individuos, con el objeto de fondear proyectos, con menos requisitos y a menores costos que otros mecanismos tradicionales. Para lograrlo, conecta a los inversionistas con los proyectos, por medio de unas plataformas informáticas localizadas en sitios web.

La financiación colaborativa incrementa las fuentes de recursos para los empresarios y los emprendedores, amplía su acceso al mercado de capitales y aumenta la profundización financiera de la economía.

Por estas características, constituye una puerta de entrada al mercado de capitales para las pequeñas y medianas empresas que no han accedido a él por la complejidad de los trámites y de los requisitos exigidos por los intermediarios tradicionales.

Hasta el momento no se ha hecho uso de este mecanismo de financiación en Colombia, pero se podrá a partir del año entrante, porque la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda está próxima a expedir la normatividad pertinente. Su Director, Felipe Lega, le contó a Dinero algunos de los pormenores.

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El objeto es regular la administración, el funcionamiento y la utilización de las plataformas electrónicas para la financiación de proyectos de inversión a través de la emisión de valores. También fijará las reglas de revelación de información y los estándares operativos y de funcionamiento de la infraestructura requerida para el buen funcionamiento de las plataformas. Además, establecerá las normas para la protección de los empresarios, los emprendedores y los inversionistas, así como las de prevención del lavado de activos y las de manejo de los conflictos de interés.

Para acceder a este mecanismo, los proyectos tendrán que realizarse en el territorio nacional y podrán ser llevados a cabo por personas naturales o jurídicas con residencia en el país, a partir de actividades empresariales en los sectores agropecuario, industrial, comercial y de servicios.

Según la explicación del director, la financiación colaborativa por medio de las plataformas electrónicas se hará en el país a través de la emisión de dos tipos de instrumentos: valores representativos de deuda (bonos) o de capital social (acciones).

Las entidades administradoras de las plataformas serán sociedades anónimas de objeto exclusivo, que obtendrán autorización de la Superintendencia Financiera (SFC), tendrán que inscribirse en el registro nacional de agentes del mercado de valores y estarán vigiladas por ella. También deberán prevenir, administrar y revelar conflictos de interés. Además, deberán garantizar la continuidad y regularidad de los mecanismos y dispositivos que requiere la plataforma para su funcionamiento. Por último, deberán poseer técnicas eficaces de administración y control de riesgos y de salvaguardia de sus sistemas informáticos.

Las actividades de las entidades administradoras comprenderán la recepción, clasificación, publicación y promoción de los proyectos. También tendrán que clasificar y calificar sus riesgos.

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Cuando se trate de proyectos financiados a través la emisión de deuda, deberán analizar los riesgos de perder los fondos invertidos, no obtener el rendimiento esperado y la iliquidez de la inversión. En el evento de que la financiación se haga por medio de la emisión de acciones, tendrán que evaluar además los riesgos de disolución de la participación en la sociedad, no influir en su gestión y no recibir dividendos.

Asimismo, deberán suministrar en forma permanente la información sobre las características de los proyectos, su calificación de riesgo y su evolución, así como de las condiciones de financiamiento.

Por último, tendrán que realizar el recaudo de la financiación de cada proyecto, a través de las entidades vigiladas por la SFC y separar estos fondos de sus recursos propios.

Por otra parte, Lega fue enfático en señalar las prohibiciones que tendrán las administradoras, sus accionistas, administradores y funcionarios. Ellos no podrán brindar asesoría sobre los proyectos financiados mediante la plataforma que administren, asegurar rendimientos sobre la inversión, otorgar crédito u otro tipo de financiación a los empresarios y emprendedores, ni ser aportantes.

Al mismo tiempo, las plataformas deberán suministrar a los aportantes y receptores información veraz, clara y actualizada, que contenga una descripción de cada proyecto. También estarán obligadas a informar, de un modo similar, los montos, plazos y tasas o precios de las emisiones de los valores a que haya lugar en la financiación participativa. Cuando se trate de títulos de deuda, deberán divulgar la tabla de amortizaciones, que contenga los valores, el número y la periodicidad de los pagos, junto con las sanciones por incumplimiento. Además, tendrán que comunicar el procedimiento de devolución de los recursos, en los eventos en que no se alcance el porcentaje mínimo de financiación en el plazo establecido, cuyo máximo será seis meses.

El Director de Regulación también le advirtió a Dinero que la financiación colaborativa tendrá límites, tanto para los montos permitidos por cada proyecto, como para las sumas autorizadas por cada aportante.

En el primer caso, el valor máximo de la financiación provista por este mecanismo para cada proyecto será de mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), lo cual equivale hoy a $737,1 millones. A primera vista, esta cantidad parece pequeña, por lo cual es posible que al establecerla se pretenda que quienes utilicen este mecanismo para financiar sus proyectos sean sobre todo pequeños y medianos empresarios. Sin embargo, se permitirá que los receptores puedan financiar de manera simultánea más de un proyecto, aunque solo se les autorizará la utilización de una plataforma para cada uno de ellos.

En el segundo caso, los aportantes, a través de plataformas de financiación participativa, no podrán invertir en cada proyecto más de la suma que resulte menor entre diez SMMLV ($7,4 millones) y 5% de sus ingresos anuales. Tampoco podrán invertir por medio de ellas un monto global en varios proyectos que sobrepasen el menor entre 30 SMMLV y 15% de sus ingresos anuales.

Lega advirtió que esos recursos no estarán de manera alguna respaldados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), de modo que los aportantes a proyectos de financiación participativa lo harán por su cuenta y riesgo, como ocurre con cualquier otra inversión.

En buena hora el país contará a partir del año entrante con este mecanismo, que permitirá a los medianos y pequeños empresarios romper el cuello de botella de la financiación, para poner en práctica sus ideas, reducir sus costos financieros, aumentar su productividad y operar dentro de la formalidad.

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