| 3/15/2018 12:01:00 AM

Adjudicación del espectro de 700 MHz está en veremos

La demora en la adjudicación del espectro de 700 MHz tiene contra la pared a las compañías que ofrecen internet y al desarrollo de la economía digital.

Los usuarios de internet y los que no lo son aún son los más perjudicados con la demora reiterada del Gobierno para adjudicar a los operadores privados un espacio radioeléctrico (espectro) para que funcione de mejor manera y con mayor cobertura la tecnología LTE (4G).

Estamos hablando de la subasta para adjudicar por 10 años el denominado espectro de 700 MHz, que no es otra cosa que una franja o banda invisible por la que podrían viajar millones de datos para que usted se comunique de manera más eficiente y rápida.

El espectro de 700 MHz no solo llevaría la tecnología 4G a millones de personas que viven en lugares apartados de los centros urbanos; cuando usted viaja por carretera habrá sentido en alguna ocasión que su conexión a internet no funciona bien. Bueno, ese espectro que se busca adjudicar desde el año 2015 sin éxito, permitiría mejorar y potenciar ese tipo de conexiones.

Aunque no estamos al borde de un apagón de datos, sí estamos huérfanos de mejores herramientas para incentivar la economía y comunicarnos mejor.

De hecho, operadores de internet y telefonía, como Claro, indican que todavía hay espacio en las frecuencias disponibles para seguir atendiendo la creciente demanda y flujo de datos entre celulares y otros aparatos de conectividad móvil.

Sin embargo, Claro y otros operadores como Movistar también indican que esta nueva banda de 700 es fundamental para mejorar la calidad de las transmisiones para optimizar el servicio de internet móvil en sótanos y edificios en las ciudades y para incentivar lo que algunos llaman economía digital. En otras palabras, hace posible llegar con servicios virtuales de educación, salud y banca a cualquier sitio, por apartado que sea.

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Según Pablo Márquez, exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), “no adjudicar la banda de 700 fue un mal mensaje para el sector”.

Pero no solo eso. Cerca de la mitad del país no tiene una conexión móvil a redes de banda ancha, eso significa que esas transmisiones son lentas y defectuosas. En países de la Ocde, el promedio de ese tipo de accesos en banda ancha es de 85%.

Además, con una frecuencia de 700 adjudicada a los operadores se les haría posible extender en el territorio colombiano los beneficios del comercio electrónico. Desplegar ese tipo de tecnología por fuera de los grandes centros urbanos es muy complejo, porque las velocidades son muy lentas. Google –por ejemplo– tiene cuantificado cuánto le cuesta a los empresarios cada segundo que tarda de más en abrirse una página web. Cada segundo de demora en este proceso es dinero que pierden los dueños de esas páginas porque mucha gente desiste después de algunos segundos y se va para otra.

No tener banda ancha en las regiones también significa no tener acceso a canales de información que eviten la corrupción o disponer de una alerta temprana inmediata en caso de inminente catástrofe ambiental, entre otros asuntos.

¿Qué pasa con la subasta?

Colombia fue uno de los primeros países en adjudicar otras bandas que permitieron la expansión de 4G o banda ancha en las grandes ciudades. Pero ahora es uno de los últimos de la Región en adjudicar la banda de 700.

Para el MinTic, el más reciente aplazamiento del proceso (febrero de 2018) se explica por la solicitud que hicieron dos operadores (ETB y Telefónica) para postergar el proceso debido a comentarios que estas compañías tienen frente a él.

El Gobierno también justifica este nuevo aplazamiento teniendo en cuenta un oficio que envió la Procuraduría General de la Nación el pasado 13 de febrero en el que pide considerar la suspensión del proceso, incluso hasta después de elecciones. La segunda vuelta presidencial se haría el 17 de junio próximo, por lo que solo quedarían unos 50 días antes del 7 de agosto para sacar adelante el proceso.

Algunos analistas creen que eso no va a suceder y que este Gobierno dejará para la próxima Administración la licitación. El ministro TIC, David Luna, ha dicho en varias ocasiones que buscan dejar adjudicado el proceso. Sin embargo, varios operadores grandes, como Claro y Movistar, no están convencidos con las condiciones de la subasta.

Santiago Pardo, vicepresidente de asuntos regulatorios de Claro, dijo que, si no se ajustan algunos temas clave del proceso, ve muy difícil que la subasta salga exitosa. “Se pide ampliar la cobertura 4G a más de 3.000 áreas rurales, pero no se especifica cuáles”, dice. Y tiene razón, es muy distinto desplegar una antena en el área rural de Cajicá a hacerlo en los vastos territorios amazónicos, por ejemplo.

Ese despliegue –a juicio de Claro– puede costar entre US$500 millones y US$750 millones, teniendo en cuenta que la instalación y puesta en marcha de cada antena puede costar entre US$100.000 y US$200.000.

Otro asunto que preocupa a los operadores es que no se ha definido un precio base de la subasta, por lo que les queda muy difícil construir una propuesta económica para participar. Como si fuera poco, el contrato para la operación del espectro solo estaría vigente por un periodo de 10 años, un tiempo insuficiente para amortizar las millonarias inversiones.

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Al respecto, la directora de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), Martha Suárez, indicó que ya se radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley para ampliar ese periodo de 10 a 20 años.

Sin embargo, aclaró que las otras condiciones de la licitación son definidas directamente por el MinTic y que la ANE solo hace una asesoría técnica del proceso.

Lo cierto del caso es que los operadores no están muy convencidos de participar en este licitación hasta que no se aclaren sus dudas.

Todo lo anterior sin contar que el sector de telecomunicaciones completó dos años en recesión, que existe un mal ambiente de inversión por cuenta del multimillonario laudo arbitral que condenó a Claro y Telefónica por el tema de la reversión de activos. Entre las dos compañías pagaron unos $4,7 billones el año pasado, una cifra alta en una compleja coyuntura económica que derivó en demandas internacionales contra el Estado por parte de estas empresas. Sin embargo, el mal momento de las ‘telcos’ no parece un asunto nacional, pues en varias regiones del mundo se presenta este tipo de declives en la inversión.

El proceso se enfrenta a un dilema: esperar hasta que el apetito en el sector se recupere y lograr mayores recursos para la Nación, o acelerarlo para no perder más competitividad.

Así las cosas, se debe trabajar en dos frentes –bien sea este gobierno o el siguiente–: mejorar el clima de inversión en el sector de telecomunicaciones e incentivar la economía digital, pues es tranversal al desarrollo económico. Podría ser, como lo fue hace unos años, una poderosa locomotora de crecimiento.

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