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| 7/26/2019 6:00:00 PM

Accionistas de Pacific buscan recuperar sus recursos

Cerca de 30 accionistas de la antigua Pacific demandaron para recuperar sus inversiones, y un juez aceptó su acción de grupo. Eso podría revivir las expectativas de más de 7.000 personas jurídicas y naturales que vieron esfumarse sus recursos con la destorcida de la petrolera.

Desde mediados de 2014 hasta finales de 2016, el valor del petróleo cayó dramáticamente, lo que no solo golpeó a los países productores. Las petroleras la pasaron mal y, en su caso particular, Pacific vio afectada sustancialmente su rentabilidad, al igual que la capacidad para pagar su deuda, que ascendía a US$4.500 millones.

Muchos recuerdan la historia de un grupo de venezolanos como Miguel de la Campa, Serafino Iacono, Ronald Pantin y José Francisco Arata, que llegaron al país a mediados de la década pasada y construyeron un emporio que superó los US$6.500 millones de capitalización bursátil. Pacific operaba campos en los Llanos, como el de Rubiales, que revirtió luego a Ecopetrol. También exploraba otros en Sucre, en especial de gas, y construía un puerto en la Costa Caribe, en alianza con inversionistas como el IFC, brazo financiero del Banco Mundial, entre otros negocios. Además, sus acciones estaban entre las más dinámicas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

La caída de los precios del crudo provocó una difícil situación. Pero desde la compañía salían declaraciones que daban parte de tranquilidad sobre su futuro, que calmaron temporalmente los ánimos de los accionistas, en especial los pequeños.

Pero detrás de la fachada de tranquilidad, la caída de los precios del petróleo seguía haciendo mella. Eso, y para muchos las fallas en el gobierno corporativo en materia de información y manejo, la condujeron a un proceso de venta y reestructuración. Algunos rumores hablaban de contactos de Pacific con la mexicana Alfa y el fondo Harbour. Pero al final el fondo Catalyst Capital Group hizo el proceso de compra de la petrolera.

Para hacer la reestructuración, consolidaron las acciones de la compañía sobre la base de 100.000 a 1. Es decir, que la persona recibiría una acción por cada 100.000 que tuviera antes del proceso. Las sobrantes quedarían descartadas, y por lo tanto quienes tuvieran menos de 100.000 acciones no recibirían nada a cambio. Así miles de pequeños inversionistas quedaron en el aire.

Personas jurídicas y naturales, como pensionados, empresas, fondos de pensiones, congregaciones religiosas y hasta grupos económicos y sus presidentes quedaron atrapados en medio de la decisión. Desde ese momento, unos ‘castigaron’ las inversiones y las dieron por perdidas. Pero otros empezaron a analizar qué caminos podrían tomar para recuperarlas. Entre tanto, los defensores sostenían que se trataba de una empresa canadiense que, aunque cotizaba en la Bolsa de Valores de Colombia, se regía por las leyes de ese país.

Los afectados pasaron varios años en busca del mecanismo para reactivar algún proceso que les permitiera pelear por sus recursos. A finales de 2018 llegó el primer mensaje, cuando un juez aceptó una acción de grupo. Y hace unas semanas, luego de resolver las excepciones presentadas por Pacific –hoy Frontera Energy–, se consolidó este proceso judicial.

En efecto, el juez 32 Civil del Circuito de Bogotá aceptó la acción de grupo interpuesta contra Frontera Sucursal Colombia y la antigua Meta Petroleum, como representantes de Pacific en el país, por 30 personas naturales y jurídicas que tenían acciones en Pacific. Al hacerlo, abrió la puerta para que se sumen otros perjudicados.

Los cálculos iniciales estiman que en Colombia habría 7.214 personas naturales y 613 jurídicas afectadas, que representarían más de 21 millones de acciones que, según el precio equivaldrían a unos $448.000 millones. El Tribunal de Cundinamarca en su Sala Civil aceptó las medidas cautelares que pidieron, consistentes en conservar la información asociada al procedimiento de reestructuración.

Estas decisiones judiciales pueden ser la punta del iceberg en este caso. Otra acción judicial pretende evitar la venta de los activos asociados a Pacific, para proteger el patrimonio de los accionistas.

Frontera ya se notificó y ha interpuesto los recursos y fijado su posición, argumentando que la acción interpuesta no tiene mérito (ver recuadro en la página siguiente). En principio el juez ha rechazado esos argumentos y ahora busca determinar qué tan grande es el grupo y quiénes pueden verse afectados. Pero posiblemente estas no serán las únicas iniciativas judiciales contra la antigua Pacific.

El eje

Pacific recibía muchas críticas sobre el manejo de su información. De hecho, por ocultarla y omitir sus deberes al respecto, la Superintendencia Financiera sancionó al representante legal de la empresa.

Precisamente los inversionistas afectados argumentan primordialmente que Pacific incumplió su deber de suministrar información relevante y oportuna al mercado de valores.

Según un documento conocido por Dinero, “Pacific incumplió el deber legal de informar al no revelar información relevante de la que tenían conocimiento, de manera sistemática a los accionistas minoritarios y al mercado de valores sobre la situación financiera real de la compañía, haciendo creer de manera artificiosa que esta era una compañía sólida y que cualquier preocupación sobre su viabilidad era infundada, cuando lo cierto era que el rendimiento de la empresa estaba en un declive irreversible”.

El análisis agrega que los administradores de Pacific indujeron a error a los accionistas minoritarios sobre la situación financiera de la compañía. Y que estos tomaron decisiones con base en un mensaje de confianza y solidez de la empresa, que resultó falso. “En consecuencia, muchos accionistas colombianos se abstuvieron de enajenar sus acciones, y al final sus derechos quedaron anulados cuando la incapacidad de la empresa de responder a sus acreedores terminó en que el fondo de inversión privado Catalyst Capital Group se quedara con el control de la misma”, señala.

Además, para ellos, Pacific es una entidad extranjera emisora de valores en Colombia. En consecuencia, está sujeta a las normas nacionales que rigen sobre los emisores de valores en el país. Entre estas se encuentran las obligaciones de revelar información al mercado de valores, cuyo incumplimiento habría perjdicado a los accionistas.

Todo indica que apenas comienza el primer capítulo de una historia que el país creía sepultada en el pasado.

La respuesta de Frontera

Frontera se pronunció sobre la demanda. Argumenta lo siguiente.

Ante la acción de grupo interpuesta por algunos antiguos accionistas de Pacific E&P, Frontera Energy considera que no tiene mérito para prosperar, entre otras, por las siguientes razones:La cancelación de las acciones de la mayoría de los accionistas de Pacific E&P se dio como resultado del proceso de reorganización que adelantó dicha compañía en 2016, que es diferente a Frontera Energy AG, cuyas acciones no se han cotizado en la bolsa y cuyos dueños no son los mismos de Pacific E&P.Los demandantes pretenden hacer responsable a Frontera Energy por las supuestas conductas de Pacific E&P, lo cual resulta improcedente según el derecho colombiano.

La reorganización de Pacific E&P, liderada por sus principales acreedores financieros, fue aprobada por 98,4% de sus acreedores, por la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá, y por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Con ello, se preservó la compañía como unidad productiva.Las personas que adquirieron las acciones de Pacific E&P en la bolsa de valores de Toronto y Colombia asumieron riesgos, tales como la pérdida de la inversión y la insolvencia de la compañía. Además, estuvieron asesorados por comisionistas de bolsa.Tal y como fue advertido a los compradores de acciones a través del “Prospecto de información para el registro de las acciones ordinarias de Pacific E&P”, publicado en el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores de la Superfinanciera (SIMEV) en 2009, los accionistas se sometieron a la jurisdicción de las cortes canadienses. Por esto, ahora deben acoger la decisión de la Corte Superior de Ontario, Canadá, que determinó que los acreedores (incluidos los accionistas de Pacific E&P) no pueden iniciar acciones que interfieran con la implementación del plan de reorganización. Con la acción de grupo, los demandantes incumplen esta orden.

Según la información disponible en el SIMEV, Pacific E&P informó constante y suficientemente sobre su situación financiera al público. Frontera Energy confía en que los anteriores argumentos, así como los demás que han sido expuestos ante el juzgado, desestimen la acción de grupo, y hace un llamado para que no se creen falsas expectativas en los afectados con la reorganización de Pacific E&P, asunto que fue decidido por las cortes canadienses y colombianas en 2016.

EDICIÓN 562

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