Opinión

  • | 2017/10/12 00:01

    Y de los recursos para la paz ¿qué?

    Lo determinante será no tanto hasta dónde se intenta cumplir, sino hasta dónde se puede cumplir.

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Decir que lo que se debate es el futuro de la Paz es falso; cosa diferente es que se use esa retórica para adelantar campañas políticas buscando con ello polarizar la votación.

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Por un lado ya no existe posibilidad de que se eche para atrás el desarme de las Farc: ni tendrían la forma de reorganizarse, ni de rearmarse, ni parece que el grueso de la tropa tendría interés en perder la amnistía o los beneficios ya recibidos, ni dentro del campo ideológico tendrían modelo por el cual luchar, ni podrían aspirar a más reconocimiento de que gracias a ellos se pactaron avances en nuestra sociedad.

Por otro lado, lo ‘pactado’ sería apenas una mínima cuota inicial para la verdadera Paz, pues esta no llegará mientras no se realicen los cambios que la sociedad necesita para permitir condiciones de convivencia: justicia social y correcta administración de justicia, acabar con las grandes desigualdades, la exclusión, etc.; la Paz es la armonía ciudadana y no el silencio de los fusiles.

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Lo que en realidad se debate hoy es sobre la ratificación o no del Acuerdo del Colón (o sea el de La Habana ya ajustado), y hasta dónde se intentaría modificarlo o cumplirlo.

Y sí, hay unos puntos de controversia respecto a decisiones que fueron negociadas porque dependían de lo que acordaran las partes. Respecto a estas hoy, porque no participaron, existen sectores que las cuestionan, unas porque les chocan (poco castigo, participación política, beneficios económicos, etc.), otras porque aparecen incompletas (tratamiento a los desertores, diferenciación de las razones de vinculación de terceros, etc.).

Esos puntos seguirán debatiéndose y probablemente produzcan algunos cambios.

Pero lo determinante para lo que resulte de lo que en esos debates salga –es decir para el posconflicto– no será lo que se guarde o lo que se modifique sino el con qué recursos se adelantará; no tanto hasta dónde se intenta cumplir, sino hasta dónde se puede cumplir.

Es un tema eminentemente económico y hasta el momento no parece haberse tocado.

Se ha visto como irrelevante el soporte que requiere cualquier resultado, minimizando ese aspecto, como si bastara concretar objetivos para que por generación espontánea tuvieran que aparecer los medios para alcanzarlos.

Se hace mucho énfasis en que las elecciones a la Presidencia se resolverán alrededor de las líneas y coaliciones que monten uribistas y santistas para defender o atacar lo que viene y lo que seguirá del ‘proceso de Paz’. Y esto ha distraído tanto, que el simple posicionamiento como ajeno a ese debate ha dado dividendos de respaldo a quienes no participan de él.

Pero tanto el cuento de ‘con o contra la Paz’, como la capitalización de votos atacando la corrupción, son solo discursos retóricos para evitar tocar el verdadero enredo inminente del país ante el cual no tienen nada que proponer.

Porque la realidad es que, independientemente de quién vaya a gobernar el próximo periodo, e independientemente de lo que salga de las actuales controversias, la primera dificultad será definir monto, origen y destino de los recursos para manejar lo que salga de los acuerdos.

La situación actual parece bastante negativa (la última proyección de Standard and Poor’s rebajó el aumento del PIB a 1,6% para este año); el presupuesto sufrió recortes al punto de ser el único en la historia inferior al del año que lo precede (el aumento es casi inevitable por el crecimiento del PIB y la devaluación de la moneda, y ni siquiera en el peor periodo de la economía cuando el PIB decreció bajo Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos como Minhacienda sucedió esto).

A esto se adiciona lo irreal o utópico de los compromisos que derivan del Acuerdo. La reparación a 8 millones de víctimas reconocidas. El banco de tierras de tres millones de hectáreas (ampliable además a 10 millones). El costo de la cantidad misma de procesos y aclaración de situaciones jurídicas una vez salga la Ley estatutaria de la JEP. Todo esto representa gastos que no tienen fuente de donde proveerse (poco o nada será la ayuda internacional esperada, pues atiende hoy más al terrorismo y los problemas migratorios).

Y lo conocido llevaría a conclusiones aún más pesimistas. Las declaraciones de que no habrá cambios al modelo económico, ni al modelo político, ni al modelo de desarrollo. La existencia de la ‘regla fiscal’. Y el hecho de que exceptuando tal vez dos candidatas, ninguno de los que aspiran a la Presidencia tiene una mínima preparación académica en manejo de las finanzas públicas ni ha tenido oportunidad de conocer siquiera cómo se configura el presupuesto nacional y mucho menos su manejo.

No es difícil entender porque no se toca el tema de ‘la economía para la Paz’ por parte de los precandidatos. Pero también debería ser fácil entender lo gravísimo que es esto.

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