Opinión

  • | 2018/05/10 00:01

    Ser o no ser

    Todo indica que Reficar va a ser otro de esos frecuentes falsos positivos judiciales.

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Parece un simple error de juicio, pero su gravedad es monumental: la toma de decisiones con información incompleta y la negligencia se están asimilando y juzgando como corrupción. Ambas tienen consecuencias negativas sobre la sociedad y el fisco. Pero no son lo mismo. La corrupción tiene intención y genera rentas para alguien. La torpeza y el error no benefician a nadie y jamás se pueden anticipar. En los cuestionamientos públicos se tiende a mezclar todo, a costa de la imagen y el funcionamiento del sector público y sus funcionarios. No es lo mismo “Odebrecht” que “Reficar”. Pero muchos los asocian.

En Odebrecht se pagaron y recibieron sobornos. Hubo una clara transferencia de recursos para desviar una decisión pública a beneficio de un privado. Esto generó sobrecostos y cuantiosos dineros para quienes abusaron de la confianza de la sociedad. Un caso de evidente corrupción, a muy alto nivel.

Otra es la historia de Reficar, un proyecto de gran magnitud para modernizar la vieja refinería de Cartagena. Ello arrancó como una respuesta estratégica para defender la industria petroquímica, expuesta a la competencia internacional a raíz del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. La preocupación era que los productos con valor agregado quedaran a merced de sus proveedores de insumos esenciales (oleinas), que con el acuerdo podrían ganar más vendiendo el producto terminado.

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El país se embarcó en un proyecto de modernización de infraestructura estimado en US$800 millones. Los beneficios eran indiscutibles e importantes en términos de competitividad.

El problema de Reficar es que se arrancó con información incompleta y un alcance muy limitado. En la medida que se profundizó en los retos que se enfrentaban, se fueron tomando decisiones que transformaron el proyecto: pasó de ser marginal, a una refinería totalmente nueva con los más altos estándares de seguridad, mínimos tiempos fuera de servicio y altísima resiliencia.

Obviamente no se cumplieron los presupuestos iniciales y el valor final fue significativamente más alto. Por eso, funcionarios y miembros de la junta directiva han sido cuestionados.

Esto no quiere decir que no se hayan cometido errores. CB&I era una firma que venía con problemas y eso costó mucho. El país debería unirse y exigirles que respondan y reintegren los costos generados por su negligencia.

Sin embargo, parar un proyecto de semejante magnitud, cuando ya está en marcha, es muy difícil e inconveniente: eso equivale a perder todo lo invertido; terminar permite recuperarlo. No es una quimera: Reficar va a producir utilidades en los próximos 10 a 20 años que pagarán hasta el último peso que invirtieron. No construir Reficar hubiera sido un error garrafal.

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Las decisiones sobre la modernización de Reficar se tomaron de manera colegiada, mediante actos formales de juntas directivas, con la mejor información disponible entonces.

Prueba de que no hubo corrupción es que el FBI y el Departamento de Justicia de Estado Unidos investigan a Reficar desde hace dos años. Todavía no han encontrado nada. Se trata de las mismas agencias que hicieron pública la investigación sobre Odebrecht que hoy sacude a toda Latinoamérica. Si en Reficar se pagaron sobornos ya algo se sabría.

Estos dos ejemplos son los casos más grandes que hoy en día discutimos como país. Decisiones como las de Reficar son el diario vivir de todos los funcionarios públicos, esos a quienes los entes de control usan de comodines para hacer a un lado a quien les incomode.

El control en Colombia no obedece a la defensa de lo público: está politizado y corrompido. Eso hace que tengamos un sector público paralizado y con miedo a tomar decisiones: arterioesclerosis en lo público.

En el mundo privado todo es sencillo: si el error es grave, despiden al que lo comete y se va sin el bono. Si hay negligencia y la pueden probar, demandan. En lo público le están arruinando la vida a gente honesta para no perseguir a los verdaderos corruptos.

Estamos llegando a que ser funcionario público es casi imposible. Las “ías” (Contralorías, Procuradurías, Personerías) en su afán de mostrar resultados o de satisfacer intereses de quienes han hecho de lo público su fortín imponen sanciones cuando lo que hay en realidad son apenas diferencias de criterio más que actuaciones indebidas. En muchos casos basta caerle mal al funcionario que investiga para meterse en líos insoportables.

Por eso en Colombia se presume culpa y corrupción con solo la mención de una “ía”. Con razón que aquel refrán de que “todos nos podemos equivocar” aplica cada vez menos para los funcionarios públicos del país, a menos que sea de la rosca de los corruptos que tiene secuaces por todos lados.

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