Opinión

  • | 2019/03/21 08:00

    Rentable Regulación

    Ciertos servicios públicos regulados tienen rentabilidades elevadas, por el bien del sistema es importante que el debate se dé y la regulación se ajuste.

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Uno de los importantes legados de la Constitución del 91 es la regulación, por expertos, de ciertos sectores. Los resultados son positivos en general. El sector eléctrico se ha convertido en un pilar de crecimiento, riqueza y desarrollo. Las inversiones que mantienen al país competitivo son realizadas con capitales de estas empresas y a riesgo propio. Eventos tan complicados como Hidroituango se están sorteando con éxito, a pesar de las voces de quienes parecían gozar con la desgracia ajena o necesitaban distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas nacionales. Igualmente, el sector de comunicaciones ofrece un servicio confiable que ha requerido importantes inversiones por parte de las empresas, la calidad que había desmejorado está en niveles aceptables.

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No obstante, aún quedan rezagos y lunares que ameritan mayor atención pública, transparencia y rendición de cuentas. El sector de gas, los servicios de recolección de basuras, acueductos y alcantarillados y alumbrado público podrían beneficiarse de otras miradas que eleven el nivel de la discusión.

En gas, las estructuras de extracción, transporte, distribución y comercialización tienen jugadores demasiado poderosos que pueden extraer rentas. Con rentabilidades alrededor del 30% claramente algo no está bien. En el interior del país el poder de Ecopetrol es excesivo, como único oferente de gas, sus precios son elevados y las supuestas inversiones que deberían garantizar una oferta suficiente para el país no se ven. En el Caribe, empresarios han apostado a la extracción de gas y han logrado aumentar la oferta, pero la concentración de poder de mercado en todo el resto de la cadena los somete a cobros elevados y el consumidor final queda en manos de comercializadores que pueden extraer rentas de empresarios y consumidores.

La Creg, ente regulador serio y confiable, debería elevar su nivel de discusión interna requiriendo otra mirada a estas regulaciones. Y exigir mayor rendición de cuentas sobre la legitimidad de las exigencias y cargos de los negocios conexos, como las revisiones a las instalaciones domiciliarias, donde con frecuencia imponen al consumidor exigencias y cargos abusivos. O las tasas de interés implícitas en los equipamientos que a veces venden. Claramente la tasa de retorno regulada es alta, la remuneración generosa para que se invierta en transporte no se ve y el consumidor viene pagando un gas caro.

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Los hogares no tienen cómo saber qué es un precio justo y las restricciones en la oferta nos están llevando a que la cadena aproveche el sobre costo que tendría surtir al país con gas licuado, casi unos U$5 más por cada 1.000 pies cúbicos. Pero este no debería ser el caso. En México y en Estados Unidos el gas ha llegado a precios tan bajos como US$2,8 por 1.000 pies cúbicos y en promedio lleva casi una década por debajo de los US$5. En Colombia el precio a la industria puede estar entre un 60% y un 80% más.

En alumbrado público, acueductos y alcantarillados la situación es mucho más compleja. Por una parte, es amplia la evidencia de la injerencia política y financiamiento electoral por parte de los zares que controlan las empresas que dominan el sector. La calidad de los servicios es mala, su impacto ambiental negativo y las tarifas son muy elevadas. La extracción de rentas salta a la vista y los reguladores del sector no parecen tener la autonomía que el sistema regulatorio requiere. Esto es un quiste para el aparato económico nacional y una amenaza para la institucionalidad.

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, cuenta con un excelente equipo de profesionales y ha recibido una entidad que nos enorgullece a todos los que creemos en el mercado y en el capitalismo pero que sabemos de los abusos que conlleva. La excepcional labor de su antecesor, Pablo Felipe Robledo, lo deja con la credibilidad y legitimidad para defender al consumidor, al pueblo colombiano que le están chupando en esos recibos abusivos, los pesitos que con tanto trabajo se ganan. Por el bien del país, de su democracia y del sistema político ya es hora de ponerle coto a todos estos abusos.

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