Opinión

  • | 2018/02/15 00:01

    Regla fiscal

    Al amparo de la regla fiscal, la deuda del Gobierno aumentó significativamente en un contexto financiero líquido y favorable. ¿Nos olvidamos de ella?

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En el año 2012 el futuro de Colombia lucía estupendo, empezando porque Independiente Santa Fe, tras décadas de sufrimiento, se coronaba campeón de la liga.

Después de un excelente 2011, la economía colombiana logró seguir creciendo por encima de la barrera del 6% durante el primer semestre y el Gobierno proyectaba una cifra de 4,8% anual para el mediano plazo. Aún más, argumentaba, en el MFMP de 2011  (Pgs. 277 y ss) que el crecimiento potencial podría subir a casi 6%, dados los efectos de la política económica que se estaba ejecutando.

Al mismo tiempo, las noticias provenientes del área fiscal eran muy alentadoras: al finalizar 2011 la deuda del Gobierno había retomado el proceso de ajuste iniciado una década antes y al terminar 2012, llegó a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. Amparada en la presunción de un crecimiento sostenido de 4,8%, la sostenibilidad fiscal a largo plazo no era, ni mucho menos, un lío serio.

Este es el telón de fondo contra el cual ocurren la expedición de la Ley 1473 de 2011 y del Decreto 1790 de 2012, que introducen y reglamentan la figura de la Regla Fiscal (RF) en el país. La versión colombiana tiene como objetivo fijar una meta para el déficit fiscal con dos características. Primero, es una meta consistente con la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas: la deuda está acotada en niveles razonables. Segundo, es una meta que tiene en cuenta los vaivenes de la economía, es decir el hecho de que el crecimiento económico puede estar coyunturalmente por encima o por debajo del crecimiento potencial y que, por esta razón, el déficit puede ser mucho más alto en época de vacas flacas que en época de vacas gordas, sin que ello implique mayor cosa en materia de sostenibilidad.

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Desde que se instaura la regla fiscal, sucede algo que es bastante paradójico: en lugar de bajar, o siquiera de estabilizarse, la deuda del Gobierno se eleva de manera bastante importante, de 32,4% del PIB al finalizar 2012, a 44,1% del PIB en 2017. Y eso que dicho salto no incluye el incremento que tenido en estos años el pasivo de la seguridad social (pensiones y salud), ni tampoco la enorme expansión en deudas adquiridas por fuera del balance por la vía expedita de las llamadas Vigencias Futuras. Por supuesto, parte de la paradoja se explica por el hecho de que, en la actualidad, el PIB es inferior al PIB potencial -en algo entre 2% y 5%- lo cual quiere decir que respecto del PIB potencial, la deuda es un poco menor.

Aunque es imposible decir con precisión cuál es el umbral de deuda pública que comienza a amenazar la sostenibilidad de largo plazo, lo cierto es que nos estamos moviendo en esa dirección. Afortunadamente, el mercado internacional de capitales lleva años ejerciendo como un viento de cola que ha puesto a disposición recursos más que suficientes con tasas de interés bajas y estables. En ese contexto externo tan favorable, el sector privado logró efectuar un ajuste sustancial y relativamente tranquilo entre 2015 y 2017, proceso que explica la dinámica tan satisfactoria que tuvo la cuenta corriente de la balanza de pagos.

La RF y la posibilidad de que los vientos cambien en el mercado de capitales, no han sido materia de discusión en el contexto del ciclo político que arranca, pero sin duda quienes aspiran a gobernarnos -y a ejecutar sus respectivos planes de vuelo- habrán tomado nota de que, para cumplir la Ley, deberán efectuar un ajuste fiscal de 1,4% del PIB entre 2018 y 2019. Esto, que suena manejable, equivale de hecho a un choque de entre 7,5% y 10% del tamaño del Gobierno en Colombia y, más complicado aún, debemos recordar que el Gobierno en Colombia es inmensamente inflexible en materia de gasto e inmensamente anti competitivo en materia tributaria.

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Es necesario aceptar que, si algo, la RF ha sido floja como ancla de nuestras finanzas públicas y que si nos tomamos en serio la estabilidad fiscal, vamos a tener que fortalecerla. Primero, con una reforma tributaria que aumente el recaudo, pero enfocada a apoyar la iniciativa empresarial, la racionalización regulatoria y el crecimiento económico. Segundo, con una reducción gradual pero creíble y significativa de los subsidios más regresivos, empezando por los pensionales.

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