Opinión

  • | 2014/02/05 20:00

    No es mala administración, es el modelo

    Es curioso que se debata tanto sobre la forma de remediar un mal sin ponerse antes de acuerdo sobre sus causas.

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Contrariamente al principio de que un problema está en un noventa por ciento solucionado si se hace el diagnóstico correcto, entre nosotros parece que proponer políticas no depende del análisis del tema a enfrentar sino de averiguar qué es lo que la opinión pública desea oír.

Por eso todos los candidatos solo tocan los mismos lugares comunes prometiendo que remediarán lo que afecta a la población, pero sin decir cómo; y en vez de diseñar y presentar programas que puedan ser sometidos a los votantes para buscar su respaldo, se dedican a atacar el pasado y ofrecer el cambio.

Lo que no hacen es reconocer la relación de causalidad con el modelo neoliberal que se ha implantado.

Cuando comenzaba a desaparecer la alternativa de los países socialistas, se presentó la idea de que había llegado el ‘fin de la historia’ y que el último paso sería lo que vino a conocerse como el ‘modelo neoliberal’, concretado en la ‘globalización’, los TLC, las privatizaciones, el ajuste fiscal, el ‘Consenso de Washington’, la desregularización y la minimización de la intervención del Estado para que las ‘fuerzas del mercado’ ordenen no solo la economía sino la sociedad, etc. Por este se han guiado las decisiones de casi todos los países, presionados por los organismos multilaterales, e instrumentado a través del poder de las trasnacionales y los sectores financieros. El resultado global fue la gran crisis de 2008.

Desde el punto de vista de la teoría o del análisis, el argumento para legitimar la imposición de ese modelo se limitó a señalar las deficiencias de los modelos vigentes (entre nosotros el ‘cepalino’) y del análisis keynesiano.

Quienes veían esto más como un proceso político, adelantaron los estudios que omitieron los defensores del modelo, y todos concluyeron en lo peligroso que podría ser su desarrollo.

Entre los países que más adhirió a este modelo y sobre todo que más terco ha sido en mantenerlo se encuentra Colombia. No son pocos los que han intentado que se ‘abran los ojos’ a este problema pero sin mayor éxito. Personas como Eduardo Sarmiento, Mauricio Cabrera, Amylkar Acosta, José Fernando Isaza, el mismo José Antonio Ocampo y equipos de estudio como los de la Universidad Nacional, predijeron los resultados que hoy estamos viendo.

Que el TLC mal negociado acabaría con la Industria y la Agricultura; que las ventajas comparativas de los países desarrollados siendo el Capital y la Tecnología lo que llegaría aquí como inversión extranjera agravaría la situación de desempleo y se concentraría en la explotación de los recursos naturales; que aumentarían las brechas de riqueza, de ingreso, y de productividad hora-hombre respecto a los países desarrollados; que se produciría una gran concentración de riqueza que aumentaría la desigualdad. En fin, todos los indicadores hoy negativos fueron predichos.

El crecimiento, la estabilidad fiscal, el auge del comercio internacional, el control de la inflación han respondido al modelo al igual que los indicadores negativos arriba mencionados, y esos son los que reivindican las autoridades.

Por eso lo que toca pensar no es si ha habido una deficiente administración, sino si en conjunto los resultados son satisfactorios.

Porque entre las predicciones sobre los peligros del modelo estaba que quienes no son ‘eficientes’ en el mundo que les tocó buscan naturalmente sus ‘ventajas comparativas’ por fuera de él. No solo la insurgencia, sino el narcotráfico, la delincuencia común, la delincuencia organizada, son respuestas a unas condiciones creadas por nuestra sociedad. No es por naturaleza que el colombiano es delincuente o traficante o ‘terrorista’. Y también la ‘corrupción’ es propiciada por el principio de que el poder es para beneficiarse de él –el laissez faire–, y si lo es en la empresa privada, es difícil que no se refleje en el sector público, cuando se supone que son las mismas capacidades las que los llevan allá.

Tanta es la atención que prestan los gobernantes a los temas económicos, como la poca que prestan al orden institucional: desde la Constitución del 91 estamos pendientes de reformas a la justicia, de reformas al sistema electoral, de resolver el problema del ‘choque de trenes’, de expedir el estatuto de la oposición, de hacer el reordenamiento territorial, etc. (o los temas de Salud, Educación, Sistema pensional, etc.). El ‘crecimiento’ y la ‘optimización de los recursos’ copan el interés de nuestros administradores.

El complemento es el énfasis en la represión, con el aumento del pie de fuerza, antes para enfrentar la guerrilla en los campos, ahora traída a la ciudad para controlar la delincuencia y la protesta ciudadana.

Si no se abandona el modelo, todo converge hacia la incoherencia de aumentar los delitos y las penas al tiempo que se multiplican los beneficios para los culpables. Hacinamiento carcelario del 170%, con 150.000 reclusos donde hay cupo para 70.000, de ellos más de 40% sin sentencia; y al mismo tiempo el derecho a gozar de libertad condicional para quienes tendrían que pagar menos de 8 años de cárcel; diariamente 82 menores de edad capturados, aumento de más de 60 presos y otro tanto de nuevas causas judiciales. Tal vez toca pensar también simplemente si es viable mantener el modelo.
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