Opinión

  • | 2019/02/06 22:00

    Persuasión contra la evasión

    Los $13 billones de recaudo de impuestos por fiscalización requieren una posición definida y contundente por parte de la Fiscalía para investigar e imputar cargos a los evasores.

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Con algo de sorpresa leí hace unos días un editorial, de un renombrado penalista, argumentando que el recaudo de impuestos se debía realizar por medio de la persuasión y no la persecución penal. Claramente hacía eco a importantes cabezas del sistema judicial que se pronuncian desfachatadamente afirmando que la Fiscalía no es el chepito de la Dian. Esta imagen mental de nuestros operadores judiciales que menosprecia el recaudo y cobro de impuestos refleja cierto particular desprecio y desinterés en aceptar lo evidente. En Colombia la probabilidad de que la evasión de impuestos sea apenas una manifestación más del narcotráfico, el lavado o la corrupción es algo fácilmente demostrable. Más aún, nuestros operadores de la justicia, con estas afirmaciones desconocen el rotundo éxito que a nivel internacional han tenido las investigaciones penales de crímenes contra la hacienda pública. Y no me refiero a los futbolistas en España. Desde Costa Rica, El Salvador hasta Sudáfrica, las investigaciones penales por evasión de impuestos son la herramienta clave contra la corrupción de altos funcionarios públicos, sus contratistas y el crimen organizado.

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En Sudáfrica la corrupción del expresidente Zuma y de los empresarios Gupta es de conocimiento público gracias a la unidad de investigaciones penales de la administración tributaria surafricana. Esta historia tiene todos los elementos de una novela. Inmigrantes indios que de vender zapatos se transforman en una de las familias más poderosas y ricas de la Sudáfrica post-apartheid. De manera magistral combinaron negocios legales, con actividades ilegales, lavado de activos, fraude y contrabando. La fuente de su poder, las estrechas relaciones de amistad y negocios que forjaron con el expresidente Zuma y particularmente su hijo a quien enriquecieron de forma notable a través de participaciones en contratos de minería, delegaciones muy bien remuneradas en juntas directivas de sus empresas y el control de un poderoso conglomerado de medios de comunicación.

Estos matrimonios entre familias de los políticos poderosos y las familias de los contratistas y “empresarios de lo público” se cimientan con la entrega del control de ministerios estratégicos, el manejo de empresas públicas, entes reguladores e importantes agencias del Estado. Estos vínculos con el poder les permitieron a los Gupta ser los intermediarios entre el gobierno, las decisiones estratégicas de contratación publica y grandes multinacionales.

La corrupción para ser sostenible y enquistarse en lo público requiere involucrar y coptar suficiente gente en los gobiernos que sirvan para entorpecer investigaciones, manipular la opinión pública y facilitar nuevos negociados que permitan alimentar a la bestia a la vez que se hacen intocables. Esta cada vez más perfecta unión les permitió a todos los involucrados enriquecerse a niveles inimaginables en menos de 20 años. La fortuna de los Gupta, cercana al millardo de dólares, arranca con los contratos de computadores para las escuelas públicas de provincia.

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No obstante, estas redes siempre quedan vulnerables por su lavado de activos y evasión de impuestos. Los seguimientos a Lula da Silva en Brasil son un buen ejemplo: ellos fueron los que evidenciaron su lujosa forma de vida y su recurrente disfrute de fincas y apartamentos de gran valor. Igualmente, Iván Velázquez, entre tantas otras investigaciones exitosas en Guatemala, logró sanciones ejemplares contra la ex vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldeti, cuando evidencia su ostentosa forma de vida.

Nosotros, en cambio, continuamos tolerando magistrados en las altas cortes a los que se les olvida declarar impuestos de millonarios contratos; y convivimos con un sistema judicial que, manchado por escándalos de corrupción, se opone y traba la penalización de la evasión. Ellos saben que quien acumula lujos o disfruta niveles de vida de ricos y no paga impuestos, o es parte de estructuras corruptas del poder, o es narco, o monta empresas de papel para pagar mordidas (como Odebrecht lo ha ilustrado ampliamente), o lava activos. No nos vengan con cuentos que lo que el país necesita es persuasión: lo que necesitamos es justicia. No penalizar la evasión y darle escarnio público es privar al país de su más poderosa herramienta para poner freno a quienes abusan del poder.

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