Opinión

  • | 2018/06/21 00:01

    Pensión básica universal

    Se “marchitaría” el régimen de prima media y la afiliación a los fondos de pensiones sería voluntaria.

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El debate sobre las pensiones se ha concentrado en la relación entre el régimen de prima media (RPM) administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) de los fondos de pensiones. Pero estos dos regímenes solo tienen afiliados a uno de cada tres trabajadores y solo han pensionado a uno de cada cuatro adultos mayores.

Hemos estado discutiendo sobre las pensiones de quienes han gozado de estabilidad laboral durante sus años productivos, ignorando a la inmensa mayoría excluida del sistema de pensiones, para quienes apenas se contemplan programas remediales totalmente insuficientes, como Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos (BEP). Con una población objetivo de 4 millones de adultos mayores, estos programas reciben un lastimoso 0,1% del PIB, mientras que las pensiones de 1,8 millones de personas valen 5,6% del PIB. Como resultado de esta increíble desigualdad, Colombia es el país de América Latina con la más alta tasa de pobreza entre los adultos mayores, a pesar de que una cuarta parte de los impuestos se gasta en pensiones.

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Hay que darle un vuelco a este debate. ¿Por qué no pensamos en una pensión básica para todos, independientemente de cual haya sido su estatus laboral? Necesitamos un sistema consistente con el principio constitucional de solidaridad y universalidad de la protección social: pensión igual para todos, sean hombres o mujeres, hayan sido formales, informales o le hayan dedicado su vida al cuidado de la familia.

Paradójicamente, la propuesta de Anif de “marchitar” el RPM (para que los fondos de pensiones no tengan competencia) presenta el mejor estudio fiscal para entender por qué es viable la pensión básica universal (Sergio Clavijo, Economía Colombiana 352, abril-junio, 2018). En la propuesta de Anif, Colpensiones continuaría honrando todos los compromisos adquiridos con los pensionados y todas las “expectativas relativamente cercanas” de recibir una pensión. Los trabajadores relativamente jóvenes ya afiliados al RPM podrían seguir cotizando, aunque recibirían beneficios menos generosos que los actuales. Como el “marchitamiento” del RPM sería lento, solo habría importantes beneficios fiscales, del orden de 1% del PIB, desde 2031. Eso cubriría unas dos terceras partes del costo que tendría una pensión básica no contributiva equivalente a la línea de pobreza (una tercera parte del salario mínimo) para todos los mayores de 65 años (excepto quienes tengan una pensión subsidiada), lo que eliminaría la pobreza de los adultos mayores. El resto se pagaría fácilmente mediante la formalización del empleo y la actividad productiva, pues se eliminarían las cotizaciones obligatorias para el sistema pensional, que en la actualidad representan 16% de los salarios. Las cotizaciones a los fondos de pensiones serían voluntarias y no una obligación impuesta por el Estado a los trabajadores. Las AFP operararían como cualquier otro negocio financiero, sin las restricciones actuales (como la de que las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo).

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Por consiguiente, la pensión básica universal además de ser solidaria y fiscalmente viable, combinada con la libre afiliación a las AFP le traería grandes beneficios al sector privado y a la economía a través de la reducción de los costos laborales para las empresas y la consecuente formalización del empleo, como incansablemente han recomendado Anif y Asofondos.

Corrección: en mi columna anterior (Dinero 542), dije que el rendimiento real de los fondos de pensiones desde el comienzo del sistema ha sido 3,88%, cifra que deduje por un método incorrecto (que también usa la Superintendencia Financiera en su informe sobre los fondos de pensiones de mayo pasado). Como señaló el presidente de Asofondos (Santiago Montenegro, Portafolio, mayo 30), el método correcto basado en la tasa interna de retorno da un rendimiento real de 6,85%. Infortunadamente, es un cálculo que no puede verificarse, pues no está auditado ni publicado. Todo esto evidencia la falta de transparencia informativa del RAIS.

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