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Opinión

  • | 2018/07/19 00:01

    Ocupaciones en riesgo

    La automatización agudizará la inestabilidad y la desigualdad laborales. La seguridad social no puede seguir atada al empleo.

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Ayudantes de preparación de alimentos, trabajadores de la limpieza, ensambladores y obreros de la construcción, la minería y la industria manufacturera. Estas son, según el más reciente estudio de la Ocde (Nedelkoska y Quintini, 2018), las ocupaciones que tienen la mayor probabilidad de automatizarse. Ninguno de estos trabajos requiere habilidades específicas o capacitación. Pero también tienen alto riesgo de ser desplazados por robots muchos empleos que sí demandan personal calificado. Por ejemplo, quienes interactúan regularmente con aparatos, como operadores de máquinas, conductores y operadores de plantas móviles, trabajadores de procesamiento industrial y trabajadores agrícolas calificados.

Son pocas las tareas que los computadores o los robots no pueden hacer todavía: (1) tareas de manipulación de objetos que requieren destrezas de percepción táctil, (2) solución de problemas que exigen creatividad, y (3) actividades que demandan habilidades socio-emocionales, como aconsejar, planear o negociar. Por consiguiente, tienen poco riesgo de automatización los cargos gerenciales, los trabajadores de cuidado personal o los investigadores.

Según la Ocde, en cada país el riesgo de automatización depende más de la forma como están organizadas las actividades productivas que de la estructura sectorial de la economía. Por ejemplo, en Japón y Alemania el trabajador típico tiene más de 50% de riesgo de perder su empleo por la automatización, mientras que en Nueva Zelanda el riesgo es 39% y en Noruega 40%. El único país latinoamericano analizado fue Chile, donde el riesgo es 55%.

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El riesgo de automatización puede resultar en salarios más bajos o empleos más inestables, no necesariamente en desaparición del empleo en las ocupaciones en riesgo. Esto es muy grave porque implica que la calidad del empleo será peor para quienes tienen poca capacitación y porque se agudizarán las desigualdades laborales.

Para reducir estos riesgos, los servicios de capacitación laboral tienen que renovarse continuamente para estar en la frontera tecnológica. Pero, por bien que funcione la capacitación, es poco realista esperar que los trabajadores menos educados y de menores ingresos logren actualizarse en forma eficaz y con la frecuencia necesaria para ganarle la carrera a la automatización.

Por eso, en los países desarrollados se discute actualmente si un ingreso básico universal o la garantía de un empleo mínimo son opciones viables para enfrentar las consecuencias sociales de la automatización. En países como los nuestros, estas son opciones imposibles. Pero eso no significa que debamos cruzarnos de brazos. Es crucial reconocer cuanto antes que ninguna forma de protección social puede estar condicionada a tener un empleo estable, porque eso implica excluir a quienes más ayuda necesitan. Tener un seguro de salud o el derecho a una pensión básica no pueden ser beneficios reservados a los trabajadores estables o a quienes, por contar con suficientes ingresos, tienen alguna capacidad de ahorro y de planeación para la vejez.

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Puesto que el empleo formal será cada vez más fácil de reemplazar por computadores y robots, debería eliminarse todo impuesto a la nómina o contribución obligatoria que encarezca el trabajo sin representar beneficios equivalentes para el trabajador. Para ser solidaria, la protección social básica debería financiarse con impuestos generales al ingreso y al consumo.

Como los servicios básicos de salud cuestan por lo menos 5% del PIB, será difícil eliminar las contribuciones sobre la nómina para salud (que aportan 1,8% del PIB). Pero en el caso de las pensiones es totalmente viable: una pensión básica universal equivalente a la línea de pobreza costaría 1,5% del PIB, o sea, menos de una tercera parte del gasto público en pensiones en la actualidad, que beneficia sobre todo a los ricos (véase Pensión básica universal, Dinero 544).

El gobierno que asumirá funciones este 7 de agosto deberá enfrentar el reto de una reforma pensional. Que este sea momento de replantear la seguridad social con un horizonte de largo plazo, reconociendo que los empleos del futuro serán menos predecibles, menos estables y más desiguales que en la actualidad.

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