Opinión

  • | 2018/06/07 00:01

    Ocde

    La oportunidad para traer al país las mejores prácticas que Colombia urgentemente necesita.

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La corrupción y el narcotráfico pueden robarnos nuestro futuro. El mundo no entiende cómo una sociedad relativamente educada –con empresarios y servidores públicos serios, capaces y sofisticados– puede tener gobiernos que permiten que Colombia sea la cuna de poderosas estructuras crimínales de nivel global.

En cualquier momento se hará público el nivel de producción de cocaína en Colombia; los augurios son muy malos. La reducción de 700 toneladas por año en 2001 a 200 en 2012 nos había ganado confianza y credibilidad a nivel global; ahora hablan hasta de 800 toneladas. Pasamos de ser productores de casi 60% de la oferta global de cocaína en 2008 a 28% en 2012 y 2013, lo que había sido un logro trascendental para la credibilidad del país. Sin embargo, todo parece indicar que en 2018 las cifras van a ser las peores de la historia.

En este tiempo, el mercado creció: en Estados Unidos hay más de un millón de nuevos consumidores entre 18 y 25 años y Colombia lidera todos los frentes. El mercado global se transforma: Inglaterra, Noruega, Chile y Uruguay pasan a liderar la lista de países con más consumidores como porcentaje de la población y el mercado de Oceanía se posiciona como el de mayor rentabilidad, con precios por kilo que oscilan entre US$100.000 y US$150.000. ¿Por qué permitimos que el narcotráfico domine buena parte de nuestra historia a lo largo de los últimos 50 años? ¿Por qué no somos capaces de ponerle fin a este tóxico y destructivo negocio?

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Las mafias italianas, mexicanas, del medio Oriente y rusas vienen poco a poco construyendo alianzas con mafiosos colombianos y creando el equivalente de filiales en el mundo criminal en nuestro país. Más de cinco capos de la ‘Ndrangheta han sido capturados en Colombia, los sumergibles que usan en el Pacífico han sido construidos con asesores rusos provistos por sus mafias y, ahora, la afluencia de mafiosos mexicanos parece ser el daño colateral de la desmovilización de las Farc.

Tantas alianzas criminales bajo nuestras narices, con el negocio de la cocaína cuadruplicándose ante la mirada atónita del resto del mundo es algo que nos va a costar mucho. Sin duda, los dineros de los narcos, el lavado, la logística, los insumos de la producción de la cocaína y de los semi-sumergibles, las go-fast de fibra de vidrio que construyen en Necoclí son todos negocios que salpican a mucha gente. Ordenar la casa no es fácil, pero si no aprovechamos a hacerlo ahora, esto nos va a pasar una cuantiosa factura más adelante.

La tecnología y los intercambios de información automáticos con los países afectados por la droga o sus rutas logísticas son el camino más expedito para demostrarle al mundo que la mayoría de los colombianos somos gente seria y honesta, dispuestos a acabar con este flagelo.

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La Ocde en su comisión de asuntos fiscales reúne a los administradores de impuestos de Australia, Inglaterra, Chile y Noruega, entre otros. El exdirector de impuestos de Australia, Michael DÁscenzo, ha escrito artículos detallados que pueden servir de inspiración para que el nuevo gobierno y el empresariado se asocien e inviertan en resolver esta tragedia que heredan.

Colombia necesita la implementación del sistema de facturación electrónica, particularmente la factura electrónica de exportación, combinada con la exigencia de vehículos con placas inteligentes o con chips. El país necesita tener garantías sobre la trazabilidad de la carga: documentos electrónicos que permitan el control de tiempos y rutas. Esto solo redundaría en ahorros y mayor seguridad para los buenos empresarios del país.

Los seguros de transporte de carga deberían abaratarse. El control al IVA reduciría la informalidad y la evasión, lo que podría aumentar el recaudo en más de 2% del PIB al año.

El mantenimiento de carreteras se podría planear mejor, ya que se conocería en tiempo real el flujo de toda la carga a lo largo del país. Los abusos de los arbitrarios controles de la Policía Fiscal y Aduanera y la Dian se acabarían y se focalizarían en el control.

Aquí lo fundamental es entender que los aplicativos informáticos, desarrollados por entidades públicas, en la mayoría de los casos son deficientes y en el caso de la Dian parecían llegar a estar manipulados por los mismísimos criminales o quienes les colaboran.

He aquí la trascendencia de no volver a cometer los errores del Muisca, creyendo que entidades del gobierno nacional tienen el personal para resolver estos asuntos. Así mismo, la Registraduría, el catastro minero, el registro de instrumentos públicos, los repartos y el seguimiento de expedientes en el sistema judicial o en cualquier entidad en general tienen graves deficiencias en sus procesos misionales y los aplicativos estratégicos de estos.

Si la Ocde sirve para que el sector privado de élite lidere esta transformación, la entrada a este club es lo mejor que nos ha podido pasar.

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