Opinión

  • | 2019/04/17 00:01

    Los costos de la Minga

    Si se reconoce que el resultado implica erogaciones directas en las soluciones que se acordarán, las obligaciones que se pacten pueden descuadrar aún más los faltantes que aparecen en la Ley de Financiamiento y en el Plan de Desarrollo.

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Como si no existiera sino el mundo de los daños económicos, la inmensa mayoría de los análisis se refieren principalmente a los costos que en dinero pudo tener el levantamiento de los indígenas en el Cauca.

A comenzar porque se debe entender que más que una protesta fue un levantamiento, una acción de enfrentarse contra el tratamiento y la actitud que tiene el gobierno central frente a ellos. No es un conflicto racial sino un conflicto político. Y, por supuesto, el costo, o más exactamente el reflejo político, y no solo para el Gobierno, existirá: lo que había sido tratado como un tema marginal y como una minoría no tenida en cuenta, empezará a pesar en los eventos electorales –motivando a unos en un sentido y a otros en otro– (como ya sucedió en mayor dimensión con las minorías de las iglesias cristianas).

El mismo costo monetario va mucho más allá de los perjuicios sufridos por las poblaciones afectadas.

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Si se reconoce que el resultado implica erogaciones directas en las soluciones que se acordarán –programas que son costosos y que deberán ser enmarcados en condiciones que dificulten el ‘conejear’ de siempre–, las obligaciones que se pacten pueden descuadrar aún más los faltantes que aparecen en la Ley de Financiamiento y en el Plan de Desarrollo.

Es probable que, igual que el tránsito a lo largo de la Panamericana fue interrumpido y se acabaron abandonando posiciones para recuperarlo, la gota que desborde la defensa de la Regla Fiscal sean los nuevos gastos que de ahí se deriven.

Otro costo, este ya político y social, es el precedente que queda del manejo político de los problemas sociales. No se tiene en cuenta el error de seguir reivindicando –como lo hacen sectores del Centro Democrático (v. gr. José Obdulio)– que lo que deja como lección es que así es la forma de manejo apropiado, porque son más importantes ciertos principios que los resultados; por un lado, aquello de ‘no ceder el principio de autoridad’ fue distorsionado, ya que la autoridad se caracteriza por no depender sino de la propia voluntad con completa autonomía para tomar las decisiones, cuando aquí lo que el presidente Duque hizo fue dejar en manos de la minga la iniciativa y la capacidad de decidir el inicio de los diálogos al condicionarlos al levantamiento del paro, o sea cuando los indígenas lo resolvieran.

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Por otro lado, con el antecedente del caso de los estudiantes, la repetición ‘institucionaliza’ una metodología del tratamiento de los problemas de protestas cívicas, negándose a buscar soluciones dialogadas y a negociar sobre las pretensiones, so pretexto de que eso es ‘mermelada’.

Al respecto lo irónico es que el Gobierno usó la palabra ‘mermelada’ en su sentido original, que fue la centralización de los recursos de las regalías quitándoselos a los entes territoriales para ‘repartir la mermelada en toda la tostada nacional’; y resulta que lo que quedó en cabeza de los departamentos acabó siendo la ‘mermelada’ que se usó para apaciguar a los estudiantes; lo malo es que esa se gastó ahí y ya no hay más de dónde sacar.

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