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Opinión

  • | 2018/08/02 00:01

    La descentralización

    Gran aporte le haría al país el nuevo gobierno si logra reinventar su forma de relacionarse con el territorio.

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Un potencial paro cocalero en Nariño, un aeropuerto en Cartago-Valle que no lo controla nadie, las dos ciudades con los puertos más importantes del país asfixiadas por la corrupción de su clase política; extensos territorios que, ante el vacío de las Farc, quedan desprotegidos frente a depredadores que deforestan, contaminan ríos y explotan minas ilegalmente a costa de nuestros bosques, páramos, nacimientos de agua y amazonia (el ejemplo de la salvaje deforestación sufrida por el Ecuador nos debería servir de alarma). Estos son apenas unos ejemplos de la trascendencia que tendrá en los próximos años la forma como se repiensan las relaciones del gobierno central con los territorios.

Todas las sociedades exitosas han diseñado sofisticados sistemas legales y administrativos para empoderar y fortalecer institucionalmente sus regiones, a la vez que crean mecanismos que protegen y atienden a la ciudadanía en caso de que el ente territorial sea mal administrado. ¿Cómo destrabar al Estado colombiano para que se hagan cosas bien y rápido a nivel local, con la certeza de que si fallan o hay corrupción pierdan autonomía y control de la institucionalidad local hasta que enmienden su camino?

En Colombia los abusos – y crímenes– ocurridos en Córdoba, La Guajira, Huila o Quindío quedan en buena medida impunes; el dinero de los contribuyentes jamás se recupera, los contratistas que operan detrás de las sociedades involucradas continúan con sus negocios en otros lados y los políticos involucrados pagan unas penas carcelarias mínimas, muchos en mansión por cárcel, y quedan ricos.

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El gobierno central emite regulación tras regulación, pide pilas de informes y trámites sin ser capaz de frenar la corrupción o la dilapidación de recursos.

Yo he sido de los ilusos que creyeron que un trámite, una licencia o cualquier otra forma de hacer saltar a los municipios y sus ciudadanos por los aros del poder central cambiaban algo. La evidencia muestra que se le hace costoso operar a los honestos y a los deshonestos no les pasa gran cosa: nada ha mejorado. Por esto es clave el llamado del nuevo gobierno a sus ministros para que repiensen su forma de relacionarse con los entes territoriales. Y como de errar se aprende, estas cuatro lecciones, tal vez, a alguno le sirvan:

1) En los territorios complejos donde el narcotráfico hace estragos día a día, los obstáculos, amenazas y restricciones que encuentran sus ciudadanos son tan complejos y peligrosos, que hacer las cosas bien, simplemente, no se puede. Las personas con familia en esos lugares tienen los brazos atados. Las entidades nacionales allí deberían mandar lo mejor de lo mejor de su gente, a la vez que les garantizan la seguridad, remuneración y equipo para poder dar ejemplo y depurar entidades que poco a poco han sido capturadas. Solo si se libera a la gente de esas fuerzas criminales se les puede verdaderamente exigir: son víctimas.

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2) La gestión de una entidad depende de las otras, por lo que la calidad del servicio público queda determinada por la calidad de su eslabón más débil. Si se quiere cambiar algo, el principal reto es una uniforme voluntad política trasversal de Gobierno, Fiscalía y Judicatura para coordinar que las acciones y la calidad del personal asignado sea homogéneo en ministerios y agencias involucrados. Por ejemplo, en la frontera con Venezuela el contrabando de ganado –amenaza grave de fiebre aftosa para el país– requiere voluntad y calidad en personal del ICA, del Invima, de la Policía, la Polfa y la Dian, entre otros. Si uno de estos se politiza, la gestión de todos fracasa.

3) La semilla de la corrupción de la política nace en los municipios. El manejo discrecional de las normas sobre el uso del suelo, la asignación de subsidios, la contratación de basuras, alumbrados, rellenos sanitarios, acueductos o juegos de suerte y azar en las gobernaciones son la madre de muchos males. Solo si se reinventan la forma de hacer política a nivel municipal, donde la pobreza –y la tradición– hacen que el electorado sea muy vulnerable a las dádivas, padrinazgos, clientelas y favores, podrán ser viables los políticos competentes.

4) La justicia es absolutamente necesaria para instaurar una cultura de honestidad y respeto por lo público; por lo que la Fiscalía, la Policía y el sistema de cárceles son esenciales para abrir espacios a los funcionarios honestos. Si la impunidad prevalece, el mensaje que el pueblo escucha es que el crimen paga y paga bien, pero esto no es suficiente. Solo cuando se involucran a padre y niños en el sistema educativo y se imparten valores se aprende desde niños a sentir vergüenza por nuestros abusos, el autocontrol se erige como el pilar sobre el que se levanta todo el resto.

Todos tenemos que ser parte de la solución, como todos somos parte del problema y todos los ministros tendrán una ardua labor para educarnos.

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