Opinión

  • | 2019/03/07 00:01

    El fracaso agrícola

    Los subsidios y la protección frente a las importaciones contribuyen al atraso de la agricultura a costa de los contribuyentes y los consumidores.

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En los últimos 10 años la producción agrícola ha crecido a la tasa bastante mediocre de 3,2% por año. Las exportaciones agrícolas, que antes eran nuestra principal fuente de divisas, son actualmente apenas una quinta parte de todas las exportaciones de bienes. Han pasado más de cuatro décadas desde la última vez que conquistamos los mercados internacionales con un nuevo producto agrícola exitoso: las flores cortadas.

El estancamiento agrícola no es asunto reciente. Durante décadas, en todos los productos agrícolas de importancia los rendimientos por hectárea se han rezagado frente a los promedios mundiales. Por ejemplo, los rendimientos de las tierras cafeteras eran 45% más altos que el promedio mundial en la década de los noventa. En la presente década han estado 3% por debajo del promedio mundial.

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De igual forma, en los años setenta los rendimientos por hectárea cosechada de arroz superaban en 61% el promedio mundial. En la presente década han sido 2% inferiores al promedio mundial. La historia es más dramática aún en palma de aceite: en los años sesenta nuestros rendimientos eran 3,8 veces el promedio mundial, ahora son apenas 1,4 veces el promedio. O en banano: la década del ochenta fue nuestro mejor momento, cuando teníamos 3,2 veces el rendimiento mundial; en años recientes a duras penas llegamos a 1,2 veces el promedio. Y ni que hablar de la papa, el maíz y otros cultivos tradicionales, cuyos rendimientos han sido siempre muy inferiores a los promedios mundiales.

Nuestra vocación agrícola está muy desperdiciada, no solo porque no logramos sacarle un rendimiento decente a las tierras que cultivamos, sino porque dos terceras partes de las tierras aptas para la agricultura permanecen ociosas o están dedicadas a la ganadería extensiva, que es todavía más improductiva que la agricultura.

Es cierto que la tierra es apenas uno de los recursos productivos que requiere la agricultura. Pero, cuando se tienen en cuenta la maquinaria, los insumos y la mano de obra que usa la agricultura colombiana, la situación no es nada mejor: Colombia es uno de los países de América Latina que peor usa el conjunto de los recursos productivos agrícolas.

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El apoyo del Gobierno que recibe el sector agrícola no es despreciable, pero contribuye muy poco a mejorar la productividad. La razón es muy sencilla: más de 90% de los recursos se destina a ayudas directas a los agricultores y a subsidios de precios. Menos de 10% del gasto público se dirige a financiar los bienes públicos que necesita el sector, como son la infraestructura de transporte, los distritos de riego y la investigación tecnológica.

Una tercera parte del precio que reciben los productores de azúcar refinada, maíz, leche, pollos y arroz es el resultado de que pueden vender a precios muy altos debido sobre todo a que las importaciones son artificialmente costosas por cuenta de los aranceles o porque sencillamente no están permitidas. La improductividad agrícola perjudica especialmente a los consumidores y a los contribuyentes.

Son numerosas las causas estructurales de nuestro fracaso agrícola. Sin duda, la inseguridad en el campo es una de ellas. En las zonas más afectadas por la violencia los productores prefieren los cultivos transitorios y rehúyen hacer cualquier inversión permanente. El desplazamiento de más de siete millones de campesinos ha implicado el abandono de muchas tierras productivas. Y todo esto ha facilitado que el gasto público sea capturado por quienes tienen más poder político y pueden aprovechar el argumento de que “el país tiene una deuda con el campo”.

En vista del fracaso de nuestra agricultura, es lícito preguntarse por el papel que han jugado los numerosos gremios del sector. Investigaciones recientes de Fedesarrollo, lideradas por María Angélica Arbeláez, Roberto Steiner y Sandra Zuluaga, muestran sin temor a dudas que el consumidor colombiano ha sido el gran perjudicado por las estrategias lideradas por Asocaña y Fedearroz para limitar las importaciones. En el caso del arroz, la protección frente a la competencia externa ha contribuido al estancamiento en la productividad. En mis propias investigaciones sobre la Federación de Cafeteros, llegué a la conclusión hace unos años de que, en este caso, los caficultores pagan un impuesto del orden de 15% de sus ingresos brutos para sostener una “institucionalidad” que les deja muy pocos beneficios.

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Por desgracia, hay muy pocas posibilidades de cambio en el sector agrícola, pues ni los consumidores ni los campesinos pobres cuentan con suficientes recursos o con el poder político para desmontar las artimañas rentistas de los gremios, los políticos y los grandes terratenientes.

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