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Opinión

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    Juan Ricardo Ortega     | 2017/09/28 00:01

    El descontrol del control

    Crear más normas o entidades de control solo ha servido para consolidar otras formas de extorsionar o intimidar a funcionarios y empresas.

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Los pequeños panaderos de barrio se quejan de las secretarías de Salud, cuyos funcionarios los amenazan con cerrarlos por no cumplir todas las normas del Invima; más o menos $200.000 por visita les toca pagar para que los dejen trabajar.

Los perfumeros populares están abocados a vender contrabando porque las exigencias de registros sanitarios del exterior, que les pide el Invima, son solo accesibles a los grandes importadores y los deja a ellos sin alternativa alguna.

Los peluqueros en Medellín cuentan que el Concejo de la ciudad aprobó reglas sanitarias absurdas que llegan al detalle de definir el material de las telas de sus uniformes. El rumor es que las benditas telas solo las vende alguien relacionado con la política de la ciudad.

La liquidez de múltiples empresas importantes está llegando a situación crítica y las demoras en las devoluciones de los saldos a favor en la Dian las tiene del cuello. La evidente desaceleración de la economía tiene a muchos con millonarios saldos a favor en la Dian. Las demoras y trabas innecesarias parecen presiones indebidas para que se contrate un “facilitador experto” que garantice un rápido trámite o el pago de coimas.

La lista de trabas, controles, reglas e informes que no son efectivos es tan larga que deberíamos repensar si es con leyes y controles que se resuelve esta insoportable corrupción. Muchos que hemos trabajado por lo público hemos creado normas y controles para trancar a los corruptos y hemos fallado de forma crasa.

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El Estado colombiano sufre de arterioesclerosis regulatoria. Entre la labor de las ‘intimadurías’ y los fallidos intentos de defender lo público poniendo trámites, informes y controles estamos paralizando al país. Son necesarios estudios de caso sobre cómo desregular de forma urgente y agresiva la economía. Esto debe incluir una drástica reducción en el costo y el tamaño de muchas entidades públicas. El sector productivo necesita oxígeno y el Gobierno tiene que aligerar la carga. Segmentos del Estado dedicados al control deberían ser los primeros en sufrir las consecuencias de su absoluto fracaso. La evidencia es contundente: no han servido para nada. Sus acciones no generan ninguna percepción de riesgo a los corruptos, ni persuaden a los funcionarios de no colaborar en ilícitos. La lista de contralores o personeros regionales ultra corruptos es inagotable y cuando les va mal terminan de magistrados. Personerías y Contraloría regionales son sanguijuelas que le chupan taja a los funcionarios corruptos o cobran a los capos por intimidar a los funcionarios que traten de parar los torcidos o que hagan bien su tarea. En estos 26 años de la nueva Constitución, las ‘ias’ no han hecho más que bulla; en platica blanca no han recuperado ni 0,01% de todo lo que se roban. Y no son pocos sus exfuncionarios muy ricos.

Las millonarias sanciones que proclaman jamás se materializan; los entes de control son un absoluto fracaso. Han intimidado a mucha gente buena y amparado a mucho pillo. Ya es hora de que la opinión pública exija que se eliminen estos costosos y tóxicos aparatos de la burocracia nacional. Si dejan robar y estorban, por lo menos que no estorben más.

El debate se debería dirigir a cómo hacer ciertas cosas prioritarias bien y dejar hacer. La evidencia internacional indica que políticos inmiscuidos en gerencias públicas corrompen las entidades y deterioran su efectividad y la calidad de servicio. Gerentes públicos que puedan utilizar su poder y visibilidad pública para lanzarse a la política generan el mismo resultado. Por esto la separación de la gestión de la política, de la gerencia de lo público debe ser prioridad. La idea original de Woodrow Wilson de manejar todo lo que no debe ser partidista o electoral a través de agencias, con gerentes apolíticos, seleccionados por mérito, es un pilar indispensable contra la corrupción.

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Lo sucedido en Caprecom, Aguas de Bogotá, la Aerocivil, el ICA, el Fondo Nacional del Ahorro, Banagrario, etc. son solo unos de los miles de ejemplos de entidades que se destruyen o sufren grave daño cuando los políticos las usan para chuparles la sangre.

Desregular la economía, reducir el poder y tamaño de los fallidos entes de control, acotando sus funciones para que vigilen procedimiento y no resultado, y buscar un acuerdo plural sobre una segmentación de lo público entre lo político y lo gerencial, debe ser tarea de primer orden.

Miembros de juntas directivas de entidades públicas y mixtas y sus cuadros gerenciales deberían ser remunerados razonablemente, inhabilitados para hacer política, con la libertad de asumir ciertos riesgos, protegidos hasta cierto nivel de las ‘intimadurías’, independientes del ciclo político y contratados y despedidos solo con base en sus resultados es el camino a seguir, independiente del partido o ideología de los candidatos.

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