Opinión

  • | 2018/08/16 00:01

    El control fiscal

    Pocas cosas corroen más la legitimad de un gobierno que la corrupción. Una Contraloría de alto nivel, técnica y meritocrática puede ser de gran ayuda.

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Cuando fui director de la Dian, la Contraloría me investigó por la pérdida de dos billetes de un dólar de uno de los depósitos donde se almacena mercancía decomisada. Recibí como mínimo tres cartas con diferentes solicitudes para esta vital investigación. Miles de contribuyentes pueden decir lo mismo sobre auditorías de la Dian a sus empresas o extranjeros sobre los controles de Migración Colombia, etc. En Colombia, el control se usa para perseguir, reprimir o esconder y, en muchos casos, para ocupar el tiempo de funcionarios que se justifican haciendo cosas sin meterse en líos.

La primera visita de la Contraloría a los pocos días de ser nombrado director fue liderada por un funcionario curtido de vicios y mañas. Después de una intimidante introducción, su recomendación era aceptar la hoja de vida de su hijo para trabajar en la aduana de Bogotá. La Contralora no toleró estas presiones indebidas, gracias a Dios, pero la escena ilustra una cultura de lo público que está lejos de ser erradicada. Hay funcionarios públicos que tienen padrinos y quienes son capaces de generar plata y votos son muy difíciles de combatir por parte de otros funcionarios que solo cuentan con su buen nombre y resultados como respaldo. Un poderoso me dijo en aquel entonces: “Es mejor un corrupto obediente, que un honesto independiente”.

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Además, la mala gerencia y los pésimos procedimientos de las entidades públicas hacen que la forma prevalezca sobre el fondo. La Dian tenía que hacer un número ridículo de acciones de control por una torpe interpretación de una ley. Esto era parte de lo que exigían los entes de control. Nunca iban a lo estratégico. La apariencia prevalece sobre aquellos proyectos que tienen alcance para cambiar la realidad.

El control es un rito de maltrato e intimidación, sin mayor impacto sobre los problemas prioritarios del país: con esto me refiero al control de la Dian, la Contraloría, la Auditoría, Antinarcóticos y Polfa, etc. Por esto es trascendental que la Contraloría General sea un ente técnico, sin manoseos políticos y con elevados estándares. El próximo contralor tiene la opción de capitalizar los esfuerzos de sus dos antecesores, pues cuenta con personal valioso con el que puede depurar la entidad.

Las experiencias exitosas en la región dejan tres claros mensajes.

En primer lugar, la Contraloría debe liderar la implantación de un programa para garantizar la integridad en la gestión de lo público y la lucha contra la corrupción. En Chile, que son serios y realistas, arrancan por hacer de su ente de control el ejemplo a seguir. Ellos mismos se autocontrolan y exigen elevados estándares y han depurado la entidad de forma drástica. No nombran a nadie, ni siquiera al de los tintos, por favores políticos, todos son seleccionados por mérito. Esto es relevante, porque la transacción del voto del político a cambio de nombrarles a algunos de sus recomendados es uno de nuestros graves vicios.

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En segundo lugar está la trascendencia de focalizar la gestión. En Chile, cada año, con base en estudios juiciosos, un amplio diálogo con la ciudadanía y el análisis de los resultados de sus gestiones previas, escogen tres sectores estratégicos y de alto impacto económico o social. En 2017 eran las tesorerías de la fuerza pública y su contratación; y los servicios sociales a niños y adultos mayores (idéntico a lo que requiere Colombia). La idea es llevar expertos (consultores internacionales si es necesario) para diagnosticar y ayudar a las entidades a identificar riesgos graves que afecten la provisión del servicio o el desvío de recursos. El objetivo es implementar mejores procesos y controles. Expertos de la Contraloría ayudan y acompañan; es un trabajo mancomunado, pero si encuentran corrupción, son implacables y sancionan ejemplarmente.

Y por último, hay que partir de un diagnóstico serio y crudo de la realidad. Hay que iluminar los problemas incómodos y dialogar sobre ellos. El estudio anticorrupción de la comisión liderada por Engel revela que las políticas local, municipal y departamental eran el foco principal donde la corrupción inocula a la política (particularmente la mafiosa: Cartago, Tumaco y Buenaventura para el caso colombiano).

Las concesiones de basuras, transporte público, acueducto y alcantarillado, rellenos sanitarios, alumbrado público, juegos de suerte y azar, la entrega de subsidios directos y las normas sobre el uso del suelo son las actividades con mayores riesgos de corrupción. En todas estas actividades es fácil robar a la ciudadanía de alguna de estas formas: precios altos, mala calidad del servicio, impactos ambientales sin control, insumos de inferior calidad, discrecionalidad, etc. Si esto no se transforma, el sistema anticorrupción va a fracasar; en Colombia con el narcotráfico el tema es aún más complejo.

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