Opinión

  • | 2018/05/24 00:01

    El bajo rendimiento de los fondos de pensiones

    ¿A quién protege realmente un sistema de pensiones en el que todos los riesgos los asumen los trabajadores?

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Cada vez que las AFP dan pérdidas se desata una tormenta. Había ocurrido ya en 2008 y en 2011. La última vez fue el primero de Mayo, día del Trabajo, cuando los afiliados recibieron sus extractos y vieron la caída de sus saldos. El Presidente de Asofondos salió a calmar las aguas: lo que importa son los rendimientos de largo plazo, no los altibajos de un mes a otro.

Cierto, pero no dio ningún dato útil, nadie lo dio. Lo que importa es la rentabilidad real, es decir, deduciendo la inflación. Aunque el cálculo es trivial, nadie lo publica, ni siquiera la Superintendencia Financiera, responsable de vigilar a las AFP y de informar los resultados al público, que solo publica la rentabilidad nominal para un promedio de varios años.

Pues bien, la rentabilidad real anualizada desde que se crearon las AFP hasta diciembre de 2017 ha sido apenas 3,88%, con una clara tendencia descendente desde 2010, que seguramente se acentuará este año, como resultado de las pérdidas recién anunciadas (que aún no aparecen en las tasas de rendimiento nominal de la Súper).

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Si las AFP, Asofondos y la Súper fueran transparentes, deberían informarles a los afiliados que con esa tasa de rendimiento real no deben crearse muchas expectativas sobre su pensión. En el mejor de los casos, un afiliado (hombre) que cotice sin falla alguna todos los meses desde los 20 años de edad hasta llegar a la edad de jubilación, y cuyo salario haya aumentado apenas un punto porcentual por encima de la inflación cada año, recibirá una pensión por 65% del salario real de los últimos 10 años. Pero ese es el mejor de los casos, porque si su salario real ha subido tres puntos porcentuales por encima de la inflación cada año, entonces su pensión será apenas 45% del salario real de los últimos 10 años. Y si se trata de una mujer, al llegar a la edad de jubilación podrá conseguir apenas 42% en el primer caso y tan solo 30% en el segundo.

Como las vidas laborales son mucho más complicadas, casi nadie cotiza disciplinadamente todos los meses. Lo más común es cotizar en promedio unos seis meses al año. Así que todo lo anterior habría que dividirlo por dos, aunque eso depende de muchas otras cosas (que analizo en el último número de la revista Economía Colombiana). Y ahí no termina todo: cuando llegue el momento, el afiliado no recibirá una pensión vitalicia, sino una “renta programada” que puede agotarse o bajar abruptamente si vive más años de lo que la AFP tiene previsto para personas como él o ella (puesto que en Colombia no hay ninguna aseguradora que ofrezca rentas vitalicias).

Es difícil explicarle todo esto al afiliado común y corriente, que posiblemente no entiende siquiera el concepto de tasa de interés compuesta. ¿Cómo puede entonces esperarse que lleve sobre sus espaldas todos los riesgos financieros que implica el régimen de pensiones de ahorro individual? Ya que el sector financiero privado no parece dispuesto a hacerlo, ¿no sería más lógico que el Estado asumiera esos riesgos, lo cual sería más consistente con los principios elementales de aseguramiento colectivo que rigen, por ejemplo, en el seguro de salud?

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Me dirán que estoy olvidándome de la última letra de la sigla RAIS: Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En efecto, 1,5 puntos de la cotización de todos los afiliados al RAIS se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, cuyo objetivo es subsidiar a quienes han completado las 1.150 semanas pero no el capital para una pensión de salario mínimo. Sin embargo, ese mecanismo no ha operado en la práctica: hasta octubre de 2016, las AFP habían concedido apenas 4.326 pensiones subsidiadas. Se aducen dos razones: (1) que para acceder a ese subsidio, ni el afiliado, ni cualquiera de sus beneficiarios pueden tener ingresos estables que superen el salario mínimo y (2), que no hay aseguradoras que ofrezcan rentas vitalicias, aún con el subsidio, porque es insuficiente.

En fin de cuentas, las AFP pensionan a muy poca gente: apenas unas 43.000 personas en los 25 años de existencia del sistema. Tan solo uno de cada tres afiliados activos que llega a la edad de jubilación consigue una pensión en las AFP. Los demás reciben sus ahorros con sus modestos rendimientos.

¿Tiene sentido todo este tinglado con un rendimiento que no llega a 4% real (o menos aún si se descuentan las comisiones), cuando los afiliados podrían dar un mejor uso a ese dinero durante sus vidas laborales? Como mínimo, muchos se endeudarían menos, y se evitarían tener que pagarle al sistema financiero (que tiene su propio dinero) una tasa de interés real de 7,4% por sus hipotecas o de más de 10% para otros fines.

Quizás el Régimen de Prima Media (RPM) que maneja Colpensiones tampoco sea el ideal. Pero no se trata de escoger entre uno y otro. Puesto que hay que reformar el sistema, la cuestión es cómo hacerlo para ofrecerles protección a quienes más la necesitan, en lugar de beneficiar a los trabajadores de más altos salarios, como lo hace el RPM, o de proteger solamente al sistema financiero, como lo hace el RAIS.

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